El grito del movimiento feminista contra la violencia patriarcal volvió a escucharse en todo el país. El último viernes 3 de junio, miles de manifestantes se movilizaron a siete años de la primera concentración bajo la consigna Ni Una Menos.
El pliego de 41 demandas consensuadas por múltiples organizaciones a través de asambleas incluyó el pedido por una reforma judicial feminista, por la aplicación efectiva de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, por la aparición con vida de Tehuel de la Torre y por la erradicación de las violencias por motivos de géneros. “¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! El Estado es responsable”, fue la síntesis del reclamo de la jornada.
“Nos mueve la bronca, por el racismo estructural, por el abandono de los barrios populares, porque las que pagan con el cuerpo la pobreza somos nosotras y nosotres, porque queremos de una vez salarios para las y les que cuidan”, sostuvieron desde el movimiento.
Mediante un documento consensuado aseguraron: “Estamos en duelo y también estamos rabioses por el chineo (NdeE: se refiere al abuso de hombres blancos sobre mujeres, niñas y niños indígenas), por las violaciones correctivas a las lesbianas, a los trans, a les no binaries”. También se pronunciaron en contra del abuso sexual en la infancia, los travesticidios, y la criminalización de las presas por defenderse.
“Por la autonomía de nuestros cuerpos y territorios. Basta de extractivismos, contaminación, incendio y privatización del territorio. No hay supervivencia posible para la especie humana aniquilando las demás formas de existencia. Exigimos una Ley de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria sostenidas en un modelo productivo no extractivo y comunitario”, reclamaron los colectivos feministas.
Martha Linares, directora Nacional de Asistencia Integral a las Víctimas de Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, reflexionó en diálogo con Primera Línea que “es muy importante poder ver al movimiento en las calles, un movimiento con una enorme potencia que continúa con demandas concretas interpelando no solo al Estado, sino a la sociedad en su conjunto”.
“Lo que podía ser una fecha más en el calendario de las organizaciones sociales se transformó en una demanda que se mantiene viva y sólida en argumentos, que obliga a reflexionar y seguir trabajando para lograr que una vida libre de violencias no sea una utopía, sino un derecho”, añadió.
7 años de lucha
Las protestas masivas realizadas desde hace siete años cada 3 de junio son el resultado del hartazgo frente a la violencia sistemática hacia las mujeres y disidencias. Su desencadenante fue el femicidio de Chiara Pérez en manos de su pareja, Manuel Mansilla, quien la asesinó a golpes en mayo del 2015. Desde ese entonces y hasta la actualidad, se contabilizaron casi dos mil femicidios en Argentina.
Según los últimos datos de la del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en 2021 hubo un total de 251 femicidios, entre ellos 20 vinculados (crímenes cometidos contra terceras personas con el fin de causar dolor a una mujer) y 5 trans-travesticidios: uno cada 35 horas.
Si bien implican una reducción respecto a años anteriores los datos continúan siendo alarmantes. Según el informe, el 62% de los asesinatos fueron llevados a cabo por la pareja o expareja de la víctima. Además, al menos 42 de ellas habían realizado denuncias formales contra sus agresores, mientras que en 81 casos se relevaron hechos previos de violencia que surgieron por otros medios a partir de la revisión de expedientes judiciales.
“Los femicidios bajaron 13% en el último año, lo que demuestra que, cuando el Estado invierte, los resultados finalmente se ven. Son 20 femicidios menos de lo que daba en 2020 a 2021, es la tasa más baja de la historia del registro”, dijo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, entrevistada por El Destape Radio.
“Estos datos para nosotras son auspiciosos porque demuestran que lo que se necesita es más Estado, más políticas, más presupuesto. Uno podría decir que nunca es suficiente porque el fenómeno de las violencias es muy profundo, muy extendido y al que el Estado ha llegado muy tarde. Pero muestra que cuando el Estado invierte (nosotros hablamos en términos de inversión y nunca en términos de gasto) los resultados y los impactos finalmente se ven», apuntó la ministra.
En la misma línea, Linares indicó que “los desafíos en relación al abordaje de las violencias aún son grandes”, ya que “nuestro país es de una enorme extensión, y es preciso federalizar y territorializar la política pública”. Por lo tanto, se requiere que “a nivel municipal y provincial se destinen más y mejores recursos”.
Para la funcionaria, “no caer en lo que se llama ‘el cuarto propio’ sigue siendo un desafío”. En otras palabras, “esto implica no pensar que desde un único organismo del Estado se va a resolver un problema de la profundidad que tiene la violencia por motivos de géneros” alejado de la perspectiva de seguridad, sino referido a una problemática estructural de desigualdad.
Reforma judicial feminista
Una de las principales discusiones impulsadas por el movimiento feminista en la actualidad es la necesidad de reformar el sistema judicial para que se garantice su libre acceso, además de la incorporación de la perspectiva de género en la toma de decisiones.
Tomando en cuenta los últimos datos de la CSJN, sólo el 16% de las víctimas de femicidios pudieron acceder al Poder Judicial de manera formal buscando respuestas a su situación de violencia, y aún así los resultados fueron negativos. Además, más del 30% ya había registrado antecedentes a través de otros medios.
“Sin lugar a dudas es un desafío sostener y avanzar en nuestra agenda. Es una agenda que molesta, y que incluso hay personas, como los libertarios, que dicen que la eliminarían directamente”, destacó Linares.
Y concluyó: “Nosotras tenemos esa enorme responsabilidad de no dejar que los discursos misóginos, guerreristas, violentos y derechistas ganen la agenda pública. Eso sería algo muy malo para nuestra democracia, no solo para nosotras y nosotres, sino para todes. El feminismo es una agenda de esperanza de un mundo más justo e igualitario, sin dudas”.