– Colombia venía siendo -desde hace décadas- un bastión de la derecha continental y un aliado clave de EE.UU. en la región ¿Qué implica esto para el actual gobierno que, en principio, parece mostrar una autonomía mayor respecto a Washington?
– Es importante precisar que Colombia sigue siendo un bastión importante de los EE.UU.; que está ubicado entre los siete países más megadiversos del mundo [NdE: se refiere los países con mayor índice de biodiversidad]; el modelo de desarrollo está centrado en el extractivismo y en la exportación de los bienes ambientales -recursos naturales según el capitalismo-, especialmente minerales y petróleo; y eso genera un enclave de commodities frente al mercado internacional.
Otro elemento importante está dado por la ubicación geográfica de Colombia ante un potencial escenario de conflicto con Venezuela. Esto es fundamental por la disputa de EE.UU. con Rusia y China en el ajedrez del mundo para tener, en un posible escenario de confrontación, aliados claves. Todo esto se traduce en la alta presencia de bases militares estadounidenses y el papel que aún sigue ejerciendo Washington en la dinámica del conflicto armado interno del país.
Entonces, un proceso de descolonización de Colombia frente a EE.UU. va a demorar. Aún tenemos relaciones económicas importantes, financiación en el marco de la supuesta lucha contra el narcotráfico y las inversiones extranjeras mediante la presencia de empresas transnacionales en el territorio.
– El país era, también, el que tenía la guerrilla activa más antigua del continente, con una gran cantidad de líderes y lideresas sociales, y una enorme movilización social que tuvo su última gran oleada en el paro nacional de 2021. De manera sintética para quienes no están familiarizados con la historia del país ¿Cómo confluyeron o incidieron estos sectores en el estallido social del año pasado?
– El país contaba con dos procesos insurgentes, representativos y más antiguos. Uno era la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy convertida en el partido político Comunes a partir de un proceso de paz que culminó con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Pero continuamos con la presencia intacta y fortalecida del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hoy se considera una de las guerrillas más antiguas del continente. Mantiene la lucha armada, aunque estamos en la puerta de los inicios de diálogos de paz para intentar posibilitar una serie de transformaciones frente a la situación que esta organización insurgente ha planteado.
Otro elemento importante del contexto de 2021 es el papel de la movilización social, pero también la resistencia cultural y académica. Esto marcó un giro importante y se refleja en el nuevo gobierno que especialmente se concentró en las juventudes y expresiones organizativas que posibilitaron un ascenso en la lucha social y la visibilización de la vulneración de los Derechos Humanos en el país.
Esto se gesta en medio de una recesión económica, de represión a la protesta social, de asesinatos permanentes contra líderes y lideresas sociales y ex firmantes de la paz, lo que se constituye en un genocidio político. Ese acumulado termina estallando y hay una frase muy importante que marca ese 2021 que es que si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el propio virus.
La gente salió porque Colombia estaba atravesando -no hemos salido aún- una de las peores crisis políticas, económicas, ambientales, sanitarias, de paz y de gobernabilidad en la historia.
– ¿Cuáles son las características de esa crisis? ¿Por qué se llegó a ese punto?
– Esto se expresa por varios elementos. Primero por una reforma tributaria que buscaba castigar a los sectores pobres y a la clase media en decadencia. Por otra parte, por los asesinatos de parte de la policía a la protesta social y gente del común, algo que movilizó la indignación social.
Y un tercer elemento que genera el estallido tiene que ver con una Ley de Solidaridad Sostenible, que iba en sintonía con la reforma tributaria, y buscaba recaudar 23 billones de pesos para cubrir un déficit fiscal del Estado castigando al 73% de las personas naturales. Es decir a toda la clase trabajadora del país, dejando por fuera a los grandes capitales nacionales y transnacionales.
Finalmente un escenario que genera también indignación es que en ese contexto el gobierno nacional venía negociando con la compañía estadounidense Lockheed Martin para la compra de 24 aviones de guerra por un valor de 14 billones de pesos. Con la intención de superar militarmente al gobierno venezolano, especialmente para controlar el espacio aéreo en un posible escenario de invasión por parte de EE.UU. No se puede olvidar que Colombia ocupa, en América Latina, el segundo lugar después de Brasil en términos de inversión militar.
Otro elemento importante del resultado del estallido social tiene que ver con el escaso aumento de los salarios mínimos y el incremento de la pobreza multidimensional. Hoy tenemos casi el 39% de la población colombiana en condiciones de pobreza.
Todo esto conforma una bola de nieve que genera el ascenso de una perspectiva democrática, alternativa y de resistencia que configura el impulso urgente y la necesidad de recambio de las élites que vienen gobernando este país. Esto permite comprender cómo el progresismo y la izquierda logran construir acuerdos especialmente pragmáticos, electorales, para disputar el control político del Estado.
– ¿Cómo se explican estas “dos Colombias” tan diferentes, la que es bastión de EE.UU. y la que sale a la calle masivamente? ¿Por qué ahora el progresismo, la izquierda, lograron acceder al gobierno por primera vez?
– Acá hay varias caras de Colombia. Por un lado el país ha estado marcado por el control de la derecha representada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez y su proyecto político que se encarna en el partido Centro Democrático. El presidente saliente, Iván Duque, pertenecía a ese espacio.
La otra cara está representada por sectores que muchas veces no lograban construir acuerdos para el escenario electoral. Pero ahora pudieron establecer escenarios estratégicos importantes para disputar la presidencia y también el Congreso. Eso se gesta mediante una apertura democrática interna entre sectores liberales, progresistas y de izquierda.
Eso generó un giro también para las organizaciones sociales de izquierda que han estado lejos de la participación y la presencia institucional. Se asumió que la vía armada, la violencia política, no iba a resolver el problema del control político del Estado. Entonces muchos sectores tomaron la decisión -activa o de acompañamiento- de construir un gran acuerdo para hacerle frente a la derecha. Lo que se tradujo en un escenario de amplias consultas de distintos candidatos de distintas tendencias. Y una novedad que es la participación férrea, rebelde y radical de Francia Márquez que representa lo que ella ha nombrado, como ha dicho Eduardo Galeano, «los nadies».
Los sectores de izquierda se sienten representados con la figura de Francia y los sectores de centro, liberales, de un espectro progresista, apoyan a Gustavo Petro. Estas caras de gobierno posibilitaron que nuevas figuras, especialmente jóvenes, de los sectores populares, se pusieran al frente de la campaña electoral en todo el territorio nacional.
¿Qué es lo que cambió? Que hay una decisión de los sectores sociales, populares, organizados, en ser parte de la institucionalidad con una propuesta alternativa de gobierno. Y, desde mí perspectiva, la presencia de Francia Márquez logra que los sectores más radicales, de izquierda, pero también las comunidades afro, los excluidos, tuvieran una cabida.
Esto fue determinante porque yo considero que el papel de Francia en la segunda vuelta y las organizaciones sociales presentes donde no llega la política tradicional, lograron jalar la votación.
Pero hay que decir que es un país polarizado, porque Petro gana por muy poco y esto marca una tendencia. Hay un proyecto de derecha temeroso a los cambios aunque el nuevo presidente propone un capitalismo humano y no una perspectiva de izquierda revolucionaria.
Por último, todavía no podría asegurar que la izquierda accedió al poder. Porque el gobierno de Petro lleva muy pocos días y ha nombrado un gabinete que no necesariamente representa a la izquierda ni a los movimientos sociales. Por lo tanto habría que ver si las políticas y quienes toman las decisiones representan a esos sectores.
Lo que veo en este momento es un gabinete interesante, de académicas y académicos con trayectoria. Pero por ejemplo la participación de la vicepresidenta, que fue determinante para convencer a muchos sectores, solo tiene hasta ahora el Ministerio de Minas y Energía, el viceministerio de Educación y la promesa de creación del Ministerio de la Igualdad. Es decir que «los nadies» tienen una baja representación en términos de cuota política.
– Los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y las FARC marcaron un hito muy importante en la historia reciente del país. Más allá de las características particulares de lo firmado ¿Qué impacto tuvo ese proceso en la sociedad colombiana?
– El acuerdo inició con problemas. Lo primero es haber permitido que se hiciera un plebiscito por la paz, que marcó la polarización que hay en la sociedad. Al ganar el «No», se generó un hito que marcó la fuerza del incumplimiento y lo que ha llevado a las organizaciones insurgentes a un deterioro en la perspectiva de dejar las armas y transformar la lucha armada por la lucha política.
En segundo lugar, el resultado del plebiscito revivió al uribismo y permitió que el Centro Democrático retomara el control del gobierno a través de Duque. Lo que ellos vendieron fue la retoma del país por parte de la insurgencia y eso generó un temor muy importante que explica también el recambio en este nuevo gobierno. Ahora para ganar la presidencia, la gente le apostó a los acuerdos de paz, a construir una paz total.
Con esas dos precisiones, se puede decir que el acuerdo de paz generó una esperanza en la perspectiva de construir la participación y reivindicación de derechos por la vía político-electoral. Eso se tradujo en la incorporación de ex integrantes de las FARC en el Congreso.
Pero también generó un impacto negativo. En la subjetividad política está muy marcada la lucha anticomunista y contrainsurgente. En que cualquier expresión del pensamiento crítico, de movilización, de cuestionamiento frente a las condiciones de injusticia sean estigmatizadas. Eso permitió la continuidad del genocidio político que se ha instalado contra lideres y lideresas sociales, y ex integrantes de las FARC.
Este acuerdo permitió abrir también un escenario en lo educativo: la urgente necesidad de trabajar en una educación para la paz desde la lógica del «nunca más». Y también en procesos alternativos o transicionales alrededor de la justicia. Hace poco se lanzó el informe de la Comisión de la Verdad que permitió develar elementos del conflicto armado. Demostrando también que las FARC no solo eran los perpetradores de violaciones a los Derechos Humanos, sino que hay causas estructurales que generan que haya personas en armas. Es decir que se posibilita el derecho a la rebelión y además se pone en evidencia el papel del empresariado, de grandes capitales, de las élites políticas en alimentar el conflicto armado. Y abrió un paso para que el ELN inicie unos diálogos exploratorios que luego fueron suspendidos por el gobierno de Duque.
– Es decir que los acuerdos abrieron un espacio para discutir y también visibilizar ciertos fundamentos sobre los que se erigió el relato oficial sobre el conflicto armado.
– Culturalmente se ha logrado posicionar una perspectiva de derechos que permite reconocer, transformar y atender situaciones de indignidad. Y también permite entender que la paz no es entre actores en confrontación, sino que es una construcción con justicia social. Con un contenido ampliamente material.
Esto permite también mostrar que el problema de Colombia, como siempre lo vendieron las élites y EE.UU., no era la insurgencia. Una vez que se retiraron las FARC, el paramilitarismo, los carteles, el narcotráfico mantienen azotadas distintas regiones del país.
Además, la no presencia de la insurgencia permitió que las transnacionales avanzaran en sus proyectos extractivos. Se generó una pacificación que profundizó el capitalismo. Fue ver cómo garantizar que los grandes capitales tuvieran tranquilidad y seguridad jurídica, militar y financiera.
En paralelo hubo un incumplimiento por parte del gobierno de Duque y la nueva esperanza surge ahora por la propia experiencia que tiene Gustavo Petro del proceso de paz con el extinto M-19.
– Siguiendo un poco en sintonía con lo que venimos hablando, si bien Gustavo Petro se impuso en las elecciones el resultado en la segunda vuelta fue bastante ajustado. ¿Qué desafíos supone para el nuevo gobierno esa polarización?
– Petro ganó con más de 11 millones de votos, y Rodolfo Hernández obtuvo más de 10 millones 500 mil votos. Una votación muy importante para una persona cuestionada, con una trayectoria política con investigación por corrupción.
Esto muestra una tendencia de cómo se encuentra polarizado este país y la urgente necesidad de trabajar en las subjetividades políticas desde una perspectiva emancipatoria. Esto es una gran tarea y una gran apuesta, porque puede terminar también dentro de cuatro años en un reacomodo de la élite o una apertura hacia una transición de proyectos políticos democráticos.
En esta perspectiva los desafíos son muchos. Desde una perspectiva ética el primero es la coherencia, marcada por cómo garantizar el ejercicio del programa presidencial donde muchos sectores aportamos. Otro elemento es resolver las necesidades materiales más sentidas: mejorar la vida de los sectores sociales empobrecidos y la clase media en decadencia.
También son importantes los temas de corrupción. El auge del narcotráfico y la cultura del dinero fácil se ha instalado en las esferas del gobierno. En ese sentido el horizonte es construir una paz total, que no solo pasa por la insurgencia, sino también por el control de las mafias, el papel del paramilitarismo y la incidencia de grandes carteles de la droga. Estructuralmente lo que ha sido parte de las causas y dinámicas del conflicto armado es cómo garantizar una reforma agraria.
A su vez, desde una perspectiva político-organizativa es un desafío cómo gobernar con sectores de izquierda sin cooptar las grandes inteligencias del movimiento social y popular. Para que no pasen situaciones como las de Bolivia que posibilitaron -entre otros elementos- el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales. Es decir, cómo se logra mantener un diálogo que pueda reconocer las demandas, las apuestas y las propuestas de las organizaciones sociales y populares sin que se traduzca en un coptamiento acrítico.
Asimismo, cómo mantener un empresario que garantice empleo digno y que no se genere una ola de huida de capitales por las políticas que se vienen aplicando o se van a aplicar como la reforma tributaria.
Finalmente está la necesidad de reactivar un liderazgo latinoamericano con perspectiva progresista.
– La actual coalición de gobierno está compuesta por varias organizaciones con distintas perspectivas ¿es posible hacer todo esto con esa alianza?
– Es un gran desafío de este gobierno mantener el Pacto Histórico. Es un acuerdo pragmático, electoral, que estuvo unido en función de unas candidaturas pero que ya se viene resquebrajando por los distintos intereses y la participación de sectores, especialmente liberales, que corresponden a la élite. Sin esa unidad, se perdería la mayoría en el Congreso y sin eso va a ser muy difícil agenciar las reformas que requiere el país para avanzar en el cumplimiento del plan de gobierno.
– Por fuera de las estructuras partidarias ¿Cómo podrá lidiar el gobierno con sectores de la sociedad civil que, a priori, rechazan el programa progresista del Pacto Histórico?
– Creo que la derecha esperaba un ejercicio inmediato de confrontación y persecusión. Pero lo que ha hecho este gobierno es generar diálogos respetuosos y acercamientos con cabezas visibles como Álvaro Uribe. Y dar mensajes de tranquilidad a esos sectores con los nombramientos del gabinete.
En esta perspectiva de construcción de paz y transformación de la subjetividad, se está trabajando en cómo instalar en todas las instituciones educativas el informe de la Comisión de la Verdad; como trabajar la reconciliación y el respeto de los Derechos Humanos. Esto me parece importante para instalar que una alternativa progresista no es el gran fantasma del comunismo que va a llegar a acabar con la vida de las personas.
Entonces lidiar con esos sectores es mandar mensajes de tranquilidad y hacer ejercicios educativos que permitan generar una comprensión alrededor de lo que se viene transformando.
– La nueva oleada de gobiernos progresistas en América Latina ha estado marcada por una gran expectativa de los pueblos, pero al mismo tiempo por importantes condicionamientos estructurales y coyunturales que han limitado su capacidad de acción. El Pacto Histórico deberá intentar llevar adelante sus transformaciones con un Congreso en el que tiene que hacer negociaciones, con una insurgencia aún activa, con grupos paramilitares y con un Estado estructurado por el uribismo ¿Es posible en este marco la aplicación plena del programa de gobierno o se puede pensar que este es un “gobierno de transición” hacia una etapa posterior en la que se pueda avanzar más en profundidad?
– Hay que decir que el Pacto Histórico ha logrado configurar mayorías en el Congreso, en un juego de ajedrez que está representado en los presidentes del Senado y la Cámara. En el Senado un liberal, Roy Barreras, que ha estado con Uribe, con Santos y con Duque, que hoy terminó con Gustavo Petro. Y una persona muy cercana de Colombia Humana en la Cámara que es David Racero.
Ellos juegan un papel muy importante, especialmente Barreras por su capacidad política para negociar y construir acuerdos. Esta decisión fue en desmedro de un senador muy cercano a Petro como Gustavo Bolívar y la senadora María José Pizarro [NdeR: quien le puso la banda presidencial a Petro en su asunción]. Esto marca una línea por parte del presidente para mantener un control y un diálogo con distintos sectores de los partidos políticos que integran el Congreso.
Pero existen varios riesgos. Uno es que hay un empresariado muy importante que no apoyó esta propuesta de gobierno y posiblemente pongan en riesgo muchas propuestas. En este momento es prematuro hacer cualquier afirmación pero es una posibilidad.
La insistencia también ahora del Clan del Golfo, que es una estructura paramilitar con gran presencia en el país, buscando estar en un proceso de diálogo de paz. Queriendo darse un estatus de fuerza beligerante que no tienen, pero juegan en el conflicto armado y condicionan la posibilidad de desarrollos en el territorio, especialmente relacionados con la reforma agraria y el extractivismo.
Por eso este gobierno se propone una transición: cómo se generan bases y condiciones para avanzar a una ampliación de la democracia y garantía de derechos. El mismo presidente ha planteado la necesidad de aplicar la Constitución de 1991.
Entonces lo que vamos a hacer es recuperar el Estado y generar condiciones en términos de reformas que permitan avanzar en la profundización de proyectos que mejoren a la mayoría de la población. Pero tenemos los limitantes del conflicto armado, el aumento de cultivos ilícitos, la presencia de cárteles mexicanos, el enclave de Colombia en la disputa geopolítica de los EE.UU. Todo eso va a determinar cómo se configuran las relaciones de este gobierno en el escenario internacional y cómo logra rodearse de sectores democráticos, progresistas, en Latinoamérica y el Sur Global.
– Al igual que Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro ha conformado un gabinete con figuras nuevas de la política y otras con una larga trayectoria institucional, incluso que han integrado gobiernos conservadores o de derecha ¿Por qué considerás que se ha tomado esta decisión y qué expresa respecto al nuevo gobierno?
– Considero que el presidente ha tomado esa decisión primero para generar un gran acuerdo, para disputarle ciertos sectores a la derecha y el uribismo. En segundo lugar porque esos acuerdos permiten también que se trasladen a mayorías en el Congreso. Tres porque creo que es un gabinete de transición, de exploración, de personalidades académicas con trayectorias importantes y que lanza un mensaje de posibilidades de recambio garantizando con firmeza las apuestas programáticas de este gobierno.
Por ejemplo la transición energética; la eliminación de la fracturación hidráulica; una perspectiva minera en armonía con el ambiente y las comunidades; una reforma agraria centrada en el reconocimiento del sujeto campesino, entendido también como comunidades indígenas y afros.
Entonces este gabinete va a ser de transición pero los ministerios pueden ser también una catapulta política para lo que viene en los próximos dos años que son gobernaciones y alcaldías. Especialmente la de Bogotá que es crucial y puede aportar elementos para un nuevo escenario presidencial.
– Finalmente me gustaría consultarte por tu mirada respecto a la educación en Colombia en sus distintos niveles ¿Cuáles son para tí los principales déficits que tiene actualmente y cuáles son las principales medidas o políticas que se deberían implementar?
– Son varios los déficits. La educación rural en términos de cobertura, acceso, permanencia y adaptabilidad, tiene solo una participación del 25%. El resto está concentrado en los sectores urbanos.
Tenemos además la Ley General de Educación 115 del año 1990 que no atiende los grandes temas educativos. No se ha actualizado en una perspectiva de fortalecer la profesión docente, ni científica para que nuestros jóvenes puedan resolver los problemas de la sociedad. Además es una ley que genera un modelo de desfinanciación. Porque quita responsabilidad al gobierno central y carga a municipios y gobernaciones.
En términos lo que se ha venido aplicando hasta el momento, se garantizó la gratuidad en la educación básica y media, dentro de los términos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto supone que el ingreso a la Educación Superior lo resuelvan los propios jóvenes.
Esto ha marcado una tendencia de marchitamiento y agotamiento de las universidades públicas, que se ha centrado en distintos componentes. Uno es la focalización, que apunta a formar jóvenes para el trabajo, generando una ampliación de la cobertura de instituciones como es el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) con carreras técnicas y tecnológicas en detrimento del financiamiento de la educación pública.
Con la ley 30 de 1993 se estableció una regla fiscal de financiación que ha llevado a que las Universidades tengan un déficit enorme. Esto provoca una situación -general en la educación- de precarización en las condiciones laborales, sin garantías de permanencia y con limitación en la posibilidad de ampliación de cobertura de estudiantes.
Y también un déficit en materia de Derechos Humanos porque el magisterio ha sufrido un genocidio con el asesinato sistemático en las regiones. En el caso de la universidades públicas por el papel del paramilitarismo en el control de entidades universitarias, el papel de la fuerza pública con tareas de inteligencia en pos de una estigmatización de lo público y prácticas de guerra instaladas.
Creo que hay que generar condiciones de financiación modificando las leyes actuales, construyendo un proceso constituyente que nos permita generar una nueva normativa acorde a las necesidades del país. Y que permita en términos de presupuesto superar los déficits estructurales de la educación en Colombia.