El presidente chileno Gabriel Boric cumple el 11 de abril su primer mes en el cargo. Su gobierno despierta una considerable expectativa entre los sectores progresistas, tanto de Chile como de latinoamérica en general, ya que es resultado del proceso de rebelión popular comenzado en octubre de 2019. Dicho ciclo de protestas puso en cuestión el régimen político, económico y social existente desde 1990, que bajo formas democráticas mantuvo muchos de los elementos (incluida la propia Constitución Nacional) puestos en pie por la dictadura de Agusto Pinochet.
Los movimientos sociales que llenaron las calles de Chile en los últimos dos años (y sus antecesores las últimas dos décadas) plantearon tres grandes ejes de demandas: 1. el rechazo al neoliberalismo, la exigencia de mayores derechos económico-sociales para las mayorías populares y la reducción de la desigualdad social; 2. el fin de la represión, el desmantelamiento de los aparatos de fuerzas de seguridad responsables de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos -especialmente durante la rebelión popular- y el castigo a los culpables; 3. una reforma del sistema político que permita una mayor participación, más directa y más democrática de los sectores populares y las organizaciones sociales. Estos tres ejes son por lo tanto la vara con la que se debe medir al gobierno de Boric y su coalición política Apruebo Dignidad.
Si bien los días transcurridos desde la asunción presidencial suponen todavía un periodo muy corto de tiempo para establecer análisis significativos, pueden señalarse algunas medidas y elementos discursivos que marcaron esta primera etapa.
Primeras medidas
El 7 de abril se anunció un aumento del salario mínimo a 400.000 pesos chilenos (aproximadamente 500 dólares), el congelamiento de tarifas de transporte público durante todo el año y la extensión de subsidios sociales, junto a medidas destinadas a combatir la inflación y recuperar la inversión y el empleo. Previamente se había señalado también el objetivo de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. No obstante, el gobierno realizó también declaraciones remarcando la importancia de la “responsabilidad fiscal” y gestos de cooperación hacia los empresarios, marcando -por lo menos por ahora- una tónica de no confrontación.
Un segundo elemento es la decisión del gobierno chileno de otorgar “suma urgencia” al trámite del proyecto de ley de amnistía a los presos de la rebelión popular de 2019, una medida muy demandada por los movimientos sociales.
También en relación a la política represiva del Estado chileno, el presidente dio por terminado el Estado de excepción en la Araucanía negándose a sancionar una nueva prórroga del mismo. En el mismo sentido intentó una aproximación a las comunidades mapuche a través del diálogo y en su propio territorio. La voluntad del gobierno de Apruebo Dignidad de tomar en consideración las demandas de dicho sector causaron revuelo en Argentina entre las figuras y partidos conservadores por la utilización del término Wallmapu, que refiere a los territorios históricamente habitados por dicho pueblo a ambos lados de la cordillera.
Sin embargo, como contracara, se mantuvo la represión por parte de Carabineros a las protestas estudiantiles. El nuevo gobierno tiene el desafío de llevar adelante una profunda reforma que desarticule el principal mecanismo represivo del Estado chileno desde el regreso de la democracia, pero en las declaraciones del gabinete estas perspectivas estuvieron ausentes.
En el terreno simbólico y discursivo Boric mantuvo una tónica mayormente progresista: desde los gestos de asunción (en los que homenajeó a la figura de Salvador Allende) hasta las diversas entrevistas en las que señaló su intención de acabar con el modelo neoliberal chileno, realizar reformas progresivas en el sistema de salud, tributario y de pensiones, hacer valer el respeto a los Derechos Humanos y sostener una política exterior de mayor alineamiento con latinoamérica y autonomía con respecto a EE.UU.
En este mismo sentido brindó un apoyo explícito a la candidatura de Lula da Silva en Brasil y remarcó su respaldo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas (posición ya sostenida por los anteriores presidentes de la democracia chilena). En su viaje oficial a Argentina participó también de una visita al Museo de la Memoria (ex Escuela de Mecánica de la Armada) junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el presidente Alberto Fernández.
Más allá de estos elementos, el nivel de consecuencia del gobierno de Boric con una política exterior autónoma y latinoamericana puede ser relativizado en la medida en que muchas de sus críticas a gobiernos como el de Venezuela comparten la retórica de los sectores liberales y conservadores del continente. Pero en cualquier caso, el mandatario señaló que utilizará la misma vara para medir a los gobiernos “independientemente del color político”, negándose a pasar por alto las violaciones a los Derechos Humanos en países como Colombia, Palestina, Yemen y las realizadas durante décadas en el propio Chile. De esta forma, evita encasillarse en el bando pro-norteamericano de la política internacional.
La Convención Constitucional en una encrucijada
La conquista más profunda del proceso político chileno iniciado en 2019 fue la convocatoria a la Convención Constitucional, encargada de reemplazar la Carta Magna pinochetista sancionada en 1981 y establecer las nuevas bases institucionales del Estado. Comenzó a sesionar en julio de 2021 y sus resoluciones serán sometidas a referéndum popular el 4 de septiembre de 2022. Esta última fecha está cargada de simbolismo ya que es el día en el que solían asumir los presidentes chilenos (incluido Salvador Allende) antes del golpe de 1973.
La Convención, cuya mayoría está conformada por representantes independientes y de izquierda, viene elaborando ya varias propuestas de contenido muy progresista. Entre ellas destaca el establecimiento de Chile como un Estado “regional, plurinacional e intercultural”, así como la supresión del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones con menores poderes.
Al momento de escribir este artículo también están aprobadas dos normas generales con contenido progresivo sobre sistemas de pensiones y salud, aunque resta por definir las propuestas concretas que se votarán en los próximos días.
✒️ Hoy Principios Constitucionales aprobó en particular el que sería el Artículo 1 del futuro texto constitucional, que declara a Chile como un Estado social, democrático y de derecho, de carácter plurinacional, intercultural y ecológico.
— Chile Convención (@convencioncl) February 27, 2022
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Sin embargo, el trabajo de la Convención entró en una zona de turbulencias ya que se dio a conocer una encuesta que señala que, por primera vez, la intención de voto de rechazo en el plebiscito estaría superando a la de aprobación. El trasfondo es una relación de fuerzas muy fluida y cambiante entre los sectores progresistas y conservadores de la sociedad chilena.
Mientras que en muchos acontecimientos se impusieron los primeros (rebelión de 2019, plebiscito de inicio de reforma constitucional, elección a representantes constituyentes, segunda vuelta de las presidenciales), en la primera vuelta de las elecciones de 2021 ya se había vislumbrado un escenario más conservador, dejando a Apruebo Dignidad en minoría parlamentaria y con mayores dificultades para construir hegemonía política. Esta indefinición en las relaciones de fuerza puede ser fácilmente identificable con la que existe en la mayor parte de América Latina, donde se suceden unos a otros los gobiernos de signo político opuesto.
Si bien la falta de un apoyo mayoritario y decisivo al proceso constitucional es una importante llamada de atención, quedan por delante todavía muchos meses en los que seguirá procesándose la experiencia política chilena. Plazo en el que los movimientos sociales pueden retomar la delantera si consiguen recuperar la iniciativa y la presencia en las calles, y si el gobierno puede cimentar su base de apoyo con medidas que mejoren el nivel de vida de los sectores populares.