Cuando se votó la ley de alquileres en el 2020 dijimos que la pelea empezaba en ese momento. Porque sabíamos que a partir de la sanción el mercado inmobiliario haría lo imposible para incumplirla sistemáticamente. Contaron con el apoyo de los medios de comunicación que llevaron adelante una campaña feroz, poca veces vista, en contra de la normativa.
A pesar de los derechos conquistados, el discurso del mercado inmobiliario y mediático planteó que la ley perjudicaba a los propietarios, las inmobiliarias, y también ¡a los inquilinos! Imposible que una ley perjudique a sectores con intereses contrapuestos, o pagás alquileres carìsimos y beneficia a los propietarios perjudicando a los inquilinos, o pagás alquileres por debajo de la renta que espera el mercado y beneficia a los inquilinos.
La campaña contó con el apoyo tácito del Ministerio de Hábitat. La ley de alquileres no se hizo carne, nadie conoce los derechos conquistados, y mucho menos se firman contratos de alquiler bajo la ley. Por lo tanto, ¿cómo defender algo que no se conoce? Las organizaciones inquilinas hicimos todo para difundir los derechos, para denunciar el incumplimiento sistemático y deconstruir el discurso hegemónico anti derechos.
La derecha se sumó y decidió, usando a los inquilinos de escudo, representar los intereses del mercado inmobiliario y así planteó en la campaña que derogaría la ley de alquileres. El oficialismo mantuvo silencio hasta las elecciones de medio término. Allí, luego de la derrota con Juntos por el Cambio (JxC), Sergio Massa decidió disputar el discurso de la derecha y disparó en un acto en la Cámara de la Construcción Argentina: “La ley de alquileres fracasó, hay que modificarla”. Golpe mortal para aquellos inquilinos e inquilinas que aspiramos a alquilar bajo la ley.
El mercado leyó esta señal como la vía libre para no cumplir la ley, y avanzar en la modificación en el Congreso Nacional. El 1º de marzo, en la apertura de sesiones, el presidente Alberto Fernandez instó a “avanzar en los cambios necesarios a la ley de alquileres”. Gabriela Cerruti y Jorge Ferraresi también sumaron declaraciones para deslegitimarla. El camino estaba allanado para que JxC y el mercado inmobiliario avanzaran en sus propósitos.
Dictamen inmobiliario
El pasado miércoles se llevó adelante la última reunión de comisión de presupuesto y legislación general. Allí el bloque federal que preside Graciela Camaño, unificó dictamen con JxC y los libertarios para entonces tener la mayoría en la Cámara de Diputados y lograr la modificación a la ley de alquileres.
El dictamen escrito por las inmobiliarias dice lo siguiente:
- El plazo del contrato pasará a ser de 2 años
- El precio aumentará cada 3 meses y no tendrá índice, lo podrá decidir el mercado.
- El propietario podrá exigir el pago por adelantado de 6 meses o 1 año de alquiler como sucedía en la última dictadura.
Significa una regresión en derechos que nos pueden remitir a la última dictadura o a la década infame. Es entregarle al mercado inmobiliario el poder absoluto de decidir quién podrá alquilar y quién no. Si ya tienen ese poder, será aún más escandaloso.
La semana que viene, o la otra, en la Cámara de Diputados se votará la modificación y la oposición cuenta con los votos, tendrán media sanción y luego se dirimirá en el Senado. La suerte ya está echada.
La ley de la selva
Alquilar una vivienda hoy en Argentina es la ley de la selva, del mercado. El estado de discusión permanente de la legislación y la ausencia del Estado como mediador en una relación tan desigual y sensible ha generado que sea el sálvese quién pueda, y la única que se salva es la rentabilidad de los propietarios. Los alquileres se están dolarizando en las ciudades turísticas, los requisitos que imponen las inmobiliarias son cada vez más excluyentes y pagar el alquiler requiere renunciar a otros gastos o endeudarse. A pesar de todo esto aún no se convirtió en política pública.
Los inquilinos y las inquilinas, frente a este estado de indefensión se organizan en cada rincón del país. Hay una conciencia que empieza a desarrollarse, el acceso a la vivienda no es un derecho individual sino colectivo. La vivienda no llegará por un sorteo o una herencia, o un crédito bancario. El acceso a la vivienda se conquista como cualquier derecho y la disputa es por el rol del Estado frente al poder del mercado.
En los próximos días seguiremos dando batalla para que no modifiquen la ley de alquileres, pero la pelea fundamental es lograr que cualquier proyecto político popular tenga un programa para resolver el acceso a la vivienda que no sea neoliberal, sino que, al igual que con el resto de los precios de la economía, el Estado cumpla el rol que debe cumplir: regular para proteger al conjunto del pueblo.
O la vivienda es un derecho, o es un negocio.