La justicia del Chubut declaró culpable a Santiago Goodman, ex secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) por el delito de incendio gravoso a la Legislatura provincial. Se trata de un grave avance en la criminalización de la protesta social por parte del Poder Judicial, en consonancia con un gobierno que aplica políticas fuertemente resistidas por la población, pero que se sostiene, por un lado gracias al apoyo mediático, de la justicia y los sectores exportadores; pero también porque es una pieza clave en el armado del Frente de Todos como parte de la fuerza de Sergio Massa.
Frente a esto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) repudió el fallo y lo calificó de vergonzoso. “Demuestra la intención de criminalizar y judicializar la protesta social”, sostuvieron desde el gremio. Asimismo convocó a un paro nacional para el 10 de agosto y nuevamente los conflictos de la provincia patagónica cobran resonancia nacional.
Para comprender la condena a Goodman es importante entender el contexto en el que se dieron los hechos y por los que se busca criminalizar la protesta social, a partir de individualizar referentes de las luchas en Chubut. La situación de la provincia patagónica es un interminable subibaja de conflictos sociales que cuenta con varios estallidos en los últimos años; una provincia rica en recursos y con poca población, pero condenada a un modelo que beneficia al sector exportador mientras empobrece al pueblo.
En 2019 cuando se ahumó -no se incendió- la Legislatura provincial, las y los trabajadores estatales padecían un pago escalonado según el rango salarial, lo cual generó retrasos de hasta tres meses en el cobro de haberes. En el marco de esas protestas, el gobierno que había incumplido las paritarias firmadas antes de las elecciones de junio, respondió con un proyecto de ley en la Legislatura en el que se aumentaba (casi duplicaba) los sueldos del personal del Ejecutivo. Al mismo tiempo, el Poder Legislativo suspendió la interpelación al entonces ministro de Seguridad, Federico Massoni, por una represión paraestatal en la que una patota golpeó durante la madrugada a docentes en un corte de ruta, ante la mirada del funcionario quien observaba desde una camioneta civil.
El 17 de septiembre de 2019, cuando el epicentro de las protestas se daba en la capital provincial, se produjo el accidente en que dos docentes de Comodoro Rivadavia, María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, perdieron la vida mientras volvían de participar del plenario de delegados del sindicato y de las movilizaciones en Rawson.
Es en ese marco que se da la fogata en la explanada de la Legislatura, así como durante la madrugada la quema de una de las puertas de la Casa de Gobierno -finalmente incendiada casi por completo dos años después en otro estallido social-. La policía liberó la zona de la Legislatura y reconoció en el juicio que su actuación se había reducido a realizar espionaje ilegal. No obstante, si bien no pudieron determinar la autoría del fuego en ninguno de los dos edificios, si probaron que Goodman trasladó cubiertas y arrojó algunas a la fogata del exterior del edificio legislativo. El ex secretario general declaró por su parte que se sintió presionado para endurecer las protestas cuando se conoció la muerte de las docentes en la ruta.
Frente al fallo del jueves 4 de agosto que individualiza y condena a Santiago Goodman, se realizó una conferencia de prensa por parte de distintos sindicatos y organismos de Derechos Humanos. Desde la CTA de los Trabajadores denuncian una operación dirigida a acusar a quienes encabezaban la defensa de los derechos laborales y aseguran que es una causa armada por la que lamentablemente la provincia vuelve a ser noticia. Asimismo, la CTA Autónoma agregó que no es un hecho aislado sino que está relacionado con los allanamientos que buscan criminalizar referentes ambientales por los hechos de diciembre de 2021.
Desde la actual conducción de ATECH, hicieron hincapié en la justicia cómplice de los gobiernos y que sostiene un sistema de privilegios para los poderosos (grandes empresas y terratenientes) mientras criminaliza la lucha de los trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios y la población que se opone a la megaminería. Explicaron también que realizaron una denuncia contra el espionaje en la fiscalía federal en donde el juez Gustavo Lleral se declaró rápidamente incompetente y los mandó a denunciar a la fiscalía provincial, justamente la que hace uso y promueve el espionaje ilegal. Es por eso que adelantaron que desde el sindicato convocarán a todas las organizaciones gremiales y sociales de la provincia para hacer una denuncia en conjunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el juicio a Goodman, la defensa alegó lo que se viene denunciando por el sindicato y las organizaciones sociales pero en términos legales: la policía recibió órdenes de liberar la zona y no intervenir en la fogata, asegurando que estaba controlada. Justamente, el fuego nunca excede la fogata y se apaga solo, sin intervención de bomberos, sin avanzar sobre el edificio. Se acusa de incendio cuando a lo sumo solo hubo daños; las fuerzas idóneas para controlar una situación (que ni siquiera se fue de control), dejaron que ocurra para buscar fabricar un delito y un delincuente.
Fiscalía y querella solicitaron declarar la culpabilidad por incendio o daño doloso de Goodman y la coautoría de Mariana Castro y Marcela Ancaleo como partícipes secundarios. El querellante Martín Castro, en representación del Estado damnificado en carácter de “víctima”, sentenció un claro posicionamiento político al declarar que “Goodman es un referente sindical que siempre estuvo en contra de los funcionarios públicos de este gobierno, y no es una persona que se detenga fácilmente o se deje someter”. Desde la Comisión Contra la Impunidad y por La Justicia, ONG que acompaña a víctimas y familiares de violencia institucional en Chubut y quienes estuvieron cubriendo el proceso, sentenciaron en su última crónica: “La Fiscalía no tiene pruebas, pero tampoco vergüenza”.
Mariana Castro y Marcela Ancaleo, fueron absueltas y la misma suerte corrieron los tres imputados por el incendio en una puerta de la Casa de Gobierno durante la madrugada de esa tarde. Pero la jueza María Tolomei condenó a Santiago Goodman por el delito de incendio en calidad de coautor contra la Legislatura provincial, acusándolo de todos los daños producidos esa noche.
El Ministerio Público Fiscal solicitó cinco años de prisión para el ex secretario general del principal gremio docente provincial. Es por eso que el próximo miércoles 10 de agosto se realizará la audiencia de “cesura de pena” que definirá la condena en el marco de un paro nacional docente y una movilización a Rawson desde todos los puntos de la provincia.
Arcioni: un gobernador todo de Massa
El ex gobernador (ya fallecido) Mario Das Neves abandonó el kirchnerismo en 2009 y en 2011 su candidato del PJ Modelo Chubut, Martin Buzzi, ganó contra el de Nación, PJ – Frente para la Victoria (FPV), en unas elecciones que dos meses después tuvieron que repetir mesas impugnadas para poder definirse. Das Neves se candidateó a nivel nacional como vicepresidente de Eduardo Duhalde, fórmula con la que quedaron en quinto lugar con el 5% de los votos ganando solo en la Antártida y en dos departamentos chubutenses; su delfín esperó a asumir para aclarar que se encolumnaba en el proyecto nacional de Cristina Fernández de Kirchner, quien había sido reelegida con el 54% de los votos nacionales.
Tras esta “traición” a la fuerza provincial, Das Neves sacó el 52% con el Partido Acción Chubutense en las elecciones legislativas de 2013 y estableció un trabajo conjunto en las cámaras con el Frente Renovador de Sergio Massa, desde donde jugaron fuerte para evitar una posible alianza con Daniel Scioli en 2015, resistida por el FPV provincial. Ese mismo año logró volver a la gobernación con un margen ajustado pero con boleta corta, sin candidato nacional. Lo acompañaba en la fórmula un escribano de Comodoro Rivadavia, desconocido en la política pero amigo personal de Massa desde que estudiaban Derecho en la Universidad de Belgrano a principios de los ‘90.
Mariano Arcioni es famoso por su campaña de 2017 en donde aseguraba que como diputado nacional defendería a Chubut de las imposiciones del gobierno nacional de Macri: el ajuste y la megaminería. No había alcanzado a asumir ese rol cuando falleció Das Neves y eligió quedarse como gobernador: accedería a su mandato propio en 2019 afirmando que le pondría fin al extractivismo en la provincia y firmando paritarias que luego incumplió.
Fue en esas elecciones de junio que Massa viajó a Chubut a mostrarse victorioso con Arcioni. Durante los festejos se dio el cruce con Alberto Fernández que lo invitó en vivo por C5N a tomar un café en su vuelta y terminar de cerrar lo que sería el Frente de Todos.
Desde entonces Chubut vivió en conflicto social constante, situación algo atenuada con los y las estatales por la cuarentena. Pero este fue el momento en que las fuerzas de seguridad a cargo del ex ministro Massoni dieron rienda suelta a balear vecinos en barrios populares, golpear jóvenes y crear centros de detención alternativos que fueron noticia por su arbitrariedad y brutalidad. Massoni estaba presente de incógnito la noche en que patotas golpearon a docentes en Comodoro Rivadavia, fue el que organizó la seguridad el día que apedrearon la combi en la que Alberto Fernández se desplazaba en Lago Puelo con la idea de visitar las zonas afectadas por los incendios de febrero y marzo de 2021, y es señalado, entre otras cosas, como responsable por el fusilamiento de Tino John, vecino de El Hoyo al que el Grupo de Operaciones Especiales asesinó en su propia casa.
En el campo económico, Chubut se destaca como la cuarta provincia que más exporta en el país, generando gran cantidad de divisas por la industria petrolera, aluminio, energía eléctrica, pescados, mariscos y lana; todo en una población que recién en el último censo superó los 600 mil habitantes. Su principal problema económico no es el pago de sueldos sino los enormes vencimientos de deuda que enfrenta, ahogada por un modelo de maldesarrollo que combina un eterno ciclo de extractivismo y deuda. Los sectores exportadores sobre quienes se recauda poco y los acreedores de la deuda, que tienen por ley el pago automático de las regalías petroleras, son los principales beneficiados de este esquema que configura un Estado provincial rico en recursos pero cada vez más saqueado y empobrecido.
La cereza del postre fue el proyecto que el gobernador Arcioni diseñó a escondidas con el ex ministro Matías Kulfas -a cargo entonces del ex Ministerio de Desarrollo Productivo-. Dos décadas llevaba la población chubutense resistiendo la megaminería a cielo abierto cuando la propuesta del gobernante que llegó diciendo lo contrario, se resumió en que la única salida posible para la situación provincial era profundizar el extractivismo.
La población chubutense salió a la calle tras la sesión de la Legislatura que en diciembre pasado habilitó la megaminería en dos departamentos de la provincia. La represión encarnizada de la policía provincial solo logró que día a día las movilizaciones sean más grandes y todo el pueblo tome las principales ciudades y rutas, así como descargó su bronca contra los edificios públicos de la capital provincial incluida la Casa de Gobierno. En menos de una semana Arcioni, quien había dicho que jamás daba un paso atrás, tuvo que convocar a una nueva sesión para dar por tierra con la ley y calmar los ánimos.
El homenaje más literal a dos décadas del 2001 lo hizo el pueblo de Chubut y, paradójicamente, triunfó un 20 de diciembre contra un gobernador de quien ahora se presenta como quien va a calmar a los mercados. Sergio Massa propone muchas de las recetas que en la provincia del centro patagónico calman a los mercados pero no a la población. Facilidades para el sector exportador y ajuste para el pueblo es el modelo ya aplicado en Chubut y todo indica que es la fórmula a profundizar en el resto del país por el nuevo superministro.