El miércoles 6 de abril Sebastián Copello, dirigente del Partido Obrero, y Juan Chorolque, del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) 12 de abril, fueron arrestados. La policía de la provincia de Jujuy allanó sus viviendas con una orden dictada por el magistrado Rodolfo Miguel Fernández del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delito contra la Administración Pública.
Según denunciaron sus compañeros y abogadas, se trató de un proceso muy irregular. “Estuvieron más de cuatro horas desaparecidos, sin que podamos saber el lugar de alojamiento o la dependencia para el traslado”, aseguró a Página/12 la abogada Paola Sanabria, defensora de Chorolque. “El procedimiento fue totalmente arbitrario, sin que podamos comunicarnos. A última hora de la noche recién pudimos saber a dónde los llevaban”, añadió.
Por su parte la abogada del Partido Obrero, Claudia Ferrero, sostuvo en diálogo con Primera Línea que, al menos en el caso de Copello, “el acta de allanamiento estaba mal, tenía otro nombre y otro DNI por lo que se debería haber caído la detención”.
Actualmente los dos dirigentes se encuentran en la unidad penitenciaria del Barrio Alto Comedero de San Salvador, la capital provincial.
El doble juzgamiento
Copello y Chorolque estaban citados a declarar el viernes 8 de abril por una causa contravencional debido a su participación en distintas movilizaciones durante el mes de marzo. Sin embargo, el fiscal Diego Funes decidió imputarlos por «entorpecimiento del transporte y servicios» (art. 194 del Código Penal) y «desobediencia a la autoridades» (Art. 239 del Código Penal).
El funcionario fundamentó las detenciones en que “la preeminencia dentro de las organizaciones que comandan podría ser utilizada para coaccionar a los miembros de dichas organizaciones que eventualmente sean citados como testigos, incidiendo en la libertad de los mismos al momento de prestar testimonio”.
Para las abogadas se trata de una nueva irregularidad, ya que no se puede juzgar más de una vez a una persona por el mismo hecho. “O es una contravención o es una causa penal”, señaló Ferrero.
Las protestas por las que son perseguidos los dirigentes sucedieron los días 3 y 30 de marzo. En el marco de un plan de lucha nacional, el Frente de Unidad Piquetera reclamó más suministros para comedores y merenderos populares.
Durante la primera movilización, la policía provincial y la Gendarmería reprimieron en la ciudad de San Pedro y detuvieron a siete personas, cuatro varones y tres mujeres. Si bien el plazo máximo que establece la legislación provincial para privarlos de su libertad sin cargos es de cinco días, estuvieron diez. Luego el 30 de marzo volvieron a manifestarse por el mismo motivo, esta vez sin ser reprimidos.
Originalmente el Estado provincial abrió una causa contra los dirigentes a través del Juzgado Contravencional N° 1. Allí les imputaron infracciones a los artículos 103, 113 y 123 del Código Contravencional de Jujuy que establecen sanciones a aquellas personas que dañen el espacio público, impidan la circulación de vehículos o contaminen, por ejemplo quemando gomas. Por estas acusaciones les quieren cobrar una multa de un millón de pesos.
Las organizaciones sociales denuncian que esta normativa, votada en 2014 pero que entró en vigencia en 2016, es inconstitucional ya que quien denuncia, persigue y sanciona es el Poder Ejecutivo. Las restricciones llevan a que, en los hechos, “esté prohibida la protesta social”, señaló Ferrero.
Ante cada manifestación el gobierno provincial abre causas contravencionales. En febrero de este año por ejemplo se dictó una multa de 35 días de trabajo comunitario, 600 mil pesos o arresto de hasta 15 días por «alterar el espacio público» a quienes marcharon para denunciar el femicidio de Dafne Morena Soto, asesinada en Humahuaca.
Laboratorio de la represión
Desde la llegada al gobierno del radical Gerardo Morales, en la provincia de Jujuy se ha profundizado la represión a la protesta social y la organización popular. Para esto, apenas asumió amplió el Tribunal Superior de Justicia provincial, de cinco a nueve miembros. Las nuevas bancas fueron ocupadas por dos diputados radicales que votaron la ampliación, Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Otro lugar fue cedido a Federico Otaola, que también había sido legislador de la Unión Cívica Radical.
A su vez, se puso en vigencia el Código Contravencional antes mencionado y en 2019 se creó el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delito contra la Administración Pública, el mismo que ahora tramita la causa contra Copello y Chorolque.
El caso más emblemático que llevó adelante esta nueva estructura judicial fue el de Milagro Sala, detenida desde enero de 2016 en el marco de causas irregulares impulsadas directamente por el poder político.
Para febrero de 2017, una veintena de organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas, denunciaron la gravedad de lo que estaba pasando. “Jujuy vive una sucesión inédita de ataques y de persecución a las organizaciones sociales y políticas”, sostuvieron en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), entre otras. Y añadieron que “el gobierno de Morales busca transformar a Jujuy en la capital nacional de la represión y la impunidad. Un laboratorio que, si triunfa, intentarán trasladar a nivel nacional”.
La propia Milagro Sala ha repetido en numerosas ocasiones lo que implica el modelo de control social instaurado en su provincia. “Creo que es urgente una reforma judicial; urgente que alguien del Ministerio de Justicia se venga a instalar aquí para ver qué es lo que está pasando con el Superior Tribunal de Justicia y comenzar a controlar los fondos que le están dando a Morales”, declaró en 2021 en una entrevista con la CTA de los Trabajadores. “Es una vergüenza que siga instalado el laboratorio represivo que nació en Jujuy, que hoy siga intacto y además vuelvan nuevamente a arremeter”, concluyó.