La última semana en la Ciudad de Buenos Aires tuvo lugar la Cumbre de Alcaldes de la red C40 Cities. Se trata del evento más importante en relación a las ciudades y la crisis climática que reúne a más de 100 gobernantes de diferentes urbes del mundo para discutir medidas de mitigación y adaptación a esta problemática. En la actualidad, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, es vicepresidente regional de la red junto con la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández.
En simultáneo, con la consigna “Buenos Aires derretida” organizaciones socioambientales porteñas se manifestaron para dar cuenta de los pasivos ambientales que dejan las políticas llevadas adelante por el Gobierno de la Ciudad. Una de estas acciones tuvo lugar en el Paseo del Bajo donde casi el 70% de los árboles plantados allí por el gobierno porteño murieron en el lapso de 15 meses.
Desde el oficialismo local se jactan que Buenos Aires fue la primera en presentar un Plan de Acción Climática en el que se compromete a reducir a la mitad sus emisiones de carbono para 2030 y volverse completamente carbono neutral para 2050. Sin embargo, las políticas que vienen implementando desde 2007 las gestiones del PRO lejos están de mitigar la crisis climática. Por el contrario, la lógica mercantil que asocia progreso con la cantidad de metros cuadrados construidos, destruye fuentes claves para absorber el dióxido de carbono, como son los árboles y los espacios verdes, además de provocar otros impactos que afectan la calidad de vida de las mayorías.
En ese sentido, el deterioro que viene sufriendo el arbolado público por las talas y podas indiscriminadas, el avance de la cementización por la construcción descontrolada de metros cuadrados con finalidad especulativa y el déficit de espacios verdes, son algunas de las políticas concretas del actual gobierno que no ayudan a combatir el calentamiento global, aunque el marketing publicitario anuncia que Buenos Aires es una ciudad cada vez más verde y resiliente.
Cabe recordar que un informe realizado en 2021 por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la UBA y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), reveló que el gobierno de la Ciudad contabilizaba como espacios verdes públicos a patios enrejados con macetas, superficies de cemento bajo las autopistas, bulevares casi sin vegetación y plazoletas en su mayor parte cementadas. Todos lugares que en su conjunto representaban el 40% de las 1826 hectáreas que se contaban en los registros del gobierno de Larreta.
Todas estas problemáticas obedecen a una misma cuestión estructural: el modelo de ciudad extractivo y excluyente que desde 2007 terminó por configurar una urbe que además de construir viviendas cada vez más inaccesibles y dejar a familias sin casas y casas deshabitadas, construye más cemento que espacios verdes. Bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Larreta se edificaron unos 9.142.970 metros cuadrados de torres y edificios avanzando sobre plazas, parques y el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
Este modelo urbano a la medida del mercado inmobiliario deja a la ciudad, y a los sectores populares en particular, sin protección ante los eventos climáticos cada vez más extremos que vendrán por responsabilidad, en primera instancia, de las mismas potencias del norte global que continúan sosteniendo un sistema de despilfarro y consumo irracional. Mientras los alcaldes participan en cumbres como la C40 más cerca del greenwashing que de aportar medidas efectivas.
El discurso verde de Larreta
“Esta cumbre refleja tres valores en los que creo firmemente. El primero es el del diálogo y la búsqueda de consenso: 121 alcaldes de todo el mundo y de ciudades argentinas estamos reunidos para trabajar en una misma agenda, a pesar de que tenemos orígenes diferentes, venimos de países y ciudades con realidades socioeconómicas distintas, y tenemos ideologías políticas diversas. El segundo valor de la cumbre es la lucha por el cambio perdurable, que se sostenga a través de varias generaciones. Ahora, ese diálogo y ese consenso en búsqueda del cambio perdurable tiene un punto de partida muy concreto, que es la verdad. La verdad es el tercer valor de esta cumbre y es el que más necesitamos hoy los argentinos”, señaló Rodríguez Larreta.
De esta manera, el jefe de gobierno porteño abrió la Cumbre Mundial de Alcaldes del C40 con un posicionamiento político que mezcla la conservación del ambiente y el futuro con discusiones políticas actuales que atraviesa nuestro país. Además se trató de una plataforma de presentación pública de Larreta ante el resto del mundo. “Tenemos que retomar el camino de la inserción internacional. Porque cuando se trata de resolver problemas, nadie puede solo. Hay que dialogar, compartir experiencias y construir consensos que se transformen en soluciones duraderas”, sostuvo.
Sin embargo, mientras hablaba de diálogo, la policía porteña rodeaba a jóvenes que querían manifestarse contra la cumbre, que funcionó cercada por miles de efectivos policiales. La legisladora porteña del Frente de Todxs, Lucía Cámpora, aseguró que la policía acusó a les jóvenes de subversión, y publicó un video en el que una joven es increpada por un oficial.
El Jefe de Gobierno porteño agregó en su discurso que era necesario terminar con la dicotomía ambiente – desarrollo económico, asegurando que no son incompatibles ya que “la acción climática y el financiamiento verde son una oportunidad de desarrollo y la Argentina es un gran ejemplo de eso”. No obstante, en su afirmación Larreta omite que las emisiones de gases de efecto invernadero no se detienen y la crisis climática se agudiza, de la mano de un capitalismo verde y de un “desarrollo sustentable” que desde hace décadas prioriza al capital por sobre las vidas, afectando sobre todo a las poblaciones más pobres del planeta y dentro de ellas a las mujeres y diversidades.
A pesar de los prometedores discursos, los objetivos del Acuerdo de París para limitar el calentamiento global a 1.5 o 2 °C por encima de los niveles preindustriales están cada vez más lejos. Soluciones como el set de Indicadores de Empleo Verde, lanzada por el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires se suman a un discurso mundial que se construye “desde arriba” sin cambiar un sistema que perpetúa desigualdades y no para de dañar al planeta. Utiliza la defensa del ambiente para hacer avanzar al capital sobre nuevos territorios, sumando el concepto de “verde” como presunta garantía de lucha contra el cambio climático.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los “empleos verdes” son los que cumplen con las normas de trabajo decente, y que contribuyen a preservar y restaurar el ambiente, tanto en sectores ambientales como en sectores tradicionales de la economía. De acuerdo a datos oficiales existen 203.084 empleos verdes en CABA y los sectores económicos con mayor participación son: transporte y almacenamiento (28%); suministro de agua y gestión de residuos (10%); actividades profesionales, científicas y técnicas (10%); industria manufacturera (9%); administración pública y defensa (8%); educación (7%); y construcción (7%).
Si de números se trata, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), enmarcada en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) viene sosteniendo que en Argentina solo se recicla menos del 10% de los residuos que se generan y que con la Ley de Envases que propone ese número podría elevarse a más del 40%. Sin embargo, los cartoneros y cartoneras son uno de los grandes ausentes de esta cumbre, a pesar del importante servicio público que llevan adelante cada día en la CABA.
Ante esta situación, el viernes por la tarde la FACCYR se movilizó en protesta por la invisibilización del sector en el marco de la C40. Mediante un comunicado la organización destacó que el gobierno porteño quiere mostrar que gestiona una ciudad sustentable, pero se olvida de quienes trabajan reciclando y recuperando toneladas de residuos.
Una ciudad extractiva
Durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se vendieron o entregaron en concesión aproximadamente 200 hectáreas. Si a esto le sumamos los vendidos u otorgados durante la gestión previa de Mauricio Macri la cifra asciende a casi 500. De ese total que quedó en manos de privados, 150 hectáreas corresponden a superficies verdes absorbentes. A pesar de esto, si en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco se construyera un parque costero totalmente público y verde se podría aumentar casi 1,2 metros de espacio verde por habitante.
Con esos antecedentes, tras la apertura de la Cumbre del C40 el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas expresó su desacuerdo con las políticas ambientales y de planificación urbana impulsadas por Larreta y objetó los proyectos del oficialismo porteño sobre el borde del Río de la Plata que generan un altísimo daño. “Más allá de discursos y slogans, si revisamos los proyectos propuestos para la ribera, verificamos que quienes toman las decisiones parecen entender este territorio como un área a mercantilizar, rellenar, impermeabilizar y antropizar, sin medir los impactos ambientales negativos sobre toda la ciudad y su área metropolitana”, manifestaron en un comunicado.
Según datos de la Secretaría de Planeamiento Urbano del propio Gobierno de la Ciudad, entre 2006 y 2016, el metro cuadrado pasó de valer 1.100 dólares a un promedio de más de 2.500 dólares. En 2018, la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el tercer puesto del ranking regional del metro cuadrado más caro detrás de Río de Janeiro y Santiago de Chile. Es decir, mientras se destruyen los espacios verdes el metro cuadrado de la vivienda ya no es un bien de uso sino un valor de cambio sobrevalorado en función de la especulación inmobiliaria para obtener rentas extraordinarias del suelo.
Esto es una consecuencia directa de un modelo urbano asentado sobre el extractivismo urbano. ¿A que hace referencia este tipo de extractivismo? Se trata de un concepto que hace años se empezó a utilizar para pensar las problemáticas de las ciudades, particularmente a partir de concebirlas como parte de un proceso de financiarización del capital que rige la lógica con la cual se planifican y gobiernan las urbes que habitamos. En ese sentido, el extractivismo urbano opera sobre un bien común -como es el suelo urbano y periurbano- con el fin de obtener rentas extraordinarias.
En su comunicado el Colectivo de Arquitectas remarcó que “para avanzar hacia una Buenos Aires resiliente y adaptada al cambio climático, pero también integrada e inclusiva, es necesario tomar decisiones urbanas estratégicas de fondo y con consenso, que favorezcan el bien común por sobre los negocios de corto plazo”.
El cambio climático es la variación del clima que se suma a la variabilidad natural por la acción directa o indirecta de la actividad humana. Las actividades humanas aumentan la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) por encima de los niveles naturales en la atmósfera. Los GEI retienen el calor, aumentan la temperatura media del planeta y contribuyen con el cambio climático.
Por lo tanto, una herramienta clave para mitigar el cambio climático es la presencia de espacios verdes urbanos, que además funcionan como reguladores de la temperatura, de la polución, del ruido, entre otras cosas, que implican gran importancia para la salud física. Pero hace años que en Buenos Aires estos espacios sufren un proceso sistemático de destrucción y/o privatización.
La transformación no para (y la destrucción del ambiente tampoco)
Las ciudades consumen una parte importante del suministro energético mundial y son responsables del 70% de las emisiones globales de GEI que se concentran en la atmósfera y provocan la crisis climática que estamos padeciendo. Además se estima que para el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades.
Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático de Naciones Unidas (IPCC) se calcula que en los próximos 20 años el calentamiento global total probablemente aumentará alrededor de 1,5 grados Celsius. Como consecuencia, es posible que cerca de 1000 millones de personas en todo el globo sufran olas de calor más frecuentes que pondrían en peligro su vida.
Aunque los científicos señalan que ya existen daños irreversibles y auguran eventos climáticos cada vez más extremos, también afirman que es posible revertir el aumento de temperaturas. Para ello habría que reducir las emisiones globales a la mitad para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Ya nadie cree que algún cambio será posible desde estas cumbres que responden a los poderes fácticos del sistema mundo capitalista. Porque las salidas tecnológicas y de mercado que las élites del norte global vienen desarrollando buscan “cambiar algo para que nada cambie” y que no se cuestionen las bases del sistema. Son ámbitos hegemonizados por los responsables históricos del colapso ecológico, los países ricos del norte. Y constituyen un modelo a seguir por el gobierno porteño.
Excluyendo a los cartoneros y cartoneras y a las organizaciones ambientalistas se vuelven a buscar soluciones de arriba hacia abajo, cuando lo necesario es democratizar el control de los recursos y de la toma de decisiones. Para revertir la crisis socioecológica se requiere un cambio del modelo de desarrollo actual, hegemónico, patriarcal y antropocéntrico, ese que para el jefe de Gobierno porteño no es incompatible con el ambiente. Hasta entonces “lo verde” será solo la forma de pintar de otro color las mismas “soluciones” excluyentes y extractivas que hace décadas vienen mostrando ser solo un discurso bonito que se repite en cada nueva cumbre relacionada a la problemática ambiental y climática.