El mundo Jul 30, 2022

El exitoso caso del modelo económico boliviano

La nacionalización de los hidrocarburos y una fuerte inversión pública permitieron al país andino reducir la pobreza, mantener la inflación más baja del continente y sostener un crecimiento económico significativo.

En las últimas semanas, caracterizadas a nivel internacional -y especialmente en nuestro país- por las altas tasas de inflación, varios medios de comunicación hicieron referencia al modelo económico boliviano. El motivo: ser una de las economías con precios más estables de la región y del mundo, en el marco de un crecimiento sostenido y de una mejora en todos los índices sociales. 

Su presidente Luis Arce señaló en Twitter que el primer semestre de 2022 la inflación en Bolivia fue de solo 1,2%. Diferentes analistas remarcan la estabilidad en el tipo de cambio (que no se modifica desde 2011), el equilibrio fiscal y la solidez macroeconómica general del país. La fortaleza del peso boliviano se verifica en el hecho de que el 85% de los ahorros son en la moneda nacional.

El comienzo del llamado “milagro boliviano” debe situarse con la llegada al poder de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el año 2006. El triunfo electoral de la izquierda fue precedido a su vez por un importante proceso de rebelión popular en varios actos que se extendió desde octubre de 2003 (la llamada “guerra del gas”) hasta 2005. 

Durante el proceso, diversos sectores populares bolivianos (la población urbana de El Alto, mineros, maestros, choferes, trabajadores de la Central Obrera Boliviana, movimientos campesinos y comunidades originarias) se pusieron de pie contra décadas de gobiernos neoliberales que representaban exclusivamente a la élite blanca y propietaria. 

En esas jornadas nació la llamada “Agenda de Octubre” de los sindicatos y movimientos sociales, entre cuyas principales exigencias se encontraba la nacionalización de los hidrocarburos (gas natural y petróleo) y la priorización del abastecimiento interno a bajo costo. Finalmente el proceso de rebelión popular -que adquirió aspectos insurreccionales- produjo la renuncia de los presidentes Sánchez de Lozada en 2003  y Carlos Mesa en 2005.

Fue precisamente en ese contexto en el que llegó al gobierno el MAS boliviano con un 54% de los votos. Desde el comienzo de su mandato, Evo Morales llevó adelante la estatización de los recursos del subsuelo boliviano, lo que permitió negociar contratos con las empresas extractivas para que continuaran con la explotación de los hidrocarburos a cambio de un incremento significativo de la participación estatal en los beneficios. 

Este crecimiento en la renta capturada por el Estado (totalizando entre 2006 y 2019 más de 37 mil millones de dólares que de otra forma se hubieran fugado hacia los países a los que pertenecen las empresas extractivas) permitió a Bolivia mejorar su balanza de pagos y acumular gran cantidad de reservas internacionales, lo que a su vez otorgó estabilidad a la moneda boliviana y, por esa vía, a todo el sistema de precios.

Pero lo más interesante del caso boliviano es que estos beneficios macroeconómicos no fueron -como en el caso de las recetas neoliberales- el producto de políticas de ajuste y de ataques al nivel de vida de los sectores populares, sino todo lo contrario. 

El Estado boliviano utilizó parte de esas reservas internacionales para incrementar fuertemente la inversión pública en infraestructura, servicios públicos y desarrollo industrial. El acceso a la propia red de gas fue democratizado gracias a esta política (que incluyó subsidios para la instalación en las viviendas populares), incorporándose a ella más de 2,8 millones de personas que hasta el momento debían cocinar a leña.

Al igual que en el caso de hidrocarburos, el gobierno del MAS también nacionalizó el litio en 2008, avanzando con la construcción de laboratorios y plantas industriales para permitir el procesamiento de ambos recursos naturales y el agregado de valor a los mismos. Se trata de una estrategia que apunta a un desarrollo económico soberano, acumulando capacidad tecnológica local, generando empleo, dinamizando la demanda y aportando ingresos económicos directos al Estado.

En el caso del litio, el gobierno boliviano intenta avanzar con la firma de acuerdos con empresas extranjeras que permitan la instalación en Bolivia de fábricas para desarrollar baterías, un bien de alto valor y gran demanda internacional que se vuelve cada vez más estratégico con el crecimiento de la demanda mundial de automóviles eléctricos. 

En este sentido, es importante destacar también que el expresidente Evo Morales realizó una propuesta explícita a la Argentina para realizar conjuntamente este desarrollo industrial entre ambos países. Una oferta que parece haber sido aceptada, aunque no estén claros todavía los alcances del acuerdo.

Los resultados globales de estas políticas públicas pueden medirse con varios indicadores concretos. El PBI de Bolivia se cuadruplicó durante entre 2006 y 2013, triplicándose su PBI per cápita, es decir, la proporción entre la riqueza nacional y la cantidad de habitantes.

Además, aumentó el salario real y la pobreza extrema cayó en más de 20 puntos. El salario mínimo se multiplicó por 6, llegando en 2019 a superar al de Argentina. Creció también el acceso a la educación secundaria, se redujo la mortalidad infantil y disminuyeron las emigraciones (de 40 mil personas por año en el período 2000-2005 a 5 mil durante los últimos 7 años del Gobierno de Evo Morales) como resultado de la mejora de la situación económica.

El caso boliviano es un interesante ejemplo que muestra que en los países de América Latina con altas tasas de pobreza y un considerable retraso tecnológico y de capital en relación a las grandes potencias mundiales, es posible conseguir estabilidad macroeconómica y crecimiento en todos los indicadores evitando las políticas de ajuste y, en su lugar, incrementando la participación estatal en las ganancias, la inversión pública  y el gasto social.

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