El 8 de mayo de 1987 las fuerzas de seguridad de la Comisaría de Ingeniero Budge asesinaron a tres jóvenes: Agustín “El Negro” Olivera (26 años), Oscar Aredes (19 años) y Roberto “Willy” Argañaraz (24 años) en el marco de un hecho de violencia estatal y policial. La noticia generó la indignación de un pueblo que decidió colocar en el centro del debate político de la época la conducta deliberada de las fuerzas de seguridad bajo la definición de «gatillo fácil».
La demanda ciudadana y social motivó que en noviembre de 2012 el Congreso Nacional sancionara por unanimidad la Ley Nº 26.811 que declara al 8 de mayo el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, con el objetivo de visibilizar los hechos de violencia ejercidos por las fuerzas de seguridad y promover políticas públicas de protección de los Derechos Humanos.
Violencia institucional y criminalización de la protesta en CABA
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las urbes con más presencia policial de la región: la gran cantidad de agentes y la asignación presupuestaria creciente son dos factores que impactan en la violencia institucional ejercida en el ámbito porteño. Asimismo, la noción de seguridad que adopta el gobierno, a quiénes “protege”, qué “protege” y respecto de quiénes es ejercida tal “protección” determina la orientación del accionar policial.
En este sentido, se construye un enemigo social que incluye a todo aquel que ocupe el espacio público, sea de manera sistemática (por ejemplo vendedores ambulantes) u ocasional (manifestaciones en la vía pública). Dentro de esta construcción, se evidencia una especial atención a inmigrantes y a jóvenes de los barrios populares.
En los últimos años, la criminalización de la protesta o el control policial de los sectores populares se ha materializado a través de la imputación del delito de resistencia a la autoridad (art. 239 del Código Penal de la Nación) a los fines de justificar la intervención policial y dar un manto de legalidad a detenciones llevadas a cabo arbitrariamente y cuyo fin último es el control social. Dicha práctica se incrementó a partir del traspaso de dicho delito al ámbito judicial de la Ciudad en 2018.
Durante el primer trimestre de dicho traspaso, el 57% de la intervención de la Defensoría del Pueblo de Ciudad en materia penal fue por atentado y/o resistencia a la autoridad. En total, en ese período, el organismo asistió por este delito a 223 varones, 24 mujeres y una persona de identidad travesti o trans.
Según el Ministerio Público de la Defensa (MPD) de la Ciudad, la violencia institucional integra las “prácticas por parte de las fuerzas de seguridad o agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que resulten lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas, en especial sobre aquellos grupos sociales en condición de vulnerabilidad”. El MPD tiene como misión visibilizar y prevenir estas prácticas a través del Programa Contra la Violencia Institucional.
Las personas que son objeto de aplicación de estos procedimientos son por lo general cuidacoches, trabajadoras sexuales, familias en situación de calle y vendedores de la vía pública que durante los procedimientos y las detenciones pierden sus mercaderías e incluso sus objetos personales. Se han informado malos tratos, golpes y vejaciones. Estas prácticas de hostigamiento y humillaciones se producen de manera reiterada, llegando en algunos casos a situaciones extremas como las torturas que sufrieron los jóvenes Iván Matías Navarro y Roberto Ezequiel Villanueva Moya, caso por el cual el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal condenó a seis agentes de la Prefectura Naval Argentina a penas de entre diez y ocho años de prisión.
El mapa de la violencia institucional en la Ciudad
Del informe estadístico del Programa contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa surge también que el 65% de los casos denunciados por violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires ocurrieron en las zonas sur y este, mientras que el 35% restante se produjo en las zonas norte y oeste.
Entre los números destacados también puede leerse que las comisarías que acumulan la mayor cantidad de denuncias por violencia institucional son la 50, del barrio porteño de Flores, y la 16, de Constitución. En esas zonas se concentra la mayor cantidad de vendedores de la vía pública.
También podría configurarse un mapa de acuerdo al tipo de causas que predomina en cada barrio de la Ciudad. En la zona norte abunda la persecución a los cuidacoches, en los barrios del sur a los vendedores ambulantes y en el centro de la Ciudad, las vinculadas con la protesta social.
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Luego de más de 30 años de democracia, la violencia policial es continua. Junto al gatillo fácil, son parte de un sistema carcelario que rellena los poros del punitivismo a partir de lo que quien gobierne, considere deberá excluir. La exclusión y la desigualdad social dan cuenta de la forma en la que se expresa la violencia estatal a través de sus instituciones. Pensar en la violencia institucional hoy en día, invita a reflexionar sobre las distintas modalidades que adquiere la violencia en las prácticas cotidianas.