El pasado 12 de julio se presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el ‘Mapa de la Policía’. Se trata de una plataforma web que apunta a fomentar “un control ciudadano de las fuerzas de seguridad” porteñas, tal como explicó Ofelia Fernández, legisladora del Frente de Todos e impulsora de la iniciativa.
El relevamiento y elaboración del Mapa fue realizado en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), El Equipo de Investigación Política (EDiPo) de la Revista Crisis y el medio de comunicación autogestivo El Grito del Sur.
En la página web se puede acceder a todas las comisarías que se encuentran en cada comuna de la Ciudad y ver sus autoridades, legajo y antecedentes en la fuerza. Además existe la posibilidad de denunciar actos de abuso o violencia por parte de los agentes, no solo de la policía del distrito, sino también de otras que operan en el territorio porteño.
“La policía es de por sí una fuerza opaca, de hecho es una de las instituciones más opacas del sistema democrático. Nuestra iniciativa implica organizarnos para que exista un control sobre la fuerza. Ya sea comunitario, ciudadano, popular pero que sea por parte de la sociedad”, explicó Stephanie Darling del EDiPo en diálogo con Paula Sabatés en el programa radial Crónica Anunciada.
Asimismo agregó que “el mapa es un aporte a la transparencia, a proveer a la ciudadanía la información que muchas veces el Estado escatima”. “Identificamos en eso un verdadero problema en cuanto a la información que tenemos de la policía: cómo se manejan, quiénes son las autoridades, cómo se articulan, hasta dónde el accionar es legítimo o un abuso de poder”, detalló.
En la plataforma también hay un relevamiento de casos de gatillo fácil. La investigación llevada a cabo por los periodistas Ludmila Ferrer y Matías Ferrari de El Grito del Sur reveló que desde que la policía pasó a estar controlada por el gobierno porteño en 2017 hubo al menos 38 casos. Sobre ese total, la mayoría (66%) se produjo en los barrios del sur. Además el 71% de las víctimas tenían menos de 35 años (siete eran menores de 18 años) y en siete episodios la víctima murió a causa de uno o más tiros por la espalda.
“El sistema de seguridad de por sí tiene una falla de orígen que persiste, pasen los tiempos y los gobiernos, y es que se cuida a un sector mínimo de la sociedad de esa supuesta clase peligrosa”, subrayó Darling. Por eso afirmó que este proyecto “es para elles, para quienes reciben los palos de manera injusta”. “Queremos revertir ese órden, que sea más equitativo y que esas injusticias no sucedan más”, sentenció.
Finalmente sostuvo que “el proyecto apunta a ser federal” y quienes lo impulsan buscan “colectivizar la experiencia y poner las herramientas informáticas a disposición de forma gratuita y solidaria”.