El martes 10 de mayo en el Congreso de la Nación se presentó el proyecto de ley para establecer un Salario Básico Universal (SBU). La propuesta es impulsada por las y los legisladores del Frente Patria Grande en el Frente de Todes: Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho. Pero también cuenta con el respaldo de otros diputados y diputadas del oficialismo como Leonardo Grosso y hasta el jefe de bloque Germán Martínez, así como dirigentes sociales y sindicales.
La iniciativa apunta a garantizar una prestación monetaria mensual no contributiva igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de un adulto equivalente informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). Ese monto fue de 12.900 pesos en marzo de 2022.
Consultado sobre el orígen del proyecto, Itai Hagman -que además de diputado es economista- señaló a Primera Línea que se trata de “una discusión que está teniendo el mundo entero y en la pandemia apareció con mucha fuerza: cómo garantizar un piso de ingresos a toda la población”. Recordó que esto “se discute en los países ricos del primer mundo” e incluso en el marco de la pandemia hubo organismos internacionales que lo debatieron como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y “se pronunciaron al respecto favorablemente la propia CEPAL y el Papa Francisco en una carta que le envió los movimientos populares en abril del 2020”.
De acuerdo al texto presentado podrán acceder al SBU personas de entre 18 y 64 años inclusive que trabajen en la economía informal; en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente; personas que se encuadren en el Régimen de Trabajo Agrario y en el de Personal de Casas Particulares. Por su parte, podrán percibir el 50% del monto aquellas personas inscriptas en la categoría “A” del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (monotributo) y en relación de dependencia con registro de aportes en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y perciban un ingreso bruto anual igual o inferior al establecido para la categoría “A” del monotributo.
Asimismo, cada grupo familiar podrá recibir el SBU por un monto mensual de hasta dos Canastas Básicas Alimentarias por adulto equivalente y será la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) quien evaluará la situación socioeconómica de cada solicitante con el objetivo de corroborar “la real necesidad del individuo y de su grupo familiar”. “Nosotros estimamos en nuestro proyecto un universo alrededor de 9 millones de personas que es la cantidad de gente que pensamos que necesitaría este ingreso”, apuntó Hagman.
Quienes perciban el SBU deberán realizar anualmente distintos tipos de contraprestaciones que les permitan seguir percibiendo ese ingreso: finalización de estudios primarios y/o secundarios; talleres de formación profesional y capacitación laboral; o desarrollo de actividades socio-comunitarias.
Para Hagman, además de la situación estructural existe también una “coyuntura social muy complicada”. En ese sentido considera que esto puede ser una herramienta que ayude, “primero a eliminar la indigencia en Argentina porque el salario básico universal está atado a la canasta básica alimentaria por adulto equivalente; y también a bajar fuertemente la pobreza”. Pero además “puede contribuir a la reactivación de la economía a través del impulso al consumo y la demanda, y por tanto la actividad económica”.
Gasto social y acuerdo con el FMI
El acuerdo que Argentina firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y fue ratificado por el Congreso establece que el país debe reducir el déficit primario a 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, a 1,9% en 2023, y a 0,9% en 2024. Las medidas para lograr estos objetivos serán sometidas a revisiones trimestrales por parte de integrantes del organismo que definirán si el país está cumpliendo o no.
El economista Martín Kalos señaló semanas atrás que algunos artículos del acuerdo resultan “preocupantes e introducen ciertas rigideces”. Por ejemplo, el hecho de que todo exceso de recaudación por encima de lo pautado en el acuerdo “tenga que ser destinado a ahorro y a reducción del déficit por encima de la meta”. “Incluso si ese aumento de la recaudación fuera por una aceleración inflacionaria, te impide que lo puedas destinar a reforzar las transferencias que hace el Estado como la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones o los salarios públicos”, explicó.
Esto supone un problema para la implementación del SBU. Sin embargo, Hagman evalúa que es posible poner en cuestión algunos de estos condicionamientos. “El acuerdo con el FMI tiene muchas pautas que van a ser discutidas permanentemente por la propia situación económica, por los cambios en la situación internacional o por la dinámica misma de la economía argentina”, analizó.
Por eso sostiene que es “perfectamente posible” plantear que si la Argentina supera las expectativas de recaudación, “cosa que todo indica que va a ocurrir”, en lugar de utilizarlo “para sobrecumplir las metas, cómo se escribió en alguna de las cláusulas un tanto ambiguas del acuerdo con el Fondo, se pueda destinar a financiar este tipo de políticas”. No obstante aclaró que “va a haber que plantarse”.
Si esto no fuera posible, el diputado recordó que lo acordado con el organismo internacional es una meta de déficit fiscal “con lo cual, si se encuentra la fuente de financiamiento para implementar esta política, sería perfectamente sustentable”. Esto sería posible “por la vía impositiva, por la vía de redireccionamiento de gastos existentes y demás”.
Finalmente, en el peor de los escenarios y si la restricción presupuestaria fuera el principal problema, “se puede avanzar gradualmente”. “Si no alcanzan los recursos para de entrada hacer un salario universal para 9 millones de personas, se puede comenzar con un universo más chico, segmentando por situaciones de vulnerabilidad, por zonas geográficas y luego ir ampliándolo en la medida en que haya más recursos disponibles”, concluyó Hagman.