Bill Nelson fue senador. Bill Nelson fue astronauta. Bill Nelson es el administrador de la NASA y líder de la agencia científica más prestigiosa del mundo. Pero más allá de esas cosas, Bill Nelson es un habilidoso estratega político que ha sabido navegar las difíciles aguas de la transición desde el control estatal del espacio exterior hacia la colaboración público/privada que impera por estos días.
Es que Bill Nelson, con sus ya 80 años, ha sido partícipe de la gestión en el Congreso de EE.UU. que hoy han relanzado a la NASA a nuevas alturas. Los acuerdos comerciales con empresas privadas, principalmente SpaceX de Elon Musk, han permitido delegar las tareas “sencillas” como el envío de carga y astronautas a la Estación Espacial Internacional. Con esto resuelto, el foco de la NASA ha vuelto a las ambiciosas misiones científicas como el nuevo telescopio James Webb y la exploración robótica de Marte, además de los renovados esfuerzos para visitar la Luna.
La última semana de julio el experimentado administrador se paseó por distintas agencias y organismos argentinos vinculados al espacio como parte de su visita oficial a nuestro país. Su visita sin dudas se ha visto teñida por alguna que otra “distracción” producto de la polémica del tema OVNI, muy popular por estos días. Sin embargo, Nelson se ha centrado en la búsqueda de acuerdos que permitan estrechar la colaboración entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina, y la NASA, su contraparte estadounidense.
Más concretamente, el funcionario estadounidense venía trabajando hace tiempo en sumar a nuestro país a los Acuerdos Artemis. Este tratado internacional es impulsado por EE.UU. desde la administración Trump en 2020 y hasta el momento de la llegada de Nelson al país contaba con la firma de 27 Estados, entre ellos México, Brasil, Colombia, Ecuador y la gran mayoría de las potencias de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
¿Pero de qué se tratan estos acuerdos? La NASA se encuentra en plena carrera espacial por retomar la exploración de la Luna y eventualmente la del resto del sistema solar comenzando por Marte. Si bien suena a ciencia ficción, los últimos tres años vieron avances importantes en esta materia. Sin ir más lejos, en 2024 ya está pautada una misión espacial en la que 4 astronautas orbitarán la Luna por primera vez en más de 50 años.
Este ambicioso plan es denominado Programa Artemis y es liderado por los estadounidenses de la NASA, con el apoyo de las agencias espaciales de Europa, Canadá y Japón. Del otro lado de esta contienda por retornar a la Luna se encuentra China, la gran potencia oriental del espacio, y la golpeada pero experimentada Rusia como aliada secundaria.
Una de las claves de la estrategia estadounidense es replicar en la Luna el modelo de participación privada que tanto rédito le dió en las órbitas terrestres. La premisa es que la NASA abre nuevos territorios, pero una vez conquistados deja paso a la actividad comercial (turística y de explotación minera) para poder dedicarse a explorar más allá. La NASA es punta de lanza y los privados acompañan detrás.
El marco legal para estos emprendimientos privados extraterrestres es, en el mejor de los casos, incierto. Y por eso es que la agencia estadounidense impulsa una serie de nuevos acuerdos internacionales que le den legitimidad. Los Acuerdos Artemis son el estandarte principal de esta estrategia.
Inicialmente, fueron firmados por los países que participan del Programa Artemis. Pero en los últimos tres años la lista incluye a Estados con poca o nula tradición espacial, ya que no se trata de aportar material ni técnicamente, sino de un apoyo político a la nueva estrategia de exploración y explotación liderada por Washington.
La realidad es que, más allá de las cuestiones mencionadas, los Acuerdos Artemis dan importantes pasos hacia adelante en cuanto a derecho espacial. Se apoyan en una serie de tratados pre-existentes como por ejemplo el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre impulsado por la ONU en 1967. Asimismo amplían las obligaciones de las naciones participantes, ratificando lo establecido en acuerdos anteriores pero operacionalizando algunos aspectos que eran poco claros o ambiguos.
Los críticos de estos nuevos acuerdos, principalmente provenientes del conglomerado chino-ruso, plantean que debería ser la ONU quien lidere la negociación de nuevos tratados internacionales sobre la convivencia en el espacio.
El pasado 27 de julio, el ministro de Ciencia y Tecnología argentino, Daniel Filmus, fue el encargado de rubricar estos acuerdos en conjunto con el administrador de la NASA. La Argentina se suma así a una serie de países que dan su apoyo a Estados Unidos en cuanto a las reglas que regirán la exploración lunar en los años venideros.
Al tratarse de un acuerdo marco, nuestro país tiene ahora la oportunidad, aunque no la obligación, de participar más activamente del Programa Artemis proveyendo apoyo financiero, de equipamiento y/o asesoramiento técnico. Futuros acuerdos puntuales son los que decidirán cómo, cuándo y dónde la Argentina, si es que lo hace, aportará a la exploración lunar.
Lo que es seguro es que el país ha dado, a partir de esta firma, un espaldarazo importante al avance estadounidense en materia espacial. Sin embargo, también ha cedido territorio para la construcción de una base de comunicaciones espaciales de la agencia espacial china. ¿Neutralidad? ¿Tercera posición? ¿O esquizofrenia diplomática?