El domingo 4 de diciembre de 2022 periodistas de Tiempo Argentino dieron a conocer el contenido parcial de un chat del que participan jueces, funcionarios porteños y el presidente del Grupo Clarín. La nota, que lleva la firma de Néstor Espósito, indica que Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de la empresa de medios y sobrino de Héctor Magnetto; el CEO de ese grupo empresario, Jorge Rendo; los jueces en lo penal económico Pablo Yadarola, en lo criminal y correccional federal Julián Ercolini, en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials y el juez de casación en lo criminal y correccional federal Carlos “Coco” Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y Leo Bergot, quien en realidad es el ex hombre de la SIDE Leonardo Bergroth formaron parte de un viaje al sur, a la zona de Lago Escondido, pseudo principado del magnate inglés (amigo de Mauricio Macri) Joe Lewis.
Estos hechos ya no pueden ser discutidos: la filtración de los chats del grupo -del que participa también Juan Bautista Mahiques, hijo del juez y actual fiscal General de la CABA- con estrategias para el ocultamiento del viaje le otorgan verosimilitud suficiente. A confesión de parte, relevo de pruebas.
¿Cómo analizar estos hechos? La innumerable cantidad de delitos asociados a este viaje reseñados por Elizabeth Gómez Alcorta en un hilo de Twitter son un buen punto de partida. Sin embargo, estos hechos funcionan también como botón de muestra del lawfare; como evidencia del modelo de seguridad y justicia que promueve abiertamente el oficialismo en la CABA y la necesidad de democratizar el Poder Judicial como un problema (ya urgente) de la política.
Manual básico del lawfare
La connivencia entre poderes mediáticos, Poder Judicial, servicios de inteligencia y derecha política es evidente en este caso. Sin embargo, nadie en la política ignoraba estos circuitos. Lo que sorprende -por novedoso- es hasta dónde están dispuestos a llegar. Antes contenidos o limitados a encubrir, ahora estos acuerdos resurgen mostrando su cara más osada en un contexto internacional positivo para ellos, en el que avanzan las derechas y se legitima el Poder Judicial como vehículo de proscripción. Ejemplos paradigmáticos como los de Brasil o Ecuador, descriptos brillantemente por Arantxa Tirado Sánchez en su libro El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley (Akal, 2021) o Gabriel Chamorro en Lawfare o la continuación de la política por otros medios (Nuestra América, 2020), permiten ver las caras más radicales de estos procesos. Allí también -como en Argentina- los jueces “independientes” que motorizan los procesos devienen luego ministros o referentes de la oposición.
Injerencia política y cambio de régimen son sus propósitos finales, explica Tirado Sanchez. Aplicación desigual y asimétrica del derecho sus métodos. El ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni lo ha denominado con buen tino “derecho penal vergonzante”: collage de pura venganza mediáticamente promovida contra dirigentes y dirigentas populares. Sus protagonistas: jueces partidizados, representantes de los grandes grupos de poder mediáticos con servicios secretos articulados para deteriorar la reputación de sus objetivos e influir en las elecciones. Todo este circuito se ve prístino en las filtraciones del chat que ahora es público.
¿Por qué Argentina es un capítulo especial? Al menos por dos cuestiones: por la positiva, porque muestra que, a pesar de estos intentos de utilización política y partidizada del Poder Judicial, existe un pueblo fuerte que sostiene a sus dirigentes, que no se deja convencer fácilmente, demostrando que la credibilidad y la legitimidad está sobre todo ubicada en el pueblo que se manifiesta y en el pueblo que vota. Por la negativa, porque demuestra que no importa solo la condena sino especialmente el proceso que puede llevar a ella. Es sabido que la condena en sí a Cristina Kirchner no traerá aparejada su proscripción ni su prisión efectiva porque no es firme. No obstante, los efectos “colaterales” de éste y otros procesos que la vicepresidenta padeció (por ejemplo, los instados por el fallecido juez Claudio Bonadío) han mellado su reputación, al menos para un importante sector poblacional, y también corroen la tolerancia de la propia lideresa que en su descargo público tras conocerse la sentencia, anunció que no se va a presentar en 2023.
Si estas causas no explican la resistencia de ciertas franjas poblacionales de nuestro país a la figura de Cristina, al menos sí pueden servir para explicar la virulencia de algunos grupúsculos empecinados en atacarla. Reafirman así la utilidad de la estrategia para el poder real. El golpe puede concretarse como en Brasil (impeachment y proscripción) o no, como en Argentina; igualmente producirá un daño enorme a la política en general. Los efectos son más graves que lo que a priori parecería: afectan al siempre bien ponderado sentimiento de justicia, desmoralizan, promueven mafias y grupos hiperviolentos, despolitizan.
Y por casa ¿cómo andamos?
Dos de los más verborrágicos integrantes del chat en cuestión son Marcelo D’Alessandro y Juan Bautista Maquines, funcionarios de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Al día siguiente de trascendidas las capturas, y ya entrada la tarde del lunes, el jefe de Gobierno expresó el apoyo a sus funcionarios a través de Twitter. Por su parte, el Frente de Todos de la Ciudad, hizo en la legislatura un pedido de Juicio Político a los funcionarios porteños involucrados.
Quizás resulte paradójico que la línea pública expresada por los referentes de Juntos por el Cambio, incluido el propio D’Alessandro, respecto del escándalo haya sido la misma que el ministro porteño exponía como estrategia en el chat para desviar la atención sobre la reunión en Lago Escondido: presentarse como víctimas del espionaje ilegal que por otra parte, esa misma fuerza lleva a cabo de manera sistemática.
Pero el aporte más repudiable de D’Alessandro en ese chat, sin dudas, fueron sus expresiones respecto de José Glinski, titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y sindicado en el grupo como quien había filtrado la noticia de la reunión en Lago Escondido. En el intercambio sobre las represalias hacia el funcionario, el ministro de Seguridad expresa su deseo de disolver la PSA y de “ir a buscarlo con un patrullero nuestro -de la policía de la ciudad- para hacerlo cagar”. Más adelante, refiere que una de sus alcaidías seguramente le den una “buena bienvenida”, en alusión a alguna golpiza o violación en la cárcel de su distrito.
Los dichos de D’Alessandro resultan preocupantes en sí mismos pero más aún, leídos en contexto ya que la fuerza policial de la Ciudad ha sido señalada frecuentemente por las organizaciones contra la violencia institucional por la práctica del gatillo fácil.
Los casos recientes y más resonantes han sido los de Lucas González, el joven jugador de las inferiores de Barracas Central presuntamente asesinado por policías de civil en noviembre del año pasado, y el de Gabriel Mastrángelo, profesor de fútbol de una escuela porteña de Balvanera, herido gravemente de bala por la policía en noviembre de este año.
El problema de la violencia institucional viene adquiriendo una relevancia creciente en el distrito y a pesar de que el oficialismo se jacta de haber creado una policía nueva y formada y organice exposiciones para espectacularizarla, las prácticas violentas, también hacia su interior, cada vez quedan más expuestas. Tomemos como ejemplo la desaparición del joven oficial Arshak Karhanyan, cuya familia sostiene la hipótesis del encubrimiento de la institución.
Por estas razones, ya hace seis años que las organizaciones populares de la Ciudad organizan la Marcha de la Gorra en territorio porteño, así como en otras ciudades de nuestro país. En el documento firmado por quienes convocaron a su última edición, en noviembre de este año, se pone de manifiesto que más de la mitad de las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado son jóvenes de entre 15 y 25 años y que los más castigados son los de los barrios de la zona sur de la Ciudad.
Pero los dichos de D’Alessandro en el grupo de Telegram también resultan preocupantes en cuanto a la liviandad con que el ministro se refiere a la situación de las alcaidías del distrito, cada vez más señaladas por el hacinamiento y violaciones a los derechos humanos. Es que el crecimiento cuantitativo de la policía local que hace que la CABA sea una de las más militarizadas del mundo, con una matriz de corte punitivista, y el paulatino pero sostenido traspaso de las competencias del poder judicial nacional al local, especialmente el mal llamado “narcomenudeo” (delitos menores de drogas), han provocado un aumento exponencial de las detenciones aunque no así la baja del delito.
El diseño de la política criminal en la Ciudad de Buenos Aires emana tanto de la cabeza del Ministerio de Seguridad como de la Fiscalía General, el órgano encargado de promover la actuación del Poder Judicial en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad y de ser jefatura de les fiscales que ejecutarán la persecución contravencional y penal: policías y fiscales actúan de manera coordinada.
Desde octubre de 2019, el jefe de les fiscales de la Ciudad es Juan Bautista Mahiques, hijo de Carlos “Coco” Mahiques (juez federal e integrante del grupo de Lago Escondido) y parte de un clan exponente de la llamada “familia judicial” y quien propone, jocosamente, “limpiar un mapuche” como estrategia para desviar la atención del encuentro patagónico en la finca de Lewis.
Su nombramiento, junto con el de Santiago Otamendi como juez integrante del máximo tribunal porteño, fue impugnado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) por falta de idoneidad y garantía de independencia.
Resulta que Mahiques hijo fue funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación durante la presidencia de Macri y representante en el Consejo de la Magistratura cuando este organismo intervino en la designación de su padre como juez federal. Asimismo, fue duramente cuestionado por organizaciones como Human Rights Watch por impulsar el juicio político al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que se encontraba investigando el “Caso D’Alessio”. También trascendieron los señalamientos a Mahiques hijo como el hacedor de la “Mesa Judicial” y de las presiones a jueces y juezas del Poder Judicial de Nación durante el gobierno de Juntos por el Cambio, para favorecer al oficialismo y hostigar a la oposición.
Otamendi, por su parte, había sido impugnado por carecer de antecedentes de formación y carrera que el cargo requiere y por no representar la garantía de independencia mínima, ya que era funcionario de la cartera de justicia nacional de Macri y abierto militante de Juntos por el Cambio: “Consideramos que la cercanía del candidato con el partido que ejerce el gobierno tanto a nivel nacional como de la Ciudad, puede condicionar su accionar en el ejercicio de su cargo, impidiendo la resolución de sus asuntos sin restricciones ni influencias. Dicho conflicto se ve potenciado si se tiene en cuenta que, de asumir el cargo al que aspira, una gran proporción de las causas que deberá resolver tienen al Gobierno de la Ciudad como una de sus partes”, sostenían las organizaciones firmantes de la impugnación en mayo 2019.
A este entramado reñido con los mandatos constitucionales de independencia de poderes, debemos sumarle otro hito importante en la Ciudad: la votación de una ley, en medio del desconcierto generalizado por los inicios de la pandemia, que reformó el Poder Judicial de la CABA y creó una figura, la Secretaría de Administración General y Presupuesto, que en los hechos funciona como una intervención política designada por la Legislatura con facultades de administración que hasta ese momento recaían el Consejo de la Magistratura y en el Ministerio Público, generando mayor concentración del poder e injerencia del Ejecutivo.
La falta de independencia de poderes y los vínculos obscenos entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en el distrito gobernado por Larreta se vuelven tangibles cuando observamos algunos de los fallos más polémicos emanados de sus distintas instancias. Un ejemplo reciente de este punto fue la discusión judicial sobre las vacantes, en la cual el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) adoptó un criterio restrictivo. En relación a la cuestión del acceso al aborto legal seguro y gratuito, el TSJ suele “dormir” las causas que llegan a su conocimiento a la espera de que las resuelva el Ministerio para luego declararlas abstractas. Además, la jurisprudencia del TSJ tiende a avalar las decisiones y políticas de seguridad del oficialismo. Concretamente, en forma reciente, pueden verse ejemplos de este tipo en relación a un procedimiento de requisas y al uso de pistolas taser. No podemos olvidar tampoco la recusación llevada adelante por el GCBA contra el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, Darío Reynoso, que frenó la elaboración de un protocolo a aplicarse en los barrios populares en el contexto de pandemia o el pedido de la fiscal porteña, Celsa Ramírez, de bloqueo de la plataforma web para recabar con aportes ciudadanos, casos de violencia policial.
Todos ellos son claros ejemplos de la política de (in)seguridad y la (in)justicia que le gusta al oficialismo en la ciudad: lejos de las bambalinas del discurso republicano, signado por el desacato, la apelación y recusación sistemática y la intervención para el disciplinamiento político, de espaldas a las demandas de la ciudadanía porteña.
Democratizar el poder judicial
Elizabeth Gómez Alcorta advertía en 2020 que “cualquier proyecto político que pretenda sostener y construir mayores niveles de democratización y justicia social, necesariamente, deberá asumir el compromiso de construir un nuevo esquema de administración de justicia con legitimidad social y democrática, como una deuda del pensamiento crítico y de la práctica política emancipadora” (Zaffaroni, Caamaño y Vegh Weis, 2020, Bienvenidos al lawfare. Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal, p. 158).
Lo cierto es que hemos logrado muy poco en este cometido. Ninguna de las reformas del Poder Judicial ha progresado a nivel legislativo. No hemos podido comprometer a la sociedad toda en estos debates, como sí se ha hecho en otros casos -por ejemplo, la democratización de los medios de comunicación-. Fallamos al tejer suficientes alianzas o priorizar la voz de aquellos actores y actrices que dan la lucha diaria al interior del poder judicial: trabajadores/as y sus organizaciones, funcionaries y magistrades que promueven transformaciones democratizantes, organizaciones de derechos humanos y del movimiento de mujeres y LGBTTIQ+ que levantan la bandera de la reforma judicial feminista. No hemos logrado diseñar instituciones durables porque las hemos dejado descansar más en poderes circunstanciales que en planteos de fondo; más en actores especulativos que en el pueblo. La derecha en el gobierno, en el interregno macrista, ha avanzado ocupando espacios de enorme poder a nivel nacional y local. Hoy, debilitados, lamentamos no haber avanzado lo suficiente cuando pudimos.
La disputa deficitaria de algunos territorios -como la CABA- le han proporcionado a la oposición una base de poder real desde la que construyen un embate cuyos daños son a esta altura incalculables. La mesa judicial inicialmente dirigida por Garavano, Angelici y Pepín Rodríguez, hoy continuada por el clan Mahiques, no se origina sino en el ámbito de la Ciudad.
Avanzar en este ámbito es imperioso para cualquier proyecto político en la Argentina de hoy. Sin caer en inocentes planteos: pequeños cambios pueden representar grandes avances.
Una de las organizaciones que nuclea a trabajadores y trabajadoras judiciales de todo el país, la Federación Judicial Argentina (FJA), hace tiempo que viene señalando la necesidad de democratizar el Poder Judicial.
La integración popular de los Consejos de la Magistratura es una propuesta en ese sentido. Se trata de los órganos que seleccionan, evalúan y eventualmente, remueven magistrades y actualmente se encuentran compuestos por el estamento de los jueces y juezas, el colegio de abogados y abogadas y les representantes de las legislaturas. Es urgente que la ciudadanía también pueda participar de esas instancias de manera directa, a través de organizaciones de derechos humanos, feministas, sindicales. Es impensable que el pueblo no tenga conocimiento, ni voz, ni voto a la hora del nombramiento de aquellos y aquellas que, en definitiva, resolverán sobre sus vidas. Este diseño institucional funciona actualmente en las provincias de Entre Ríos, Santa Cruz y Chubut desde la década de los 90 y se ha mostrado como un modo eficaz de mejorar el conocimiento popular de la cosa judicial.
La validación periódica de la idoneidad de magistrados y magistradas que tienen cargos vitalicios, es otra de las medidas necesarias. Asimismo, esta evaluación debe incluir las capacitaciones previstas en la Ley Micaela porque esta normativa es taxativa, y así lo ha expresado la sociedad desde el primer Ni Una Menos, en cuanto a que un funcionario o funcionaria pública, sin formación en materia de géneros y derechos humanos, no está capacitado para ejercer esa función.
El ingreso democrático, público y según orden de mérito, es una de las necesidades más urgentes para terminar con la llamada “familia judicial” y la endogamia que da lugar a los favores y devoluciones, a los vínculos espurios con los servicios de inteligencia y poderes concentrados. Aquellos fueros y jurisdicciones que lo han implementado muestran un funcionamiento mucho más transparente. El Poder Judicial de la CABA, lamentablemente, está muy lejos de ello.
Al interior de los poderes judiciales, las situaciones de violencia laboral y de violencia de género son cada vez más visibilizadas. Este flagelo de larga data responde al propio entramado de asimetría entre quienes detentan un poder absoluto al interior de las oficinas y quienes dependen de su discrecionalidad por carecer de reglas claras en cuanto a las relaciones laborales. El derecho a la negociación colectiva de les trabajadores judiciales, que por otra parte ha sido reconocido por la Organización Internacional del Trabajo en 2012 por una demanda iniciada por la FJA, responde al cumplimiento de la ley así como también es la forma de contrarrestar el tutelaje y el abuso de poder de quienes ejercen las magistraturas respecto de les que cotidianamente sostienen la maquinaria judicial con su trabajo.
Que el Poder Judicial de nuestro país es un problema está cada vez más a la vista de todo el mundo. Que lejos de responder a las necesidades de la ciudadanía, sus intereses están cada vez más ligados a los de los poderes económicos, mediáticos y la derecha política, es hoy por hoy, una caracterización que va cobrando peso. Ahora, es momento de construir una agenda que involucre a todos los actores y actrices sociales que buscan una verdadera democratización, a la academia, a las organizaciones civiles, a los movimientos feminista, de derechos humanos y sindical, para avanzar en reformas de fondo que puedan ser apoyadas por amplias capas de la sociedad y contrarrestar la previsible reacción corporativa. Está a la vista que con este poder judicial, no hay democracia posible.