Cada presidente tiene un desafío. Néstor Kirchner debía recuperar el empleo. Fernando De la Rúa, salir de la recesión. Alfonsín, asegurar la transición democrática. Carlos Menem, frenar la hiperinflación.
Javier Milei, entre aquellos, se parece tantísimo más a Menem que a cualquier otro. No por cualidades ni capacidad, sino por la vara de su éxito: es probable que buena parte de la sociedad lo premie si es capaz de bajar la inflación, cualquiera sea el costo, incluso si en el intento aumentaran la desocupación y la marginalidad. La referencia es obvia: la reelección ganada por el riojano en 1995 luego de frenar la hiperinflación pero con un tendal de casi 20 puntos de desocupación.
Milei anhela el mismo camino. Las medidas anunciadas por el ministro Luis Caputo suponen un estremecedor recorte de ingresos para los asalariados, con un combo letal de devaluación y tarifazo, y cuya merma repercutirá primero en el consumo, luego en el nivel de actividad económica y como corolario en la recaudación. Los salarios son una de las anclas elegidas por el gobierno de Milei para frenar –en los próximos dos años– el incremento generalizado de precios.
Sobre aquello, bien apunta el economista Claudio Scaletta que los beneficios anunciados por el ministro como compensación –Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar– recaerán sólo sobre una parte del decil de menores ingresos, por lo que el grueso de la población no podrá contrarrestar los efectos de la devaluación y el tarifazo. Algunos pocos, los que tengan suerte –¿un tercio de la población activa?–, podrán recuperar ingresos vía paritarias. Para el resto, entre monotributistas y precarizados de todo color, sólo quedará el ajuste de sus propios consumos y el intento de llegar a fin de mes sin paliativos.
Lo interesante del caso, por tanto, no será ver si Milei lo logra, sino el costo del bestial intento. Una receta recesiva como la anunciada, sostenida en una caída pronunciada de los ingresos, conjugada con una retracción brutal del gasto público, no puede terminar de otra manera que no sea con una baja de los precios relativos por desplome de la demanda: es decir, el objetivo de máxima es que el precio de la leche deje de aumentar porque no haya quien pueda comprarla. Algo similar a lo que intentó Mauricio Macri en 2018-2019, cuando también, como ahora, decretó sin éxito el freno de la obra pública y de la emisión monetaria.
Allí fue cuando falló un factor esencial: el dólar. Milei se maneja con una brutalidad estremecedora, pero no la suficiente como para levantar el cepo a días de asumir, como hizo Macri en diciembre de 2015. Hay algo de lección aprendida ahí. Es precisamente esa la segunda ancla del plan de Caputo: en teoría, el dólar sólo se moverá 2% cada mes. Habrá que ver para eso qué tal funciona el nuevo sistema de liberalización de importaciones anunciado por el ministro y si la devaluación desalienta la dolarización de los sectores concentrados de la economía.
***
“Ojo porque se puede ir todo a la mierda”, decía Carlos Melconian un año antes de la crisis de 2018. Cinco años más tarde la sensación térmica es la misma. En principio, dos factores exógenos podrían desestabilizar el incipiente plan del gobierno: que los sectores medios y bajos decidan rebelarse y pelear por sus ingresos deprimidos o que la apetencia y voracidad de los sectores altos acentúen la crisis de reservas de dólares en un país con poco margen para endeudarse.
Pero además, en paralelo, hay varios factores endógenos que también podrían arruinarlo todo. El primero es la recaudación, un clásico de las estrategias ortodoxas que apuestan al equilibrio fiscal con caída de la actividad, como en 2001 y 2018. El recorte del gasto previsto por Caputo asume el sostenimiento del nivel de ingresos tributarios como un hecho dado. Pero es posible que la recesión traiga aparejada una caída de la recaudación que torne imposible alcanzar el equilibrio. Esto implica que, cuanto más se recorte el gasto, menos se recaudará y, como consecuencia, exigirá un nuevo recorte aún mayor.
El segundo factor es la variable inflacionaria. La brusca devaluación implicará indefectiblemente un primer aumento generalizado de precios. La gran duda es qué harán para que a ese shock no le sigan otros, siendo que los ejecutores del actual plan económico descreen precisamente de todo control sobre los precios. Para recordar: entre 1989 y 1991, Menem devaluó, achicó el gasto, privatizó y no logró frenar la inflación ni siquiera con acuerdos de precios y salarios.
Y el tercer factor es el cepo. La liberalización de las importaciones es –se supone– el primer paso de un camino que terminará en la eliminación de todos los controles cambiarios. Desconcierta pensar en cómo planean mantener el dólar a raya con reservas escasas, sin acceso al crédito y sin límites a su compra. La última experiencia de desarme de los controles en 2015 terminó con su reposición cuatro años más tarde, luego de una devaluación descontrolada. La gran pregunta es qué pasará cuando decidan –si es que lo hacen– terminar con el cepo vigente desde 2019.
En cualquier caso, todo aún es prematuro y dinámico. De momento, sólo queda recordar que la experiencia del menemismo, lejos del recuerdo nostálgico del oficialismo, aplacó la inflación recién en 1991 y gracias a la convertibilidad, que en definitiva fue una intervención feroz del Estado en la economía tras dos años de descontrol. Éste, en cambio, será el primer experimento de combate a la inflación mediante el empobrecimiento general de la sociedad y la parálisis estatal. Imposible saber qué pasará.