No iba a ser fácil porque nunca lo fue regular el mercado de la vivienda en Argentina. Cuando lo hicieron Yrigoyen, Perón o Alfonsín el mercado llevó adelante las únicas dos medidas que usan siempre: aumentos de precios y desabastecimiento. Ayer como respuesta al decreto que congeló por un año el precio de los alquileres y suspendió los desalojos, y hoy con la vigencia de la ley de alquileres, lo volvieron a hacer en un contexto de crisis económica gravísima.
Se ha desplegado una campaña pocas veces vista que plantea que la ley de alquileres es peor para los inquilinos. Ese discurso, aunque parezca contradictorio, es llevado adelante por el mercado inmobiliario, los mismos que se han encargado sistemáticamente a lo largo de la historia de inflar los precios, elitizar el acceso a la vivienda, promover la especulación de un derecho tan fundamental, fomentar los créditos UVA y defender la desregulación y la dolarización, frente al silencio absoluto por parte del gobierno nacional y sus representaciones políticas.
El planteo del mercado inmobiliario es el mismo que reza que la flexibilización laboral será la solución a la precarización laboral: flexibilizar el mercado inmobiliario para que esto mejore la situación de aquellos que alquilamos vivienda.
La ley modifica algunos desequilibrios que se generaban. No sólo el sometimiento del inquilino frente al poder del rentista o la inmobiliaria, sino también perjuicios para la habitabilidad de la vivienda. En la ley de alquileres actual en el caso de que no haya algún servicio básico como luz, gas o agua, el inquilino está facultado a hacer las reparaciones correspondientes; ya no pesa sobre nosotros la obligación de pagar arreglos de otros departamentos y estos montos cargados en las expensas deben afrontarlo los propietarios. Al comienzo, sólo tenemos que pagar un mes de depósito por los tres años que además nos lo tienen que devolver actualizado mientras que antes eran dos meses que con suerte se devolvían al valor de 24 meses atrás. Tres meses antes de finalizar el contrato el propietario debe comunicar su decisión acerca de renovar o no el contrato de alquiler, quitando la posibilidad de que especulen con este poder para que una semana antes tengamos que decidir quedarnos y aceptar cualquier condición en la renovación del precio o salir a buscar de forma desesperada otro lugar donde vivir con todo lo que eso implica.
Todos estos derechos conquistados en la ley son fundamentales para la dignidad en el acceso a la vivienda en alquiler, pero lo que sin lugar a dudas está en discusión no es esto, sino la afectación económica a la renta del mercado inmobiliario en los tres puntos fundamentales de la ley:
El plazo del contrato de alquiler de tres años
Aunque en países avanzados en materia de protección del alquiler de vivienda los contratos tienen plazos de siete o nueve años, en Argentina logramos simplemente que de dos se extienda a tres. Esto significa que ya no podrá el mercado aumentar el precio libremente cada 24 meses sino cada 36 y que ya no tendremos que dejar todos nuestros ahorros en la inmobiliaria cada dos años, sino cada tres.
Índice de contrato de alquiler
Antes quien definía el porcentaje de aumento y su frecuencia, 3 o 6 meses, era el mercado, ahora lo hace el Estado.
Registro de alquiler en AFIP
Aunque parezca mentira las organizaciones de inquilinos tuvimos que pedirle al Congreso que legisle a favor de que se registren los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para así, no sólo terminar con una evasión multimillonaria sino fundamentalmente para que el Estado tenga información acerca de cómo se alquila en Argentina, cuantos inquilinos y cuantos rentistas hay. Y es este punto el que logra consenso casi total para atacar la ley de alquileres.
Hoy la coalición de Juntos por el Cambio y las cámaras inmobiliarias han presentado 25 proyectos para modificar la ley de alquileres en donde plantean cuatro puntos coincidentes: volver a contratos de dos años, que se pueda actualizar o indexar el precio del alquiler todos los meses, acelerar el proceso de desalojo y dar de baja la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP. Recomiendo mucho leer los fundamentos de estos proyectos ya que, en casi todos, en nombre de proteger a los inquilinos, terminan ampliando los privilegios de los rentistas.
Hoy en Argentina hay tres millones de hogares en alquiler, que comprenden a nueve millones de personas y este número crece año a año. La mitad de los ingresos del hogar se destinan al pago del alquiler y no hay ningún tipo de mediación estatal que asegure el cumplimiento de las leyes. Está más protegido comprar un celular que alquilar una vivienda.
A un año de la vigencia de la ley de alquileres ¿cómo cree la política que podrá empezar a resolver la crisis habitacional? ¿Qué debates están dispuestos a dar? ¿De verdad piensan que no hablar de la situación del acceso a la vivienda en alquiler hará desaparecer la demanda? Cuando la política empieza a ser mirada por los jóvenes como una herramienta vetusta que no logra resolver los problemas reales y mucho menos interpelar con pasión, el crecimiento de propuestas de derecha toman aún más fuerza.
Para los jóvenes de Argentina y el mundo la única forma de acceder a la vivienda es alquilando, y las organizaciones de inquilinos de Argentina vamos a seguir reclamando que forme parte del programa político de cualquier gobierno que se encuentre del lado de los más postergados. Porque ya sucede, porque pusimos sobre la mesa un debate que nadie quería dar, y porque para nosotros y nosotras la vivienda va a ser un derecho.
Vamos a hacer lo posible para que el Congreso defienda la ley de alquileres y profundice la regulación del mercado inmobiliario.