El 21 de octubre de este año ingresó a la Legislatura Porteña un proyecto sobre cooperadoras escolares surgido de integrantes de las mismas. La iniciativa se proponía darle un marco regulatorio propio del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), poniendo en valor su rol en el ejercicio de garantizar el derecho social a la educación y promoviendo la conformación y fortalecimiento de esos espacios.
Días después, Marina Kienast, legisladora del interbloque oficialista, proveniente del ala de Republicanos Unidos encabezada por Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán, presentó su propio proyecto sobre la temática. Para ese entonces, la comisión de educación no sesionaba desde el 5 de julio. Esto se enmarca en una clausura del debate democrático acerca de las políticas educativas, y de constante vaciamiento de la Legislatura como espacio de confluencia de diversas miradas y voces, tanto de los bloques de diputades como de les porteñes que podrían participar si ésta funcionara como debería.
La comisión de educación finalmente retomó sus reuniones y con un tratamiento exprés, logró despachar y que llegue al recinto el proyecto de cooperadoras oficialista que terminó por aprobarse en la sesión del jueves 17 de noviembre con los votos del bloque que responde al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el de la Libertad Avanza.
Pablo Cesaroni, de Cooperadores en Movimiento, consideró que “la ley aprobada no atiende las necesidades del movimiento cooperador”. “Necesitamos fortalecer en donde está y expandirlo, dado el rol fundamental que las cooperadoras cumplimos. En lugar de dar más derechos, pone límites: por eso el rechazo”, añadió en diálogo con Primera Línea. “Rechazamos que tienda a limitar la participación de familias y estudiantes en las cooperadoras y que deje las condiciones planteadas para perseguir política e ideológicamente a quienes conformen la comisión directiva”, completó.
En uno de sus artículos originales, el proyecto de Kienast planteaba que las y los miembros de las cooperadoras escolares no podrán realizar ninguna acción que implique actividad política partidaria, gremial, ni que suponga un conflicto de intereses. En el mismo sentido, otro artículo sostenía que“ningún miembro de la comisión directiva podrá utilizar la Cooperadora Escolar para promover acciones con fines políticos partidarios, ideológicos o ajenas a las funciones propias de las Cooperadoras”, y que la persona responsable de la promoción de dichas acciones sería pasible de remoción. Este último, se sostuvo en el proyecto votado en el recinto a pesar de las múltiples críticas surgidas en la Comisión y en la cámara misma. Un accionar ya conocido, el de realizar pequeños cambios que mantengan el espíritu de fondo haciendo oídos sordos a lo planteado por otros espacios de la sociedad y de la Legislatura.
Recordemos que la autora inició su mandato en diciembre del 2021, y desde allí se planteó como la abanderada del “antiproselitismo escolar”, presentando incluso un proyecto que tiende a acallar voces, debates y acciones propias del rol de la escuela, omitiendo la diferencia entre promover prácticas democráticas y el ejercicio de la ciudadanía crítica con el adoctrinamiento. Llama la atención, dado que incluso militantes de su fuerza política forman parte de cooperadoras, y ella misma ha visitado escuelas como puede observarse en sus redes sociales.
El Gobierno de la Ciudad, según cuentan les protagonistas, sólo aporta entre un 20% y un 30% de los fondos utilizados por las cooperadoras para sostener las escuelas día a día. No obstante ellas siguen haciendo posible esto gracias a la recaudación propia de las comunidades y el inmenso compromiso con el que asumen la tarea.
“Garantizamos desde hojas y cartuchos, elementos de higiene, libros, medallas, organizamos eventos solidarios y que promueven el vínculo entre la comunidad. Es realmente muy importante nuestra presencia en el día a día”, subrayó Cesaroni al respecto. En el mismo sentido, Ani Meiozo, de la cooperadora de la Escuela Juan Pedro Esnaola, relata los elementos que desde ese espacio garantizaron para la escuela, entre los que se encuentran un piano de un millón y medio de pesos, una batería, cuerdas para guitarras y violines. Elementos fundamentales, tratándose de una Escuela Superior de Educación Artística (ESEA) emblemática de música.
“Las cooperadoras somos importantes en las trayectorias de les estudiantes, en cuestiones pedagógicas en vínculo con les docentes, colaborando con las familias y toda la comunidad para que todos tengan igualdad de condiciones y puedan alcanzar los objetivos y también desde lo emocional, acompañando en el camino hasta la recibida. Somos realmente una pieza fundamental de la comunidad educativa”, sintetiza Claudia Villafañe del Colegio “San Martín” N° 10 DE 8.
Claro está que el intento de desarticulación de los espacios organizativos propios de la comunidad trasciende a esta arremetida contra las cooperadoras. Este episodio es parte del accionar sistemático de la actual ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, para con el movimiento educativo, que ha logrado una y otra vez plantarse ante sus políticas de vaciamiento y correr el límite de lo posible convencides del rol transformador de la escuela. Cuanto más se acercan las elecciones, y con su candidatura ya en juego, silenciar las escuelas se vuelve una tarea tan urgente para invisibilizar años de déficit y abandono como difícil frente a la perseverancia en la defensa de la educación pública por parte del conjunto de las comunidades.