Durante la última semana el congreso chileno realizó un importante anuncio: la firma del llamado “Acuerdo por Chile” mediante el cual se abre un nuevo proceso constituyente.
Esto ocurre luego del fracaso del anterior intento, sepultado por el voto negativo de más del 60% de las y los votantes en el referéndum de salida realizado en septiembre de este año. Dicho proyecto expresaba el tono y varias de las demandas manifestadas en las calles durante la rebelión popular de octubre de 2019, y sostenidas por los movimientos sociales y los sectores progresistas durante décadas.
El nuevo acuerdo anunciado esta semana, firmado por 14 partidos y 3 movimientos políticos (tanto del oficialismo como de la oposición) establece un conjunto de premisas sobre el contenido del proyecto constitucional, así como nuevos mecanismos para su elaboración.
El tono general está dado por las llamadas “12 bases constitucionales” que introducen límites explícitos a los alcances del nuevo proceso. La mayor parte de ellas se encarga de refutar las normas propuestas por el anterior proyecto. Por ejemplo, se afirma que la nación chilena es “una e indivisible”, un rechazo explícito al principio de la plurinacionalidad establecido en la constitución rechazada meses atrás. Se sostiene que el “terrorismo” (término que el discurso mediático utiliza para referirse a las acciones radicalizadas de protesta social) es “contrario a los derechos humanos”. Se establece que “el desarrollo progresivo de los derechos sociales” debe quedar sujeto al “principio de responsabilidad fiscal” y que se llevará a cabo por “instituciones estatales y privadas”. Se sostiene la continuidad de la división en tres poderes del Estado y la persistencia del Senado, así como de la institución de Carabineros (responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante las protestas populares de las últimas décadas) y de la existencia de al menos cuatro formas distintas de “estados de excepción” constitucional.
Por otra parte, se establecen también nuevos mecanismos de funcionamiento para el proceso constituyente. El órgano encargado de elaborar el nuevo proyecto será un Consejo Constitucional de 50 personas, votadas directamente por la ciudadanía mediante sufragio universal. Será un espacio paritario, abierto a las listas partidarias y a las candidaturas independientes, que también incluirá escaños para los pueblos originarios en proporción a los votos que obtengan sus candidatos. Es decir, tendrá una conformación más compacta que los 155 miembros de la anterior Convención Constitucional y con menor representación originaria. Cada norma, al igual que el texto final en su conjunto, deberá ser aprobada por el 60% de sus miembros, y para ser rechazada de forma definitiva necesitará el voto de dos tercios del cuerpo.
La segunda innovación, de mayor alcance que la anterior, es la introducción de la llamada “Comisión Experta”. La misma estará formada por 24 personas, elegidas por el actual congreso chileno (12 por el Senado, 12 por Diputados) en proporción a la representación que tiene allí cada fuerza política. Los mismos deben ser aprobados por 4/7 de los miembros de cada Cámara. Los expertos serán los encargados de elaborar el anteproyecto sobre el cual debatirá y decidirá el Consejo, y por lo tanto, los que establecerán el tono general y las bases de todo el proceso. También participarán con voz y sin voto en las deliberaciones, y formarán parte de una Comisión Mixta (en paridad con miembros del Consejo) que definirá en el caso de propuestas que en el Consejo no lleguen al quórum de 60% de aprobación ni al de dos tercios de rechazo. De esta forma, la Comisión tendrá la atribución de “desempatar” en los casos donde la votación no arroje resultados decisivos (o por lo menos esto es lo que puede interpretarse).
Por último, también se incorporará al proceso un “Comité Técnico de Admisibilidad” formado por 14 personas (“juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica”) a elegir por el Senado, que evaluarán si las normas aprobadas son “admisibles” en función de su adecuación a las “bases constitucionales” anteriormente mencionadas. Según la letra del acuerdo, este Comité parece tener poder de veto.
El nuevo proceso constituyente se iniciará en enero de 2023 con la instalación de la Comisión Experta y continuará con la elección de Consejeros y Consejeras en abril. Desde el comienzo de sesiones el Consejo contará con un periodo de cinco meses para elaborar el nuevo proyecto. Al igual que en el anterior proceso, el proyecto aprobado deberá ser sometido a referéndum popular vinculante por sufragio universal y obligatorio a ser realizado el 26 de noviembre de 2023.
El proceso constituyente y las relaciones de fuerzas
El triunfo del “rechazo” al anterior proyecto constitucional produjo un efecto indiscutible: el traslado del centro de gravedad política del país, que hasta entonces se encontraba en manos de los sectores que habían protagonizado la rebelión popular de octubre de 2019 -y que en el terreno electoral se expresaron a través de la coalición Apruebo Dignidad (a la que pertenece el presidente Gabril Boric)-. Tras el resultado del referéndum, la agenda política y sus tiempos volvieron nuevamente a manos de las fuerzas del establishment político tradicional.
Sin embargo, este retroceso tampoco fue tan profundo como para retrotraer la relación de fuerzas a la que existía antes de la rebelión: el piso del cual se parte continúa siendo la impugnación masiva al régimen heredado del pinochetismo. Por lo tanto, el escenario ha quedado más cercano al “centro” político, alejado tanto de las fuerzas que proponen una transformación profunda del país como de las que plantean una conservación de la vieja constitución de 1980.
Este clima político general, cristalizado en el “Acuerdo por Chile”, se ve reforzado por la composición del congreso -en el que Apruebo Dignidad está en minoría- y que tendrá ahora un rol mucho más destacado en el nuevo proceso constituyente. También está por verse cómo se expresará el voto popular en la elección a representantes del nuevo Consejo Constitucional.
En este contexto adverso, las fuerzas partidarias del cambio social se enfrentan ahora al desafío de intervenir para que la nueva constitución contenga la menor cantidad posible de elementos de continuidad con el régimen cuestionado en las calles, y para que las bases institucionales establecidas impongan la menor cantidad de obstáculos a la expansión de derechos sociales, económicos, políticos y culturales.
La batalla inmediata es, por lo tanto, por una constitución que sea lo más progresista posible, en la perspectiva de intentar construir a largo plazo una hegemonía de las fuerzas transformadoras, que permita avanzar con los profundos cambios sociales demandados en octubre de 2019 y por décadas de movimientos sociales. Una acumulación que depende de que esos mismos movimientos puedan reagruparse y volver a ocupar las calles, para pelear y ganar la batalla cultural contra los elementos neoliberales y conservadores todavía presentes en la conciencia de una mayoría social.