En los últimos días el rumbo de las políticas educativas de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) tomó notoriedad en el marco de las definiciones de la ministra Soledad Acuña y el jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, respecto del ausentismo escolar y “los planes sociales”. Con el argumento de atacar la deserción y la necesidad de que les pibis “estén en la escuela”, el Gobierno de la CABA anunció la reformulación de los requisitos para mantener la regularidad y dejó supeditado a ese cambio el sostenimiento de ciertos programas sociales. La primera pregunta obvia que surge es: ¿este es un abordaje adecuado para encarar la problemática de la deserción?
Vivimos en el distrito más rico del país, pero no por ello poco desigual. En las comunas del sur, es decir las zonas socioeconómicamente más vulnerables, se dan los mayores índices de repitencia, la menor población con estudios superiores alcanzados y la mayor población de 3 y 4 años que no está integrada al sistema educativo. Incluso, según datos oficiales, allí también se registran casos de personas que nunca asistieron a un establecimiento educativo. Es a su vez en esas zonas, donde habita la mayor población que accede al programa Ciudadanía Porteña, presentado por el propio Gobierno de la Ciudad como un dispositivo con el que se “acompaña a familias en situación de vulnerabilidad social a través de programas de subsidios orientados a garantizar el acceso a productos de primera necesidad, el cuidado de la salud y la continuidad educativa”.
Resulta innegable el valor de las aulas como espacio de encuentro, aprendizaje y contención. Partiendo de esa premisa, la medida anunciada parece estar más vinculada a una forma de intervención en el debate público que pretende sacar provecho del sentido común que existe sobre “los planes sociales”, que a una política educativa. Es que si realmente existe un problema de deserción y/o de inestabilidad de las trayectorias, las políticas de inclusión y acompañamiento integrales se vuelven fundamentales.
Tratándose de una gestión que ocupa las oficinas del Ejecutivo local hace 15 años, parecería razonable adjudicarle cierta responsabilidad. Sin embargo, reiteradas publicaciones de funcionarios de la cartera educativa decidieron depositar la responsabilidad en las familias. Fue el jefe de Gabinete de esa área el que planteó: “Es necesario que los adultos cumplan la obligación de llevar a los alumnos a la escuela”. Como si de eso simplemente se tratara. ¿Dónde queda en este contexto la responsabilidad estatal?
En este marco, la licenciada en Educación y Especialista en Políticas Públicas, Roxana Perazza, advirtió que “como contracara al deber de garantizar el derecho a la educación, el Ministerio de Educación [de la CABA] viene sosteniendo posicionamientos electorales que dejan a la escuela en un lugar que propicia la denuncia hacia las familias”. “Si hay un problema de continuidad de la asistencia, debería estudiarse en fino qué pasa y generar políticas de revinculación”, completó.
En tanto, Alejandro Morduchowicz puntualizó en el rol del Estado y la escuela. El especialista en Economía y financiamiento educativo aseguró que “a medida que se amplió la cobertura del sistema se vio que se debía ir por más, y se comenzó a dar apoyo monetario a las familias más vulnerables, pero que creer que eso solo generará mayor retención y mejores aprendizajes es, en el mejor de los casos, iluso”.
Perazza, en la misma sintonía, agregó que “el Ministerio se posiciona en un lugar de cero responsabilidad”. “Lo que me parece más preocupante es el impacto que tiene esto en el sistema, es peligroso que el Ministerio invite a la denuncia y no a reconstruir lazos, a buscar estrategias y construir en conjunto con las familias y diversos actores de la sociedad para que les niñes estén en la escuela en las mejores condiciones”, subrayó.
Vale recordar que en lo que va del año atravesamos el conflicto por las titularizaciones, los recortes en la educación especial, la falta de presupuesto en los terciarios, los casos de asistencia alimentaria en mal estado, los problemas de infraestructura e higiene, la falta de vacantes. Si hubo un factor común en todos esos temas es la falta de diálogo y la ausencia de un abordaje efectivo en función de las urgencias, demandas y emergentes que día a día planteamos quienes habitamos las escuelas. Mientras tanto, Soledad Acuña, quien hace días hizo explícita su intención de ser candidata a jefa de Gobierno el año próximo, está más preocupada por cerrar filas con su electorado más conservador que por gestionar.
¿Es posible otro modelo de Ciudad?
Sin dudas, la respuesta es sí. Sin ir más lejos, en la Legislatura Porteña descansan más de cincuenta proyectos de ley en la Comisión de Educación, así como otras decenas de declaraciones y pedidos de informes sobre todos y cada uno de los temas que son urgentes para las comunidades educativas, y también sobre aquellos que el oficialismo pone en la agenda pública pero se niega a debatir.
Hay proyectos que proponen titularizaciones masivas, un sistema de alimentación escolar alternativo, un régimen para democratizar las salidas didácticas, sobre el financiamiento educativo, la promoción y difusión de carreras terciarias, sobre los Centros de Primera Infancia y las cooperadoras escolares, infraestructura y vacantes, entre otros. Todo ello, sin mencionar las decenas que se cajonean en otras áreas y que se vinculan con la educativa. Lejos de ser proyectos acabados, son la punta de lanza para pensar que es posible habitar otra Ciudad y transitar debates que fortalezcan la vida democrática del distrito pero, por sobre todas las cosas, que ofrezcan alternativas que enriquezcan a la ciudadanía.
Nos adentramos en los últimos meses del año, quedan varias sesiones de la Legislatura por delante, y no podemos olvidar que se acerca la discusión sobre el presupuesto de nuestra Ciudad para el próximo año ¿Se discutirán los proyectos de educación antes de que muchos pierdan su estado parlamentario? ¿Se reflejarán las urgencias que viven las comunidades en el presupuesto 2023? ¿Qué políticas educativas se construirán para el año próximo?
Podemos avanzar en políticas que den respuesta a la falta de vacantes, a la deserción, a los problemas de infraestructura, que innoven en estrategias y recursos didácticos, que fortalezcan las comunidades y la educación pública, o que reproduzcan las desigualdades y déficits actuales. Ese marco debería significar una oportunidad para discutir cuáles deben ser las prioridades que atender, poniendo en valor un proyecto que atienda a las necesidades y goce de las mayorías.