El rol de los cartoneros en el reciclado
En Argentina se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios y alrededor del 20% son envases post consumo. Actualmente, de acuerdo a datos de la ONU, el país sólo recicla un 6% de esos desechos que vuelven a la industria como materia prima, mientras que según cálculos aproximados, más del 40% de los que se generan en los hogares pueden ser recuperados y reutilizados.
En esta tarea de recuperación y reciclaje cumplen un rol esencial los y las cartoneras, carreras y recuperadoras urbanas que hace décadas llevan adelante un servicio público para toda la sociedad. Este trabajo, a la vez que protege y cuida el ambiente, posee una dimensión socialmente inclusiva ya que es el sustento para cientos de miles de personas y familias estructuralmente excluidas del mercado laboral de la economía formal.
El trabajo de este sector implica circularidad: un proceso en el cual un producto o material ya utilizado en lugar de ser desechado es procesado para su reutilización, generando una disminución del impacto ambiental del consumo al reducir los residuos.
Cabe señalar que, a pesar de la importancia de esta tarea, los 150.000 cartoneros y cartoneras que impiden que el sistema colapse, trabajan en pésimas condiciones. Miles lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia. Asimismo, una gran parte -quienes no integran las distintas cooperativas- no tienen ingresos fijos.
Un poco de historia
Las reformas estructurales neoliberales que se implementaron en la década de 1990 generaron un proceso de exclusión social inédito en el país. Esto provocó que miles de hombres y mujeres salieran a las calles a juntar cartones y materiales reciclables para poder sobrevivir.
Así fue que comenzaron a surgir los primeros procesos organizativos del sector y las primeras luchas por el reconocimiento del trabajo contra quienes se beneficiaban de la gestión de la basura. “Este es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura”, decía en 2002 Mauricio Macri, perteneciente a la familia que durante la dictadura cívico militar y hasta los 90 tuvo la concesión exclusiva para gestionar los residuos de la Ciudad de Buenos Aires a través de Manliba, una empresa creada en 1980.
El cuestionamiento de Macri a quienes intentaban ganarse la vida reciclando se basaba en dos ordenanzas, la 33.581 (Artículo 6) y la 39.874 (Artículo 22), ambas sancionadas bajo la intendencia de facto de Osvaldo Cacciatore, que consideraban ilegal la recolección de basura en la vía pública. Esa prohibición podría constituir, en todo caso, una falta municipal, pero nunca un delito, ya que la figura no está incorporada al Código Penal.
Las grandes empresas contra el reciclaje cartonero
Hoy la gestión de reciclado con inclusión social se encuentra en crisis. «Peligra el reciclaje en el país», advirtieron desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Según explicaron, las grandes empresas compradoras de cartón, como Cartocor (perteneciente al grupo Arcor) dejaron de adquirir este material porque dicen estar “sobrestockeadas”. Desde la Federación denuncian que se trata de una maniobra para reducir el precio de este material, que representa más de la mitad de los ingresos de estos trabajadores y trabajadoras, en un 30%.
En este marco, un conjunto de cooperativas nucleadas en la FACCyR se movilizaron a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Dirección General Operación de Reciclado (DGOR) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de paritarias, mejoras en los Centros Verdes y por una serie de descuentos arbitrarios realizados sobre el incentivo de 30 mil pesos que reciben por su labor. La protesta fue reprimida por la policía porteña con un saldo de 12 detenidos que fueron liberados al día siguiente.
A raíz de este hecho, salió a la luz otro de los problemas que enfrentan los cartoneros y cartoneras: la importación de basura y bobinas de papel. En 2019, el gobierno de Mauricio Macri modificó con un decreto (591/2019), la ley de Residuos Peligrosos para permitir la importación de basura sin certificado de inocuidad, poniendo en peligro el ambiente, la salud humana y el trabajo de las y los recicladores urbanos. Posteriormente, en 2020 el gobierno de Alberto Fernández derogó esta medida y estableció un plazo de 180 días para que el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible formule una nueva propuesta.
Sin embargo, vencido el plazo propuesto, al día de hoy no hay novedades al respecto. El proyecto de ley de envases con inclusión social se encuentra frenado en el Congreso por el lobby de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), integrada por Arcor entre otras empresas. Mientras tanto, el país importa anualmente un promedio de “50 millones de kilogramos de residuos de cartón y papel, por un valor de unos nueve millones de dólares» según estudios de la agrupación socioambiental Taller Ecologista. Todos estos materiales podrían recuperarse en el país si fuera sancionada la ley de envases.
En líneas generales, esta normativa propone mejorar las condiciones laborales y crear más puestos de trabajo para los recuperadores y recuperadoras urbanas. A su vez, compromete a los productores de envases con una gestión ambiental sobre la base del principio de Responsabilidades Extendidas al Productor (REP). En tanto que contribuye a la mitigación de la crisis climática al disminuir la cantidad de residuos enviados a los 5 mil basurales a cielo abierto que existen en Argentina, ya que estos lugares al no tener suelos impermeabilizados generan contaminación y emisión de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.