El fin de semana pasado referentes de distintos lugares del país participaron del Congreso Nacional por Tierra y Vivienda impulsado por varias organizaciones. Entre ellas el Movimiento Popular La Dignidad, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, el Frente Popular Darío Santillán, Pueblo Libre de Rosario, Paritaria Social, Soberana, Liberación Popular, Liga de los Pueblos Libres y la Asociación de Inquilinos.
Se trata de una iniciativa que puso de relieve una serie de cuestiones. Por un lado, en medio del boom inmobiliario que se experimenta en las grandes ciudades del país y mientras se discute en el Parlamento una nueva Ley de Alquileres, este Congreso puso en primer plano una de las grandes cuentas pendientes que existen en nuestro país, como es el acceso a una vivienda digna. Al mismo tiempo, planteó con claridad algunas vías para abordarla, que suponen una articulación entre la vocación política de los Estados (municipales, provinciales, nacional) y la participación popular. Además, el encuentro tuvo la virtud de marcar un rumbo: la mejor manera de afrontar las urgencias que impone la crisis económica es dando respuesta a los problemas que sufren las mayorías.
Vale remarcar que en nuestro país la vivienda es un derecho establecido en la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis. Allí se sostiene que el Estado debe garantizar una vivienda digna para toda la población. Sin embargo, estamos muy lejos de que ese derecho se cumpla plenamente.
En Argentina el déficit habitacional ronda los 3,5 millones de viviendas. Dentro de ese gran conjunto existen diversas situaciones: personas que viven en lugares irrecuperables, inquilinatos o casas tomadas, urbanizaciones populares, casas o barrios sin acceso a servicios básicos, etc.
Líneas a profundizar
Algunas de las conclusiones más relevantes del encuentro se vinculan con la necesidad de que el Estado, y los distintos organismos que hoy se ocupan de la problemática, den respuestas de mediano y largo plazo. En ese marco, se hizo bastante hincapié en un programa de la Secretaría de Integración Socio Urbana mediante el cual se compran terrenos vacíos, se garantiza la dotación de servicios y se permite construir a les nueves residentes. Esta es una iniciativa sumamente interesante para garantizar viviendas dignas a la población que vive en lugares con problemas ambientales o viviendas irrecuperables y también para dar soluciones a las nuevas generaciones.
Asimismo, se trabajó sobre las diversas problemáticas de salud que existen en los barrios populares y las dificultades y poco acompañamiento que tienen las personas con discapacidad. Por otro lado, se profundizó en las dificultades concretas que viven les jóvenes, las mujeres y diversidades y las distintas herramientas que construyen las organizaciones para dar respuestas. Sin duda, la desigualdad es interseccional y las condiciones de clase, género, edad, nacionalidad, operan de manera conjunta, expresándose claramente en los problemas de acceso a la vivienda.
El rol de las organizaciones
También se hizo foco en la importancia de la autogestión y el reconocimiento de las experiencias que hoy existen en los territorios y dan respuestas reales a la problemática. Por ejemplo la pelea que vienen danto algunas organizaciones por la nacionalización de la Ley 341.
Esta normativa existe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y otorga créditos colectivos y asistencia técnica para que cooperativas puedan construir sus viviendas. Los resultados, pese al desfinanciamiento, son muy positivos, ya que tienen como productos finales edificios que se insertan en la trama urbana, en distintos barrios de la ciudad -garantizando mixtura social- y de muy buena calidad. De este modo, queda en evidencia que nadie mejor que los propios afectados para construir las soluciones, ya que son quienes garantizan que a buenos costos los resultados sean beneficiosos.
La pelea por el derecho a la vivienda y al hábitat digno es una lucha histórica de los movimientos sociales. En las últimas décadas ha habido grandes avances cuando se combinó la capacidad de presión por parte de las organizaciones, la articulación con espacios académicos y de la sociedad civil y un Estado a la altura de dar respuestas .
Esos avances se plasmaron, por un lado, en el reconocimiento en tanto derecho a partir de convenciones internacionales, la sanción en la Constitución Nacional y la construcción de discurso público legítimo. Por otro lado, existen diversas leyes locales sumamente interesantes, como la mencionada 341 en la CABA, la ley de acceso justo al hábitat de la Provincia de Buenos Aires o el Programa Rosario Hábitat. Y también se generaron leyes nacionales importantes como la Ley de Alquileres o la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y el proceso de urbanización generados en algunos de ellos.
Particularmente en la capital, pese a ser el territorio más rico del país, no se ha podido (o querido) dar una solución de fondo a la problemática hábitat. Existen programas desfinanciados, el programa “Alquilar se puede” o Mi primera casa joven/mujer. También se observa un presupuesto importante destinado a los procesos de integración social y urbana, pero sólo en cuatro villas de la ciudad, dejando afuera a la mayoría de quienes habitan los casi 50 territorios informales del distrito. A lo que hay que sumar una población en situación de calle que aumentó en los últimos años.
Una vez más, a partir de sus acciones en el espacio público, las organizaciones sociales visibilizan las grandes deudas que existen en torno a una problemática tan determinante para el bienestar básico de cualquier población y muestran que aún en las peores situaciones, la mejor salida siempre es colectiva.