No se suele pensar “lo ambiental” en el hábitat urbano, sin embargo, se trata de uno de los mayores desafíos actuales. Las ciudades son parte de sistemas integrales que establecen relaciones con otros territorios, con nuestros cuerpos y con nuestra salud.
En las urbes de cemento hay bienes comunes y espacios verdes. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires uno de los principales problemas ambientales es el arbolado.
La desigualdad verde
Hace unas semanas, una polémica desatada por la aparición de árboles de metal y plástico que el gobierno porteño colocó en la Plaza Echeverría del barrio de Villa Urquiza volvió a poner en escena la política extractiva de la gestión PRO sobre los espacios verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta decoración verde apenas duró una semana, porque mientras los verdaderos árboles son clave para absorber el agua de lluvia, los decorativos se caen con la primera tormenta.
Las denuncias sobre la tala y poda indiscriminada y la falta de mantenimiento sobre los que todavía están en pie se inscriben en un avance sistemático sobre los espacios verdes en favor de la renta corporativa. Una política que la administración amarilla viene implementando hace años con consecuencias socioambientales que repercuten principalmente en los sectores más postergados.
Durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se vendieron o entregaron en concesión aproximadamente 200 hectáreas. Si a esto le sumamos los terrenos vendidos u otorgados durante la gestión de Mauricio Macri la cifra asciende a casi 500. Esto es el equivalente a 236 Plazas de Mayo o 630 canchas de River. Del total de hectáreas entregadas a privados solo 150 corresponden a superficies verdes absorbentes.
Esto trae como resultado que, en el distrito porteño, hay en promedio 6 metros cuadrados de espacio verde por habitante y un árbol cada siete personas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció como parámetro saludable para las grandes concentraciones urbanas valores mínimos de entre 10 y 15 metros cuadrados verdes por habitante y de un árbol cada tres residentes. Esto mismo se agrava en los barrios populares, como en el caso de la villa 20 de Lugano donde el déficit es de 1 árbol cada 80 personas.
Cabe recordar que un informe realizado en 2021 por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la UBA y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), reveló que el gobierno de la Ciudad contabilizaba como espacios verdes públicos a patios enrejados con macetas, superficies de cemento bajo las autopistas, bulevares casi sin vegetación y plazoletas en su mayor parte cementadas. Todos lugares que en su conjunto representaban el 40% de las 1600 hectáreas que se contaban en los registros del gobierno de Larreta.
Asimismo, según María Angélica Di Giacomo, fundadora de la Asociación Basta de Mutilar Nuestros Árboles, como consecuencia de las podas los árboles se enferman más fácilmente, son más vulnerables y pierden los beneficios del follaje. Se podan 70.000 por año, pero no se tienen en cuenta sus particularidades, y se sigue adelante con la poda invernal, a pesar de numerosas apelaciones.
A esto se suma que en los espacios verdes el riego artificial está mal implementado, y por mantener algunas especies que no pertenecen a estos climas se ahogan otras, incluso árboles centenarios.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con la Ley 3263 de Arbolado Público Urbano sancionada en 2009. La misma establece los requisitos técnicos y administrativos a los que se deben ajustar todas las tareas de intervención sobre los árboles de la Ciudad y cómo realizar la plantación y/o reposición del arbolado público urbano dando prioridad a las especies autóctonas, nativas de la República Argentina, que se adaptan a las condiciones ambientales locales y al sitio de plantación.
Esta Ley plantea la elaboración y actualización del Plan Maestro de Arbolado Público de la Ciudad de Buenos Aires y lleva un Registro de Árboles Históricos y Notables. Además, establece la prohibición de dañar los árboles en forma total o parcial. Y solo habilita la tala o extracción si el ejemplar está seco o por su estado sanitario, fisiológico o por condiciones físicas que no hagan posible su recuperación.
Desde el Frente de Todes se presentó un proyecto en la Legislatura porteña para modificar esta Ley, entendiendo que el principal problema es que no es respetada por las autoridades del gobierno de la Ciudad. El proyecto plantea un manual de procedimiento para el cuidado de los ejemplares añosos, buscando valorizar, conservar, proteger e incrementar el arbolado público.
A este panorama se le suma una distribución desigual de estos espacios verdes que profundiza aún más la asimetría entre el norte y el sur de la Ciudad y que provoca una diferencia térmica de hasta 23 grados entre ambas zonas. En este sentido, un estudio realizado por Paula Galasino de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) reveló que en un mismo día del verano de 2020 mientras que en los Bosques de Palermo hacían 19º, en Villa Soldati hacían más de 40º.
“En ese momento, la temperatura superficial promedio de la ciudad -que tiene un vínculo estrecho con la temperatura del aire- fue casi de 36 grados. Lo curioso es que mientras en algunos lugares la temperatura era 19 grados, en otros era 42. A grandes rasgos, las temperaturas más bajas se registraron en el norte de la ciudad, y las más altas, en el sur”, explicó a los medios Galasino.
La lógica extractiva y la Ciudad dual
En la Ciudad tenemos un ordenamiento territorial cada vez más dividido. Una estructura urbana social y económicamente desigual. No estamos en una ciudad que sea para todes, sino en lo que se conoce como una “ciudad dual”. La planificación urbana de este tipo de ciudades se da producto de la complicidad entre lo público y lo privado, es decir entre el Estado y el mercado, con un rol clave que tiene el primero para generar esta dinámica de “ciudadanes de primera” y “ciudadanes de segunda”.
Toda esta lógica responde a lo que se conoce como extractivismo urbano, que opera igual que el resto de los extractivismos, pero esta vez el recurso escaso es la tierra pública y los espacios verdes. A la vez el metro cuadrado de la vivienda ya no es ni un bien de uso ni de cambio, sino un commodity. De esta forma, la especulación inmobiliaria se convierte en la lógica extractiva que termina por configurar ciudades excluyentes y asimétricas que expulsan a pobres, migrantes y sectores de la clase media.
En CABA esto genera, por un lado, el encerramiento de los espacios públicos y de las plazas. Con la gentrificación de estás últimas, por ejemplo, terminan quedando para uso de la población que se vio privilegiada por esta organización socioespacial. Así, el modo de construcción de la ciudad habla del estilo de vida que va a llevar la gente.
Esto tiene un gran impacto sobre la salud, más cuando se privatizan espacios verdes y humedales urbanos o se convierten en zonas de sacrificio para la renta de las corporaciones inmobiliarias y con ello se habilita un acceso desigual y excluyente a los mismos.
Por otro lado, el extractivismo urbano provoca la crisis habitacional que padecemos les porteñes hace años. Esta se profundiza cuando el marco jurídico estatal y el poder político de turno, por acción u omisión, dejan indefensos a sectores populares, medios y migrantes ante la voracidad del lucro privado y no intervienen en el mercado inmobiliario.
Finalmente, además de la expulsión de población, el extractivismo urbano también opera con una lógica profundamente antidemocrática donde los vecinos y vecinas son excluidos de las decisiones referidas al planeamiento urbano y reprimidos si protestan o interfieren en el avance de los negocios privados.
Daño social y zonas verdes liberadas
Una de las peores consecuencias de este tipo de extractivismo recae en numerosas familias pobres y migrantes que son obligadas a trasladarse a barrios no urbanizados, carentes de servicios públicos básicos donde terminan viviendo en una permanente emergencia habitacional y sanitaria, y siempre a la merced de la estigmatización y represión estatal.
Los resultados están a la vista: construcción sin control de inmuebles de lujo con finalidad especulativa, alquileres y viviendas cada vez más inaccesibles, familias sin casas y casas deshabitadas, cada vez menos espacios verdes y recreativos.
Es imposible desligar esto del daño al arbolado urbano, ya que de la mano del avance del extractivismo se dan “zonas verdes liberadas” para la extracción y mutilación de árboles por parte de los desarrolladores inmobiliarios, o directamente es el gobierno de la Ciudad quien las realiza, según denuncian desde la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles.
Un relevamiento realizado por ese colectivo detalla mutilaciones y malos tratos que se acomodan a necesidades de emprendimientos todavía no aprobados y extracciones sin justificación. Según explican, lo que se hace es reemplazar ejemplares por otros de menor tamaño que no molesten a los desarrollos inmobiliarios.
A su vez, todo esto está sumamente relacionado con la crisis climática que atraviesa nuestro planeta. Las ciudades son responsables del 70% de las emisiones globales de efecto invernadero. Los árboles emiten oxígeno y absorben el dióxido de carbono que producen los autos, los colectivos, las industrias y los desarrollos inmobiliarios. Son la principal herramienta para mitigar el cambio climático. Por eso no da lo mismo lo que suceda con ellos.