El 2 de octubre de 2022 se llevarán a cabo en Brasil las elecciones presidenciales. Será la primera ocasión en la que el pueblo brasilero evaluará en las urnas los cuatro años de mandato de Jair Bolsonaro, que buscará la reelección.
En el campo de la oposición destaca la candidatura presidencial ya confirmada del ex-presidente Lula, del Partido de los Trabajadores (PT). La novedad de este último mes fue el anuncio de que su candidato a vicepresidente será Gerardo Alckmin, quien fue históricamente referente del centroderechista Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y dos veces gobernador del estado de San Pablo.
Esta fórmula será apoyada por la recientemente conformada “Federación Brasil de la Esperanza”, coalición entre el PT, el Partido Comunista do Brasil y el Partido Verde, con el objetivo de alcanzar “grandes bancadas progresistas para el Congreso Nacional y las Asambleas Legislativas, así como un número importante de gobernadores» para otorgarle al futuro gobierno una amplia base de poder institucional. La campaña electoral de esta fórmula será lanzada formalmente el 7 de mayo.
Por fuera de estas candidaturas se presentarán también Sergio Moro, ex-ministro de Justicia de Bolsonaro y ex-juez responsable de la Operación Lava Jato que envió a Lula a la cárcel, y Ciro Gomes del Partido Demócratico Laborista. Sin embargo ambas aparecen con pocas posibilidades de llegar a la segunda vuelta electoral.
Una encuesta de la consultora Datafolha señala por ahora una clara ventaja a la fórmula Lula-Alckmin: en la primera vuelta obtendría un 43% contra el 26% del actual jefe de Estado, y en la segunda vuelta un 55% contra el 34%. Sin embargo, los sondeos también muestran un repunte lento pero constante de Bolsonaro que tiende a achicar la diferencia. Es posible que esa tendencia se mantenga, especialmente en la medida que avance la polarización electoral y el actual gobierno recoja la intención de voto de los sectores anti-Lula y anti-PT que hoy se inclinarían por otros candidatos.
En caso de confirmarse un triunfo de Lula se trataría de un importante punto de inflexión en América Latina: el fuerte peso económico, demográfico y político de Brasil inclinaría la balanza en favor del bloque de gobiernos progresistas, golpearía a la derecha y abriría paso a una relación de fuerzas más favorable para los sectores populares en el continente.
El debilitamiento de Bolsonaro
Como muestra su relativamente baja intención de voto, el gobierno actual viene muy golpeado. Entre otros motivos se encuentran los 660 mil muertos que sufrió el país durante la pandemia de COVID-19, bajo una presidencia que la minimizó permanentemente (señalando que no era más que una “gripecita”) y que enfrentó abiertamente a la comunidad científica oponiéndose a toda medida de cuidado.
La situación económico-social es otro importante factor de esta pérdida de apoyos: la inflación alcanzó los dos dígitos (situación que en Brasil es mucho menos habitual que en Argentina) y afecta especialmente al precio de los alimentos, combustible y la garrafa de gas. Esto es particularmente grave en un país en el que casi 60 millones de personas (uno de cada cuatro brasileros) sufren inseguridad alimentaria moderada o severa. Las políticas de “austeridad fiscal” y los recortes a los programas sociales -llevados a cabo tanto por Bolsonaro como por su predecesor Michel Temer- agravaron aún más esta situación.
La erosión del gobierno incluye también factores más estructurales. Su acceso al poder había sido posible gracias al periodo abierto en 2016 con el golpe de Estado contra la entonces presidenta Dilma Rousseff (PT) y la “caza de brujas” iniciada contra el lulismo. Los sectores dominantes y las fuerzas conservadoras recurrieron a las maniobras parlamentarias-judiciales-mediáticas (lawfare) y al encarcelamiento del propio Lula desde abril de 2018 para sacarlo de la escena política. Esta persecución estableció las bases de una relación de fuerzas muy conservadora que a su vez permitió a los gobiernos de Michel Temer y Bolsonaro implementar una serie de medidas reaccionarias (incluyendo reformas estructurales neoliberales).
Pero en noviembre de 2019, luego de que Lula pasara 19 meses preso, el poder judicial debió excarcelarlo tras la comprobación de que las sentencias atentaban contra todas las garantías y procesos jurídicos establecidos, luego del escándalo generado por la filtración de diálogos que revelaban que el armado de las causas se trataba de una operación política explícita diseñada por el juez Moro y sus cómplices. Esto llevó al naufragio de toda la operación Lava Jato, clausurando el principal instrumento del ciclo político abierto en 2016.
Por su parte, bajo el gobierno Bolsonaro se vienen desatando también varios escándalos político-judiciales que ponen en el banquillo de los acusados al propio presidente y a su familia. Uno de ellos es la creciente certeza de que aquellos estuvieron directamente involucrados en el asesinato de la legisladora feminista y socialista Marielle Franco en 2018. En este terreno, la novedad son las grabaciones que demuestran que el gobierno habría mandado a matar al principal sospechoso del caso para evitar que lo involucre en sus declaraciones.
De esta forma, el péndulo político ya hace tiempo empezó a moverse en la dirección inversa: si desde 2016 el principal elemento del clima político era que el PT se encontraba contra las cuerdas y la derecha a la ofensiva, ahora es la derecha la que es puesta en cuestión mientras que el progresismo y la izquierda avanzan.
Este cambio en la relación de fuerzas se debió también en parte a la existencia de importantes movilizaciones populares que se desarrollaron durante todo el periodo y a un conjunto de huelgas llevadas adelante por diversos sectores de trabajadores a lo largo del país. Movilizaciones y paros que todavía continúan desarrollándose.
Lula-Alckmin y los debates en la izquierda
Hasta el momento la candidatura de Lula consigue capitalizar electoralmente el amplio descontento existente con el gobierno de Bolsonaro. Partiendo de esa premisa, la alianza con Alckmin fue planteada como un intento de ampliar su base político-electoral incluyendo a las clases medias que repudian los rasgos fascistoides del actual gobierno pero que se oponen también históricamente al progresismo del PT. El propio Alckmin fue durante los gobiernos de Lula y Rousseff uno de los principales referentes de esa oposición.
Por esa misma razón la alianza es cuestionada desde sectores del propio PT y de la izquierda, que señalan que implicaría moderar de antemano las perspectivas transformadoras del futuro gobierno y adaptarlo a las presiones del establishment. Por otra parte, las encuestas de intención de voto ya favorecían ampliamente a Lula antes del anuncio de la alianza, por lo que no puede argumentarse que la misma sea una necesidad electoral. Más aún, no existen pruebas de que dicha coalición aumente el caudal de votos del lulismo.
Desde este punto de vista, el binomio presidencial no sería principalmente una táctica electoral sino un gesto de conciliación hacia las clases dominantes para intentar garantizar la estabilidad del futuro gobierno. Sin embargo, en ningún país de América Latina los poderes concentrados dejaron de atacar a los gobiernos progresistas porque estos moderaran su programa transformador, y en cambio si generó una erosión de su base de apoyo entre los sectores populares.
En cuanto al perfil de la campaña electoral de Lula, puede verse en twitter un spot remarcando que “en los tiempos del PT no faltaba comida en la mesa”, dialogando con los sectores golpeados por la inflación, el desempleo y las medidas neoliberales. Por otra parte, anunció que crearía un Ministerio de Asuntos indígenas y protegería la Selva Amazónica, y defendió el derecho de las mujeres al aborto como una cuestión de salud pública. En sus redes planteó la necesidad de aumentar el gasto público en ciencia y educación, de apostar al desarrollo industrial y su rechazo a reformas laborales que retrocedan los derechos de los trabajadores.
Por último, dentro de la izquierda brasilera se encuentra también otro partido con cierto peso político-electoral: el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que en 2018 presentó como candidato presidencial a Guilherme Boulos (dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Techo) y en los últimos años obtuvo resultados considerables en elecciones municipales y parlamentarias.
El PSOL se caracteriza por un programa y perfil a la izquierda del PT, y reúne en su interior diversas tendencias políticas que incluyen desde el socialismo democrático hasta corrientes trotskistas. La Ejecutiva Nacional de la organización resolvió en esta ocasión apoyar la candidatura presidencial de Lula, decisión que abrió un importante debate interno y que todavía debe ratificarse en otras instancias internas. En paralelo, su dirección decidió también conformar una federación electoral con el partido ecologista REDE de Marina Silva, de perfil político-ideológico oscilante y cuyas posiciones incluyeron el apoyo a la anulación del mandato de Dilma Rousseff.
La crisis generada por estas decisiones puede desembocar en nuevos alineamientos político-electorales de la izquierda brasilera.