El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) impulsa en la Legislatura la sanción de un proyecto de ley que establece multas económicas para quienes busquen y saquen residuos de los contenedores desplegados en la vía pública. La iniciativa fue presentada a principios de octubre, en plena campaña electoral, y por esta razón recién días atrás se debatió en comisión donde el oficialismo logró dictamen favorable para su tratamiento en el recinto. Aunque según trascendidos de las últimas horas se habría dado marcha atrás con las sanciones a los recuperadores, todavía no hay confirmación ni se pudo acceder al texto definitivo del proyecto.
Con la firma de Clara Muzzio, la actual ministra de Espacio Público e Higiene Urbana y flamante vicejefa de Gobierno electa, las medidas ya despertaron el rechazo en las cooperativas de recuperadores urbanos que por ley se encargan de la recolección de residuos reciclables. Pasan los años, cambian las autoridades, pero en el distrito porteño persiste la insensibilidad de la gestión del PRO hacia los sectores sociales más postergados.
El proyecto, que sería tratado este jueves 2 de noviembre, busca elevar el valor de las multas establecidas en el actual Régimen de Faltas que rige en la Ciudad de Buenos Aires. Esto afecta a las personas que sacan la basura fuera del horario permitido, entre las 19 y las 21 y a quienes no cumplan con la separación en origen de los residuos domiciliarios.
Pero la novedad que generó controversia es la incorporación de dos artículos que castigan a las personas que manipulan “contenedores o puntos de disposición de residuos sólidos urbanos” instalados en la vía pública con sanciones económicas de hasta 101.262 pesos. Según el texto del proyecto, la multa puede superar el millón de pesos en caso de que la infracción sea cometida por una persona jurídica, como pueden ser las cooperativas de recicladores urbanos. También se plantea el decomiso de los materiales recolectados.
“Están tratando de hacer lo que ellos llaman ordenar la calle y la única forma que encuentran para hacerlo es con dispositivos represivos y no con políticas que mejoren la calidad de vida de quienes trabajan en la calle”, explicó en diálogo con este medio Alejandro Gianni, referente histórico de la Cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste (RUO) y secretario de Ambiente de la CTA Ciudad. “Nuestra preocupación es que se pretende un ordenamiento represivo que lejos está de ordenar la vía pública. Por el contrario, se busca expulsar al mantero o cartonero fuera de la ciudad”, añadió.
Antecedentes contra la recuperación de residuos reciclables
Las reformas estructurales neoliberales que se implementaron en la década de 1990 generaron un proceso de exclusión social inédito en el país. Esto provocó que miles de hombres y mujeres salieran a las calles a juntar cartones y materiales reciclables para poder sobrevivir. Así fue que comenzaron a surgir los primeros procesos organizativos del sector y las primeras luchas por el reconocimiento del trabajo.
En esos años de principio de siglo, además de pelear por la formalización del trabajo, el movimiento cartonero tuvo que enfrentar a la mafia policial que pedía coimas para dejar trabajar; a la mafia de los corralones que pesaban y cobraban lo que se les antojaba por el material recuperado; más el estigma social por intentar subsistir mediante la recuperación de residuos sólidos urbanos caminando por los barrios capitalinos de sectores medios y altos.
Pero antes de este fenómeno, durante la última dictadura cívico/militar y bajo la intendencia del brigadier Osvaldo Cacciatore, se sancionaron los artículos 6° de la Ordenanza Nº 33.581/77 y 22° de la Ordenanza Nº 39.874/84 que prohibía la selección, remoción, recolección, adquisición, venta, transporte, almacenaje, o manipuleo de toda clase de residuos domiciliarios que se encontrasen en la vía pública para su retiro por parte del servicio de recolección.
Ambos artículos fueron derogados recién en 2003 con la sanción de la ley 992/02 que contó con un importante apoyo de las organizaciones sociales de la Ciudad. Es que esa prohibición podría constituir, en todo caso, una falta municipal, pero nunca un delito, ya que la figura no está incorporada al Código Penal.
Sobre la base de estás ordenanzas fue que el 27 de agosto de 2002, Mauricio Macri, en una entrevista al diario La Nación, dijo: “Este es un negocio millonario y los cartoneros tienen una actitud delictiva porque se roban la basura”.
Es que durante la dictadura cívico militar y hasta los 90 el grupo Macri tuvo la concesión exclusiva para gestionar los residuos de la Ciudad de Buenos Aires a través de Manliba, una empresa creada en 1980. En el fondo de la demonización hacia los y las recuperadoras estaban los negocios de una familia que hizo fortuna con prebendas del Estado tanto en dictadura como en democracia.
Incluso historizando la problemática de las sanciones punitivas a la recolección de desechos, residuos o sobras, ya vemos que durante el siglo XIX en la Provincia de Renania (Prusia) un joven Karl Marx denunciaba la criminalización de la recolección de leña en el Río Mosela por parte de los pobres expulsados de la tierra tras la disolución del régimen feudal. Confundir robo con recolección no era una simple torpeza de los diputados de la sexta asamblea de la dieta renana, sino que tenía que ver con la ruptura de lógicas no mercantiles y derechos comunales consuetudinarios que constituían un obstáculo para el avance de las relaciones de propiedad capitalistas. Por eso, mientras se privatizaban y cercaban las tierras comunes se creaba un delito: el robo de leña. En este sentido, no cambiaron los criterios que guían hasta nuestros días el comportamiento del capital y sus representantes legislativos.
La importancia del reciclado con inclusión social
En Argentina se producen todos los días 50 mil toneladas de residuos. La mitad de ellos termina en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios y alrededor del 20% son envases post consumo. Actualmente, de acuerdo a datos de la ONU, el país sólo recicla un 6% de esos desechos que vuelven a la industria como materia prima, mientras que según cálculos aproximados, más del 40% de los que se generan en los hogares pueden ser recuperados y reutilizados.
En esta tarea de recuperación y reciclaje cumplen un rol esencial los y las cartoneras, carreras y recuperadoras urbanas que hace décadas llevan adelante un servicio público para toda la sociedad. Este trabajo, a la vez que protege y cuida el ambiente, posee una dimensión socialmente inclusiva ya que es el sustento para cientos de miles de personas y familias estructuralmente excluidas del mercado laboral de la economía formal.
El trabajo de este sector implica circularidad: un proceso en el cual un producto o material ya utilizado en lugar de ser desechado es procesado para su reutilización, generando una disminución del impacto ambiental del consumo al reducir los residuos.
Cabe señalar que, a pesar de la importancia de esta tarea, los 150.000 cartoneros y cartoneras que impiden que el sistema colapse, trabajan en pésimas condiciones. Miles lo hacen en los propios basurales sin baños, agua, ni techo para cubrirse del sol o la lluvia. Asimismo, una gran parte -quienes no integran las distintas cooperativas- no tienen ingresos fijos.
La política de cogestión de residuos entre el Gobierno porteño y las cooperativas de recicladores urbanos, resultado de la lucha y organización de estas últimas, suele ser presentada como un éxito. Sin embargo, es preciso señalar que el funcionamiento de este sistema suele definirse unilateralmente desde el GCBA sin participación de los recicladores y vecinos.
Por otra parte, en vez de criminalizar a quienes revuelven contenedores para subsistir, es necesario que se abran cupos para integrar a nuevos recuperadores urbanos al sistema de co-gestión de la CABA. Hoy esos cupos se encuentran cerrados, haciendo que miles de personas que encuentran en la recolección de residuos y el cartoneo una fuente de ingresos no tenga posibilidad de sumarse a las cooperativas existentes.
A su vez, como señaló Gianni es necesario “trabajar con la concientización de los vecinos acerca de la separación en origen de los residuos y sobre el horario de sacarlos a la calle. También hay que trabajar más a fondo con las cooperativas para que haya más recolección domiciliaria y los residuos no lleguen a la vía pública. Son tareas de concientización que no se hacen pero si en vez de esto lo primero que se te ocurre es multar, entonces te llevas a las patadas con la realidad”.
Un proyecto a contramano de la lucha contra la crisis climática
Como ya se sabe, los eventos climáticos extremos como las olas de calor o frío, las inundaciones, sequías y bajantes de ríos ya son un hecho concreto de la realidad que debemos mitigar para que nuestra vida y el ambiente no se vea afectado. En este panorama, los sectores sociales más postergados, son quienes más sufren las consecuencias, mientras los sectores más ricos son los que más daño ambiental producen. La falta de políticas de adaptación al cambio climático profundiza este impacto diferencial.
En este contexto, el trabajo cotidiano de los y las recuperadoras urbanas adquiere una relevancia especial por su aporte a la lucha contra el calentamiento global. El reciclado es una de las tantas estrategias de mitigación para combatir este cambio climático porque cuando reciclamos reducimos el trabajo de extracción, transporte y elaboración de nuevas materias primas. Esto implica una disminución importante del uso de la energía necesaria para llevar a cabo estos procesos y por ende menos gases de efecto invernadero. Castigar económicamente la labor de los y las recuperadoras urbanas afectaría su aporte socioambiental.
En este sentido Gianni advirtió que van a movilizar con las demás cooperativas “a la puerta de la legislatura para denunciar estás medidas represivas que se quieren implementar e ir generando una masa crítica opositora al proyecto”.