En su reciente gira por EE.UU., el presidente Alberto Fernández anticipó que la producción de litio se multiplicará por diez hacia 2030. Además, el Gobierno nacional planifica intervenir en la explotación del mineral a través de YPF y abrir una planta de baterías para industrializar y agregar valor a la materia prima. Pareciera haber una intención de avanzar en la planificación de una actividad que hasta el momento carece de una política de Estado y que posee marcos regulatorios y fiscales favorables para las empresas trasnacionales.
En estas semanas, el precio subió casi un 400% y se estima que seguirá creciendo durante años debido a la demanda de autos eléctricos que requieren baterías de ion litio para su funcionamiento. En tanto que entre enero y agosto de este año las exportaciones del mineral acumulan 394 millones de dólares. Por esto mismo, también es visto con buenos ojos por parte del Ejecutivo que busca aumentar la reserva de divisas del país, un problema central para cumplir con las metas propuestas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por su parte el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció días atrás la “presencia de litio en las áreas hidrocarburíferas” de la provincia. Sin duda, este mineral estrella de la transición verde se convirtió de hecho en un recurso estratégico para el país en un contexto de disputa global sobre el mismo ante la inviabilidad por agotamiento del modelo capitalista basado en energías fósiles. Frente a este panorama cabe preguntarse: ¿Qué debates se omiten y qué peligros se encuentran detrás de la fiebre por el «oro blanco»?
Cuando se exige una ley de Humedales y vemos fotos de los populares carpinchos, se suele olvidar que en nuestro país existe este tipo de ecosistema en diferentes regiones, ya que los mismos son diversos según diferencias existentes a nivel regional o local, en la topografía, hidrología, vegetación y otros factores socioambientales. Una de estas zonas abarca el territorio puneño y prepuneño de Jujuy y Catamarca, áreas de extremo déficit hídrico. Por eso el lobby minero del litio es uno de los principales opositores a la posibilidad de una normativa que proteja estos ecosistemas.
La no visibilidad de esta relación permite que se oculte la contradicción entre una política que aparentemente busca el resguardo de los ecosistemas y la intervención del Estado en la explotación de un mineral que genera graves trastornos en los humedales altoaldinos.
Dependencia y falsas promesas
El riesgo de caer en un neodependentismo económico y tecnológico es una posibilidad concreta que queda solapada bajo una retórica de las «ventajas comparativas» del país que asocia al litio, como sucede con otros bienes, con riqueza y bienestar general. A su vez, ya es un hecho que Argentina y la región están siendo depositarias de los pasivos socioambientales de la descarbonización del norte global.
La extracción del litio reproduce las lógicas y dinámicas del extractivismo megaminero que conlleva más violencias, desigualdades y destrucción de ecosistemas como los humedales andinos, justo cuando se plantea la necesidad imperiosa de una legislación que los proteja ante las quemas ilegales de productores como ocurre en el Delta del Paraná.
Pero al mismo tiempo estamos ante una oportunidad para evitar este escenario y comenzar a construir colectivamente alternativas sistémicas para superar la crisis socioecológica global. No obstante, esta posibilidad se encuentra obturada en el caso argentino. La necesidad de obtener dólares profundiza el modelo de desarrollo basado en actividades extractivas para la exportación y esto a la vez atenta contra la construcción de un futuro con inclusión socioambiental y más democracia.
A su vez, se reeditan imaginarios eldoradistas según los cuales ciertos recursos permitirían sacar a la Argentina del subdesarrollo y el estancamiento. Algo similar sucede alrededor de Vaca Muerta y el gas no convencional, potenciado por la guerra en Ucrania. Como ya ocurrió en el pasado, esta promesa nunca se cumple y se termina por reforzar un esquema donde el capital obtiene ganancias destruyendo la naturaleza, y el país profundiza su perfil primario extractivo/exportador y con ello su inserción dependiente en la economía global.
En el proceso son los pobladores y pobladoras de las zonas a explotar quienes sufren las consecuencias sin recibir todo aquello que se promete cuando estos proyectos van a implementarse. El empleo, las mejoras económicas y de infraestructura se desvanecen tan pronto se agotan los recursos y lo que queda es pobreza y devastación ambiental.
En el mientras tanto estas poblaciones ven sus vidas alteradas, como sucede por ejemplo en el poblado de Añelo en Neuquén, donde la extracción mediante fracking deja como resultado sismos, contaminación del agua y el aire, enfermedades en humanos y animales.
Un área de disputa geoestratégica
La transición energética hacía sociedades posfósiles es un hecho marcado por el perfil corporativo y mercantil de las agendas impuestas por los países más ricos del norte global. En este marco, el litio es clave para los países del primer mundo porque contribuye a financiar la descarbonización de sus economías; mitigar la crisis climática global; permitir la subsistencia del sistema y competir por el dominio del mercado de la electromovilidad.
Argentina, junto a Bolivia y Chile, forman lo que el capital denomina «Triángulo del Litio», un área que concentra la segunda reserva mundial de este mineral y que a la vez es escenario de una disputa geoestratégica de las potencias globales para obtener el acceso al mismo. En este esquema, Argentina se ubica en la cuarta posición en la producción mundial de litio, sólo por detrás de Australia, Chile y China. Los trabajos de explotación se concentran en la Puna, distribuidos en salares ubicados en Salta, Jujuy y Catamarca.
En esta «economía verde» que proponen las élites económicas y políticas del sistema mundo capitalista ocurre un aumento drástico de la demanda de litio y también del cobalto, níquel, grafito, etc. Si se cumplieran los Acuerdos de París para mitigar la crisis climática, y según cálculos de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), para 2040 el litio va a multiplicar su extracción en un 40%.
Estos países ricos, que con sus modelos de consumo y despilfarro son los principales responsables del colapso socioecológico, son los mismos que ahora traen sus dólares a latinoamérica para invertir en energía verde y usar los recursos naturales de la región para mitigar los efectos del colapso que ellos mismos provocaron.
En este sentido, ya está sucediendo que los países del primer mundo aseguran su propia supervivencia a costa de los salares y la biodiversidad de regiones del tercer mundo. Es decir, externalizan impactos socioambientales para sostener los elevados niveles de consumo que mantienen en sus sociedades.
Los pasivos socioambientales de la minería del litio
La extracción megaminera del litio requiere perforar profundamente en el salar para llegar hasta la salmuera (agua saturada de sal) que contiene el mineral clave que alimenta celulares, computadoras y autos eléctricos. El agua salada se bombea a unas enormes piscinas en la superficie y se deja evaporar durante meses, resultando en una solución rica en litio.
Su producción consume una enorme cantidad de agua en los territorios de las comunidades de los pueblos originarios. Para producir una tonelada de carbonato de litio se evapora aproximadamente medio millón de litros de salmuera y se usan 30.000 litros de agua dulce.
Entre los impactos socioambientales, esta actividad, en líneas generales, hace uso de químicos tóxicos, provoca la salinización del suelo y la contaminación del agua y el aire, y afecta las producciones locales, lo que se traduce también en la pérdida de biodiversidad y sobre todo en el desequilibrio del sistema hidrológico de la región.
La mayoría de los enclaves megamineros se encuentran en la parte alta de la cordillera de Los Andes lo que puede conducir a una potencial contaminación aguas abajo de los ríos que abastecen a las comunidades y sus tierras productivas. Las empresas se instalan sin el consentimiento de las poblaciones locales y los proyectos que existen ya se aprobaron sin regulación o estudio de impacto ambiental.
La necesidad de una transición justa y democrática
Mientras la Cámara de Diputados volvió a postergar el dictamen sobre una ley de humedales, la minería de litio atenta contra los humedales altoandinos. No solo por el lobby empresarial que argumenta que una normativa que cuide a estos ecosistemas afectaría la actividad productiva, sino porque existe una clara contradicción entre la urgencia de cuidar estos ecosistemas y fomentar el extractivismo del litio sin cuestionar los actuales modelos de consumo, producción y comercialización de todos los bienes comunes.
La lucha contra la crisis climática no puede ser a costa de destruir regiones y comunidades para convertirlas en zonas de sacrificio. En este momento crítico -donde está en disputa con las derechas autoritarias, xenófobas, misóginas y negacionistas el futuro de las décadas por venir- es cuándo más hay que proponer un nuevo paradigma de desarrollo que logre articular justicia social y justicia ambiental con más democratización en la toma de decisiones y en el control sobre los bienes comunes para no dejar fuera a las mayorías populares. De lo contrario el resultado final sería una mayor profundización de las desigualdades. Por eso es necesario llevar la transformación social y ambiental más allá de los límites de este capitalismo neoliberal en crisis y sus falsas soluciones verdes.