En abril de 2021 comenzó, al menos públicamente, el primer episodio de la interna a cielo abierto del Frente de Todos. En ese capítulo se enfrentaron el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, funcionario clave de La Cámpora en el área energética. Una interna que en ese momento se vio como un “escándalo” o una pelea “bizarra”, porque los modos de Guzmán fueron un tanto brutos ya que simplemente dejó correr la bola (el famoso off the record) de que Basualdo había renunciado. Pero Cristina Fernández salió a bancar a su funcionario y Guzmán quedó en offside. En ese momento la interna dejó una conclusión: el entonces ministro no logró hacer renunciar a un funcionario de bastante menor nivel que él en el escalafón.
Visto de este modo, la interna en el área energética fue una muestra condensada de lo que luego iba a ser la interna abierta y declarada del gobierno nacional. Porque no se trataba sólo de qué hacer con las tarifas de los servicios públicos de electricidad y gas, sino que representaba un trasfondo mucho más denso.
Tarifas y distribución del costo
La discusión sobre qué política tarifaria llevar adelante provoca un impacto inmediato en las facturas de usuarios y usuarias. Una lectura gruesa indica que tiene un impacto directo en las elecciones. El gobierno de Alberto Fernández aumentó en dos tramos un total de 40% para todo 2022 para la mayoría de los hogares y de un 20% para los que reciben Tarifa Social. Hoy, el 70% de las facturas de electricidad de los usuarios residenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se encuentra casi la mitad del consumo del país, lo paga el Estado, y el 30% del costo restante lo pagan los usuarios (las facturas de gas tienen menos costo y peso en los subsidios).
Cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno en 2015, los usuarios afrontaban el 15% del costo de las facturas y el 85% restante lo hacía el Estado. El modelo se basó en tarifas bajas y planchadas, pero con inflación y altos subsidios. Así fue toda la política tarifaria del kirchnerismo para salir de la convertibilidad.
El tarifazo de Macri-Aranguren llevó esa proporción a 65% de las facturas a cargo de los usuarios y el 35% del Estado. Al contrario de lo que circula, los subsidios no van directamente a las compañías distribuidoras (Edenor, Edesur, Edelap, etc.), sino que el Tesoro los gira a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa), que vende la energía a las distribuidoras. Para analizar el margen de ganancia de las distribuidoras hay que observar cómo se va moviendo el Valor Agregado de Distribución (VAD).
La política tarifaria es un tema sensible en el país, sobre todo en el AMBA, donde en los picos de verano e invierno los usuarios recuerdan lo frágil que es todo el sistema eléctrico sobre el cual viven. Los cortes de suministro generan mal humor social. Incluso, por este motivo, en 2013 el kirchnerismo amagó con una estatización de Edesur, aunque no la concretó.
Las tarifas reviven algo a veces olvidado en la memoria colectiva que tiene que ver con una de las principales luchas políticas de los dos primeros años del gobierno de Macri, cuando implementó un tarifazo impagable con el argumento de que la suba equivalía “a dos pizzas” (Alfonso Prat Gay, 15 de diciembre de 2015), pero con el objetivo final de que los hogares se hagan cargo del 100% de las facturas.
Subsidios
Pero en la interna energética del gobierno hay otro tema clave, que excede al área de la Secretaría de Energía: qué hacer con los subsidios energéticos, que este año -todo indica- superarán los 15.000 millones de dólares. Sí, un tercio de la deuda de Macri con el FMI.
Es decir, qué hacer con el montón de subsidios energéticos que se van todos los años (este 2022 mucho más por la suba de los precios internacionales de la energía) para cubrir los objetivos de la política económica oficial. O, dicho de otro modo, desatar ese nudo implica también desatar el nudo del acuerdo del gobierno con el FMI.
Los subsidios energéticos están destinados principalmente al sector de la electricidad y, en segundo lugar, al gas. En 2021 se llegó a los 11.000 millones de dólares, que estuvieron distribuidos en 7.317 millones a la electricidad y 3.117 millones al gas. Los casi 570 millones restantes están distribuidos en ítems energéticos menores. Los datos surgen de un estudio de la consultora Economía y Energía de Nicolás Arceo, ex funcionario de la segunda presidencia de Cristina Fernández. Los subsidios a la energía de 2021 fueron un 77% más que en 2020 y un 131% más que los de 2019.
Mientras en 2020 alcanzaron los 6.232 millones de dólares, representando un 1,6% del PBI, en 2021 los 11.000 millones mencionados implicaron un 2,3%. Todo indica que los más de 15.000 millones de 2022 marcarán un fuerte crecimiento porcentual. Esto es nodal para las metas del acuerdo del gobierno con el Fondo y es central en la interna del Frente de Todos.
Comparativamente, los subsidios en 2010 fueron de 5.281 millones (1,2% del PBI); en 2012 treparon a 9.854 millones (1,7%); y en 2014 subieron a 15.753 millones (2,8%). Con Macri, en 2016 fueron de 14.325 millones (2,6%) y en 2018 y 2019 bajaron (tarifazo) y representaron el 1,3% y 1,1%, respectivamente.
La segmentación que supimos conseguir
En Argentina pagan tarifas similares y reciben los mismos subsidios un hogar medio y pobre y un hogar que calefacciona su pileta de un country y pone en 28° el aire acondicionado “para estar en remerita en casa” en invierno. No suena muy justo. Ese fue el modelo 2002-2015. Pero, después de probar la política de congelamiento y su opuesto, el fuerte tarifazo neoliberal, el sistema político argentino parece que llegó a un acuerdo: algo había que hacer con esto.
El viernes 15 de julio pasado culminó un proceso largo en materia energética. La puesta en funcionamiento efectiva de la segmentación de tarifas es todo un hito. La ministra Silvina Batakis se inclinó por una segmentación “por ingresos”, como quería Guzmán y Alberto Fernández, y no “por zonas geográficas”, como quería Basualdo y Cristina Fernández. La presentación de la medida estuvo a cargo del secretario de Energía, Darío Martínez, un funcionario con aspiraciones a la gobernación de Neuquén que en la interna se ubicaba en el medio, pero que desde comienzos de 2022 se definió por encolumnarse con el cristinismo (eso explica por qué es el único secretario que quedó en el Ministerio de Economía luego de la salida de Guzmán).
Tras algunas resistencias, Martínez tuvo que poner la cara en la conferencia de prensa junto a Santiago Yanotti, funcionario de confianza del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a cargo política y técnicamente de la implementación de la segmentación de tarifas luego de la salida de Santiago López Osornio, el único funcionario que le respondía al ex ministro en la cartera energética y que tenía como objetivo la segmentación.
En esa conferencia, Martínez dejó números interesantes para observar el impacto que tendrá la medida, que afecta a 17 millones de hogares de la red eléctrica y 9 millones conectadas a la red de gas. Más allá del éxito en su implementación (que depende de cómo avancen los entes reguladores y de cuántos hogares completen la declaración jurada si el gobierno no quiere arriesgarse a un tarifazo a quienes -por distintos motivos- no lo hagan en medio de la creciente inflación), el impacto en el ahorro fiscal será de 15.000 millones de pesos en lo que queda de 2022. Pero Martínez fue más allá y dio una cifra para todo 2023: el ahorro de la segmentación tarifaria para el año que viene acumulará 80.000 millones de pesos. Al dólar oficial de hoy, implica un ahorro de 590 millones en la moneda estadounidense, un monto bastante insignificante en comparación con los más de 15.000 millones que se llevarán los subsidios energéticos en 2022.
La segmentación divide en tres a los grupos de usuarios residenciales: el grupo de altos ingresos, que equivale al 10%, dejará de percibir subsidios y pagará la tarifa plena. El grupo de ingresos medios, que representa el 60% de hogares, seguirá con subsidios y tendrá un aumento intermedio (como el 42% de suba las tarifas de 2022). Y, por último, el grupo de ingresos bajos (Tarifa Social), que es el 30% de los hogares y este año tuvo un incremento menor (20% para todo 2022).
FMI
A fines de enero, cuando el gobierno nacional llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el primer comunicado del organismo remarcó: “Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”. Es por eso que en la lógica de Guzmán, reducir los subsidios energéticos acercaba al cumplimiento de las metas con el FMI. Pero ahora está Batakis. Y para analizar qué rumbo va tomando es fundamental ver cuál es el porcentaje del PBI que destina a este rubro, porque es un engranaje clave en el cumplimiento del acuerdo.
De todos modos, los subsidios energéticos de 2023 también dependerán de la velocidad con que se construya el Gasoducto Néstor Kirchner, que une Vaca Muerta con los grandes centros de consumo del país. Si se llega al próximo invierno con el ducto operativo, Argentina se ahorrará varios barcos de Gas Natural Licuado (GNL), que es enormemente más caro que la producción local de gas.
Con la guerra en Ucrania, el precio del GNL saltó de 8,3 a picos de 50 dólares por millón de BTU. Además, el contrato de importación de gas con Bolivia implicó la duplicación del fluido a partir de este año. Si el país tiene que repetir las importaciones de buques de GNL para cubrir el pico de la demanda de gas invernal, seguramente el gasto en energía de 2023 irá en línea con los de 2022.
Otro tema relevante tiene que ver con lo que ocurra con el precio del gasoil y otros combustibles líquidos, ya que el país tiene que importar para cubrir la demanda que no llega a abastecer con la producción en las refinerías. Hay otro subsidio energético destacado que se vincula con los dólares que destina el gobierno al Plan Gas, que van directo a las petroleras que producen hidrocarburos sobre todo en Vaca Muerta.
Las importaciones de energía que necesita Argentina (desde el gas boliviano desde el norte, los buques de GNL que importa Enarsa y los barcos con combustibles líquidos que trae Cammesa para la generación eléctrica) demandan muchos dólares que la reserva del Banco Central no tiene. Es por eso que el alto monto de los subsidios totales en 2022 suponen un injusto esfuerzo que realiza toda la población de un país que no controla bajo otro modelo los resortes claves de un área estratégica.