En los últimos días, el término “reducción de daños” en el consumo de drogas ilegalizadas estuvo en boca de todos. La polémica, que surgió a partir de la divulgación de un folleto de la Municipalidad de Morón que indicaba consejos para consumir responsablemente marihuana, cocaína y éxtasis, esconde una problemática estructural: la criminalización de los usuarios y la falta de una política integral y federal.
Desde Primera Línea abordamos esta discusión con Patricio Liddle, secretario de juventudes de la Asociación de Reducción de Daños Argentina (ARDA), organismo encargado de la difusión del programa aprobado por el Concejo Deliberante de Morón; junto a Emilio Ruchansky, periodista y coordinador del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis y autor del libro Un mundo con drogas, los caminos alternativos a la prohibición: Holanda, Estados Unidos, España, Suiza, Bolivia y Uruguay.
¿Qué es una política de reducción de riesgos y daños?
Según Liddle, una política pública de esta clase se basa en “aceptar la realidad del consumo de drogas, y que hay muchas personas que no quieren o no pueden dejar su uso”. Las medidas parten de la distinción entre el consumo y la adicción que, en palabras del secretario de juventudes, “es uno de los tantos problemas relacionados a las drogas, quizás el más extremo de todos”.
En ese sentido, Ruchansky, quien también forma parte del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), destaca que las políticas de reducción de daños buscan que “alguien que consume ciertas sustancias pueda mejorar su estado de salud al recibir información o determinados servicios, evitando que la persona se haga un daño que no está buscando”.
Otro de los ejes de trabajo es el retraso de la edad de iniciación en el consumo, así como la propuesta de una nueva mirada para los tratamientos de las adicciones por fuera del abstencionismo y la estigmatización. “La idea central es que sin abstinencia también se pueden conseguir mejoras en la salud de las personas que usan drogas que no sean legales”, añade el periodista especializado.
Las principales políticas de drogas actuales en todo el mundo son generalmente pensadas desde un enfoque de seguridad, “por lo cual, al no existir políticas de reducción de daños, lo único que los usuarios reciben es persecución, estigmatización y alejamiento del sistema sanitario”, indica Liddle. Esto se corresponde al histórico abordaje prohibicionista similar al de la ley seca, un modelo nacido en EE.UU. que ha sido el pretexto de la militarización de países como Colombia en la llamada “lucha contra el narcotráfico”.
Existen diversas experiencias -principalmente surgidas en Europa- que se encargan de eliminar la perspectiva criminalizante de los consumidores. Para Ruchansky, “lo importante es el punto de vista de que no solamente se pueden conseguir mejoras sin hostilidades, sino que hay que adaptar los servicios a las personas y no las personas a los servicios, empezando por lo que es más útil para los y las usuarias de drogas ilegalizadas”.
Un ejemplo son los espacios diseñados para el control del consumo seguro en las fiestas electrónicas. Como describe el escritor, “las medidas pueden ser desde ofrecer agua y lugares de descanso, frutas y dulces, o información impresa para usuarios de cannabis, cocaína, LSD, etcétera”.
¿Qué políticas de drogas existen en Argentina?
Actualmente en nuestro país rige la Ley 23.737, conocida como la “Ley de Drogas”, sancionada en el año 1989. La normativa penaliza el consumo, la tenencia, el contrabando y el tráfico de todas las sustancias ilegalizadas. Para Liddle es “una de las normativas más punitivas y duras de toda la región, la que establece penas más altas y la que persigue con más dureza a las personas que usan drogas”.
Esta norma sucede a la Ley 20.771 de 1974, enmarcada en la “doctrina de seguridad nacional”. Sin embargo, lo único que logró la “nueva” Ley de Drogas fue aumentar la gama de condenas a entre 4 y 15 años de prisión, manteniendo el castigo de la tenencia para consumo personal con una pena entre un mes y dos años, reemplazables por tratamientos o cursos de prevención.
El Congreso tiene pendiente una reforma de esta Ley desde el año 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia con el fallo Arriola. Allí el máximo tribunal declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas que consumen drogas, yendo en contra del artículo 14 de la ley vigente. Además, sentenció que el delito de tenencia para consumo personal es una conducta privada que está protegida por la Constitución Nacional.
No obstante, esta medida lleva 13 años estancada. Desde ese entonces, el Ejecutivo únicamente dio pequeños pasos en la despenalización del consumo y tenencia de marihuana a través del Registro del programa de cannabis (Reprocann), que habilita el autocultivo con fines medicinales. Mientras tanto, el modelo prohibicionista continúa teniendo efectos negativos que impactan directamente en las poblaciones más vulneradas y empobrecidas.
Los efectos del prohibicionismo y “la batalla contra el narcotráfico”
En Argentina, alrededor de 25.000 personas por año son criminalizadas por las fuerzas federales por tener una escasa cantidad de sustancias para su propio consumo, principalmente cannabis. En su mayoría se trata de personas jóvenes, de entre 16 y 30 años, sin antecedentes penales.
Según la información recabada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la cantidad de personas privadas de la libertad por delitos de drogas creció un 47% entre 2015 y 2017. “La ‘guerra contra el narcotráfico’ es uno de los factores que explica el aumento de la tasa de encarcelamiento nacional que entre 2002 y 2017 pasó de 154 a 209 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep)”, indica el informe redactado hace cinco años.
Para esa misma época, el entonces Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos bajo la presidencia de Mauricio Macri confirmó que las personas detenidas por drogas representaban un 38% de la población carcelaria. A pesar de que estas conductas no son exclusivas de las clases bajas, los datos demuestran que los pobres, las mujeres y las personas trans son las más afectadas por la criminalización.
Según los datos demográficos de 2017 difundidos por el CELS, “el 61% de las personas presas por drogas no había terminado el nivel primario de educación, y el 85% no había completado el secundario. Además, al momento de ingresar al sistema carcelario, una gran parte –el 36% de los varones y el 46% de las mujeres– se encontraba desocupada”.
En 2017, sobre el total de la población carcelaria “un 43% de las mujeres (1561) y el 70% del total de personas trans (89)” permanecían detenidas por estos delitos, sostiene el organismo. En el caso de las mujeres, entre 2014 y 2017 pasaron de 1093 a 1561: un crecimiento del 42,8%.
“Los costos del punitivismo, la criminalización y la marginalización es alejar a los usuarios y usuarias del sistema de salud, pero también que las fuerzas policiales y el sistema de administración de la justicia influyan muy negativamente sobre las personas que usan drogas”, reflexiona Ruchansky.
El prohibicionismo, además de saturar las cárceles y comisarías, también se cobra la vida de las personas. Sin ir más lejos, a principios de este año decenas fallecieron tras consumir cocaína adulterada en Puerta 8, uno de los barrios populares ubicados al noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
“El 90% de las personas que consumen drogas no tienen ningún problema, salvo la policía y la baja calidad de las sustancias del mercado clandestino”, apunta Ruchansky, a lo que Liddle añade: “Todas las cárceles del país están rebasadas por delitos absolutamente menores, básicamente personas y familias pobres que se ven involucradas en el negocio de las drogas para poder sobrevivir porque no encuentran trabajo”.
“Los costos del sistema actual los pagamos todos los días con la vida de las poblaciones más vulnerables. Las leyes de drogas son extremadamente clasistas, racistas y sexistas. Por lo que vemos, nunca terminan resolviendo el problema, sino que todos los conflictos relacionados a las drogas se han maximizado desde que el punitivismo es la única solución disponible”, apunta el miembro de ARDA.
Por último, destaca su esperanza en que “la clase política esté a la altura de las circunstancias y pueda hacer propio el discurso de la reducción de daños, porque sin dudas es el nuevo paradigma de la política de drogas que viene a subsanar los daños que generó el prohibicionismo durante décadas”.