A fines de octubre se extendió hasta el 22 de noviembre la declaración de emergencia por la crisis del agua en la ciudad estadounidense de Jackson, capital de Mississippi. La planta potabilizadora colapsó luego de una inundación. Si bien es un problema recurrente en los últimos años, desde el 30 de agosto rige una alerta constante y, por el momento, sin solución.
En las redes sociales se viralizaron imágenes y videos donde se observa como de las canillas sale un líquido negro o marrón. A su vez, los testimonios de los habitantes dan cuenta de las dificultades que enfrentan para garantizar un servicio tan elemental como el agua.
Racismo institucional
Frente a esto la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) presentó una denuncia por racismo contra el gobierno estatal, liderado por el republicano Tate Reeves. Teniendo en cuenta que más del 80% de la población de la ciudad es negra y uno de cada cuatro habitantes es pobre, la acusación apunta a que el gobierno los ha discriminado al no hacer las inversiones necesarias.
“Durante los últimos dos meses, los residentes de Jackson han hervido el agua del grifo para poder beber, limpiar o bañarse, y hace solo unas semanas, a muchos se les cortó por completo”, informó la NAACP. Asimismo, señalaron que existe un boicot deliberado: “El Estado debe detener todos los esfuerzos para sabotear la gestión local del sistema de agua de Jackson. Hemos visto este patrón antes que conduce a la privatización de los recursos públicos, y no lo toleraremos”.
Por su parte, y en respuesta a la denuncia de la NAACP, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) abrió una investigación a mediados de octubre para determinar si el Estado de Mississippi violó la Ley de Derechos Civiles al privar a la ciudad de fondos federales para arreglar su sistema de agua.
Según una carta de Anhthu Hoang, jefe interino de la Oficina de Justicia Ambiental y Derechos Civiles Externos de la EPA, enviada a los abogados de la NAACP, la investigación buscará determinar si el Departamento de Calidad Ambiental y el Departamento de Salud de Mississippi “discriminaron a la mayoría de la población negra de Jackson por motivos de raza y color”.
El proceso podría llevar hasta 180 días y en caso de encontrar incumplimientos el caso se podría remitir al Departamento de Justicia de EE.UU. o la EPA podría amenazar con retener futuros fondos federales hasta que el Estado cumpla sus obligaciones.
“Esta acción es solo el primer paso. Alentamos a la EPA a actuar de manera expedita para realizar su investigación y exigir soluciones integrales para ayudar a resolver esta crisis”, dijo en un comunicado el presidente de la NAACP, Derrick Johnson, quien también es residente de Jackson.
Tal como señaló la periodista Annie Snider para Politico, a pesar de los problemas bien documentados, Mississippi no asignó durante 2022 ninguno de los casi 75 millones de dólares que recibe en fondos para el agua de la ley nacional de infraestructura. Se trata de una práctica sistemática ya que en los últimos 25 años, la ciudad ha recibido fondos federales para abordar el problema solo tres veces. Mientras tanto, desde 2016, se han impuesto más de 750 avisos para que los residentes hiervan el agua debido a problemas de potabilización. El 40% de estas advertencias se dieron en los últimos dos años.
Según historizó el diario británico The Guardian, en marzo de 2021 el alcalde de Jackson, Chokwe Lumumba, solicitó 47 millones de dólares en ayuda, pero la legislatura estatal aprobó una partida de solo 3 millones.
A fines de septiembre, mientras transcurría el primer mes de la emergencia, el administrador de la EPA, Michael Regan, visitó la ciudad y se reunió con el alcalde. Tras ese encuentro publicó un comunicado en el que subrayó que “la gente de Jackson, Mississippi , ha carecido de acceso a agua segura y confiable durante décadas (…) Estas condiciones son inaceptables en los Estados Unidos de América”.
Que los pobres paguen sus servicios
La población de Jackson ha disminuido alrededor de un 25% desde 1980, una década después de que las escuelas de la ciudad dejaran de estar segregadas entre blancos y negros. Muchas familias blancas se fueron a los suburbios, dejando menos ingresos para mantener la infraestructura.
“El legado de la zonificación racial, la segregación y la legalización de las líneas rojas han llevado en última instancia al aislamiento, la separación y el secuestro de las minorías raciales en comunidades con bases impositivas reducidas, lo que ha tenido consecuencias para el entorno construido, incluida la infraestructura”, explicó Marccus Hendricks, profesor asociado de estudios urbanos y planificación en la Universidad de Maryland, a la PBS.
Este patrón se repite a lo largo del país en ciudades importantes como Baltimore o Honolulu (capital de Hawai), pasando por Detroit o Austin, hasta Flint y Benton. “Cualquier comunidad que sufre por la falta de mantenimiento de la infraestructura está lidiando con el mismo problema, tal vez solo en una escala diferente”, apuntó Heather McTeer Toney, ex alcaldesa de Greenville, Mississippi, y administradora regional del sureste de la EPA entre 2014 y 2017. “Vemos que sucede lo mismo una y otra vez en todo el país en comunidades pobres que a menudo son negras, marrones, indígenas y en la primera línea de la crisis climática”, agregó.
En la misma línea, Maisie Brown, miembro del Equipo de Defensa de la Crisis del Agua de los Estudiantes de Mississippi y estudiante de la Universidad Estatal de Jackson, conceptualiza la crisis como producto del “racismo ambiental”. “No creo que nos demos cuenta de lo profundamente arraigado que está el racismo en todas nuestras estructuras y sistemas”, concluyó.