Desde inicio de este año que en la provincia de Río Negro se desarrollaron múltiples conflictos gremiales vinculados a los trabajadores y trabajadoras estatales, de la educación, de la salud y al personal policial. Como era de esperarse el eje transversal de esta conflictividad estuvo en las actualizaciones salariales, presionadas por la crecida inflacionaria que en la Patagonia es inclusive mayor a la del AMBA o el promedio nacional.
La gestión de la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro) buscó limitar los aumentos en un contexto general de ajuste y crecimiento de la deuda provincial por el aumento del dólar. Sin embargo, sucesos recientes dificultan la imagen de austeridad que quiere mostrar el gobierno.
Por un lado, las arcas provinciales tuvieron recaudación extraordinaria en 2021 empujada principalmente por la actividad petrolera y el turismo. Esta tendencia continúa, ya que la temporada turística del verano de 2022 fue récord con Bariloche como destino destacado del programa PreViaje.
Por otro, el Estado provincial adquirió un avión privado por 3,5 millones de dólares para viajes de la gobernadora y vuelos sanitarios. Según investigaciones periodísticas los costos del avión son mucho más onerosos que los gastos por pagar servicios de traslados sanitarios e inclusive señalan el presunto pago de un sobreprecio si se lo compara con aeronaves similares y hasta más modernas. Esta adquisición generó críticas inclusive de Alberto Wereltinek, anterior gobernador y actual senador nacional por la misma fuerza política.
Propuestas por debajo de la inflación
En ese contexto, las propuestas salariales del gobierno a los gremios estuvieron siempre muy por debajo de las perspectivas inflacionarias. Luego de dos rondas paritarias en las que los sindicatos rechazaron las ofertas, a fines de marzo la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió aceptar la propuesta de un 24% de aumento semestral en cuotas a revisar en el mes de julio.
Este incremento fue rechazado por la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) y desde entonces, les docentes de la provincia protagonizaron una creciente lucha por la defensa de sus salarios y el presupuesto educativo.
La gobernadora y sus funcionarios hicieron lo posible por desactivar el conflicto sin cumplir con las reivindicaciones de la UNTER. El viceministro de educación Adrián Carrizo fue descubierto convocando a docentes afines a su partido a votar por la aceptación de las propuestas del gobierno. Además se descontaron los días de paro realizados a todos los docentes, inclusive a los pocos que no habían adherido a la medida de fuerza. Y finalmente, fue la propia gobernadora quien amenazó con pagar el sueldo en bonos.
La memoria tiene vocación de catapulta
Los últimos años han sido de retroceso en la participación sindical de les docentes. Por un lado, inevitablemente la pandemia mermó el activismo y la movilización. Pero además, esta situación confluyó con una conducción que priorizó las reuniones paritarias antes que la movilización callejera.
Pero los trabajadores y trabajadoras de la educación de Río Negro tienen una historia de lucha. A lo largo de los años han sostenido semanas y semanas de cortes de ruta con el apoyo de sus familias y la comunidad educativa. Pasaron meses sin cobrar sus salarios, viviendo de fondos de huelga y ollas populares.
Por eso, ante las propuestas insuficientes y los intentos de disciplinamiento del gobierno la respuesta del sindicato docente fue muy contundente. Gradualmente las asambleas fueron aumentando en participación y a pesar de los debates las medidas de fuerza se sostuvieron en unidad y con contundencia. En estos meses de lucha se han realizado ocho jornadas de paro casi total (en todos los casos con adhesiones superiores al 95%) y manifestaciones locales, regionales y provinciales. El viernes 6 de mayo se realizaron masivas movilizaciones en distintos puntos de la provincia con miles de docentes en la calle reclamando en defensa de la educación pública.
¿Final o tregua momentánea?
La determinación de la lucha docente ha empujado al gobierno a una nueva oferta salarial, en este caso del 32% semestral a revisar en el mes de julio. Además, solo una semana después de haber descontado los días de paro (y de grandilocuentes declaraciones contra los docentes que pararon) el gobierno reintegró las sumas correspondientes y el viceministro de Educación fue excluido de las negociaciones salariales como consecuencia de sus declaraciones.
La propuesta de aumento salarial fue extendida también a les trabajadores estatales y ya había sido aceptada por ATE. El viernes 13 de mayo se realizó el congreso de la UNTER, dividido ante la disyuntiva de aceptar o rechazar la propuesta salarial. Finalmente, la mayoría de les congresales optaron por aceptar.
Ahora vendrán momentos de balances y debates sobre la adecuación o no de la actualización salarial ante las reivindicaciones de les docentes. Hay sin embargo un dato insoslayable: fue la determinación de los trabajadores y trabajadoras de la educación organizadas en su sindicato la que logró una propuesta que mereciera ser discutida. Restará ver si esta aceptación aquieta las aguas o la memoria de lucha hará de este momento la calma antes de la tormenta.