Mientras el pasado 17 de marzo el Senado argentino debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que finalmente se terminó aprobando por mayoría en ambas cámaras del Congreso, el presidente Alberto Fernández aseguraba que “con este acuerdo no hay ajuste”. Una semana antes había afirmado tener “la tranquilidad” de que se trataba del “mejor acuerdo posible”.
Esa última frase fue repetida por la mayoría de los defensores de las negociaciones alcanzadas por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con las autoridades del organismo financiero. A su favor argumentaban -entre otras cosas- el hecho de que no se hubiera incluido la habitual exigencia de reformas en lo que respecta a los derechos laborales, el sistema previsional o el tributario.
No obstante esta mirada no fue compartida por todos los espacios políticos, incluso dentro del gobernante Frente de Todos. Los votos en contra de legisladores de La Cámpora, el Partido Comunista Revolucionario y el Frente Patria Grande dejaron asentada la disidencia interna. Desde afuera de la coalición oficialista, el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) también rechazó la propuesta, denunciando que sí habrá ajuste y un consecuente deterioro de las condiciones de vida.
¿Mejor acuerdo posible?
“No me gusta pensarlo en términos de si es el mejor acuerdo posible porque por un lado un acuerdo con el FMI siempre es una cesión de soberanía económica y política”, sostuvo en diálogo con Primera Línea el periodista económico Juan Strasnoy. “Pero además es contrafáctico”, puntualizó.
Por su parte Martín Kalos, economista y director de EPyCA Consultores, analizó que “hay una primera discusión que es si había que llegar a un acuerdo o sí el camino conveniente era una auditoría y algún tipo de negociación sobre la existencia de esa deuda”. No obstante, “desde el momento en qué el gobierno decidió ir por el lado de la negociación, el otro camino quedó y no se avanzó”. Cabe recordar que desde el Poder Ejecutivo se inició una causa judicial contra quienes tomaron la deuda pero luego de más de dos años no hubo ningún progreso.
“Las acciones del gobierno llevan a que solo se pueda negociar porque no toma el otro camino”, completó Kalos.
El FMI acelera el programa de gobierno
Ambos especialistas coinciden en destacar como positiva la ausencia en el plan de reformas estructurales. “Al menos en esta primera versión (veremos como se renegocia a futuro)”, subrayó el director de EPyCA.
Asimismo consideró que parte de las exigencias son cosas que Argentina “iba a tener que cumplir de todas maneras” como la reducción del déficit, del financiamiento monetario y el sostenimiento de una tasa de interés positiva en términos reales. “Son cosas que no sólo son razonables para un sendero de recuperación si no que el propio gobierno había dicho que quería y había empezado a hacer”, opinó.
“Ahora bien, es cierto que el acuerdo acelera ese camino y que la reducción del déficit y el financiamiento es más brusca de la que hubiera hecho el gobierno por su cuenta”, reflexionó. Strasnoy coincidió en que este es “el sendero que el equipo económico actual venía planteando” y que la discusión “pasaba más por las velocidades”.
Condiciones que ajustan
El acuerdo entre Argentina y el FMI establece que el país debe reducir el déficit primario a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, a 1,9% en 2023, y a 0,9% en 2024. Una de las medidas para intentar lograrlo es la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos y además una segmentación por ingresos. Por otra parte se estipula que se achique la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue, lo que implica una devaluación del peso. Todo esto será sometido a revisiones trimestrales por parte de integrantes del organismo que definirán si el país está cumpliendo o no.

“Es indudable que compromete los márgenes de libertad a la hora de hacer política pública, de decidir hacia dónde direccionar el gasto”, apuntó Strasnoy y advirtió que “si bien no es un shock de ajuste, pone un límite a políticas expansivas”.
Para Martín Kalos algunos artículos resultan “preocupantes e introducen ciertas rigideces”. Por ejemplo, el hecho de que todo exceso de recaudación por encima de lo pautado en el acuerdo “tenga que ser destinado a ahorro, a reducción del déficit por encima de la meta”. “Incluso si ese aumento de la recaudación fuera por una aceleración inflacionaria, te impide que lo puedas destinar a reforzar las transferencias que hace el Estado como la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones o los salarios públicos”, señaló.
A su vez pronosticó que este año la inflación “va a ser superior a la pautada con el FMI y por lo tanto la recaudación va a ser mayor”.
Metas complicadas por la guerra
La invasión de Rusia a Ucrania aceleró tendencias que se venían dando en la economía mundial y generó otras. Las sanciones impuestas contra Moscú provocaron un incremento del precio internacional del gas, el petróleo y también afectaron el mercado de alimentos.
Es que ambos países en conflicto son el primer y quinto exportador de trigo a nivel mundial. También en la zona del Mar Negro se produce el 60% del aceite de girasol -y el 76 % de las exportaciones- del planeta. Asimismo Moscú es uno de los principales productores de fertilizantes del mundo.
Con este escenario, Strasnoy consideró que “es una situación muy latente la posibilidad de un incumplimiento”. “No está claro si va a suceder en las primeras revisiones, pero va a haber una alteración de lo que estaba proyectado por el shock de precios internacionales”, dijo.
“La guerra hace que el acuerdo sea incumplible en muchos sentidos desde el momento uno”, enfatizó Kalos. El economista apuntó que va a ser muy difícil reducir los subsidios energéticos, tanto porque las importaciones de energía que tiene que hacer Argentina para cubrir sus necesidades “van a exigir más gasto público”, como porque “hace falta un consenso interno que ni siquiera al interior del Frente de Todos se está logrando sobre el aumento de las tarifas”.
“El acuerdo dice que hay cláusula de contingencia” rescató Strasnoy y opinó que la guerra obviamente “se la puede considerar como un factor para recalibrar”. Pero ahí la cuestión es “¿qué significa eso?”. “Si se da el escenario de no reducción de subsidios y tenés una meta fiscal, ¿se hace más laxa esa meta o se mantiene y lo que hay que hacer es gastar menos en otros lados?”, se preguntó.
Como la reducción del déficit se va a ver dificultada por estos factores o no se cumple esa meta o se busca alcanzar por otros caminos. “Puede ser que se compense con la aceleración de la recaudación por inflación que implica una reducción real de las jubilaciones y otros ingresos”, apuntó el director de EPyCA. Pero recordó que eso “si o si implica una renegociación trimestral con el FMI” porque no es lo que está pautado y si luego el Fondo decide o no validarlo “es una negociación política donde el organismo podría exigir otras cosas como compensación por los incumplimientos; eventualmente podría exigir las reformas estructurales que hasta acá no pidió, nada lo impide”, concluyó.