El presupuesto de las casas de estudios se compone, a grandes rasgos, de cuatro tipos de partidas. El primero, el «inciso uno», está conformado por los gastos en personal. Éste es el grueso del presupuesto de todas las universidades, aunque no su principal problema.
Durante estos meses, el Ministerio de Capital Humano ha concedido aumentos siempre por debajo de la inflación y sin compensación alguna por la devaluación de diciembre pasado. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) calcula que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes supera ya el 50% en los últimos cuatro meses y, según la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), el 40% en el caso de los no docentes. El doble de la media de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados.
Sin embargo, ese no es el principal conflicto. O al menos no pareciera ser el conflicto que pueda desembocar en el cierre de las universidades o en su arancelamiento a corto plazo. El sector docente hará paros y movilizaciones, pero no se espera un cierre de carreras por falta de dictantes.
La segunda disputa que transita en paralelo refiere a otro tipo de partidas: el «inciso cuatro». Esto es, en particular, la paralización de la obra pública y la suspensión de los programas de financiamiento para compra de equipamiento áulico, informático, de laboratorio, etcétera. Hasta el 10 de diciembre convivían varias iniciativas en ese sentido del gobierno nacional, desde los Programas Federales “Equipar Ciencia” y “Construir Ciencia” hasta el Plan de Virtualización de la Educación Superior, por mencionar sólo algunos, que oficiaban como partidas suplementarias por fuera del presupuesto general.
Todo eso ahora quedó atrás, incluso para obras ya planificadas y hasta comenzadas, como el Aulario de la Costanera Este de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el edificio de aulas Dorrego II de la Universidad Nacional de Moreno (UNM) o los cinco proyectos frenados en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Las compras de equipamiento o construcciones que las universidades quieran hacer en este período serán apenas las imprescindibles, de seguro con fondos propios. No habrá en general nuevos edificios, nuevas aulas, nuevos planes nacionales de equipamiento científico o tecnológico. Y sin embargo, si ese fuese el principal problema, las universidades podrían sobrevivir.
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El conflicto central es otro, menos costoso y más cotidiano: los gastos de funcionamiento. Allí se juega el futuro inmediato de las universidades nacionales. Son las partidas presupuestarias correspondientes a bienes («inciso dos») y servicios («inciso tres»). Del primero son ejemplos los gastos para compra de tubos de luz, papel higiénico, marcadores, baterías, resmas, elementos de limpieza, libros, alimentos para comedores, etcétera. Del segundo, los gastos de vigilancia, limpieza, fumigación, mantenimiento, impresiones, capacitaciones, entre otros, y los destinados al pago de los servicios públicos de electricidad, gas, agua y comunicaciones.
Según el sector universitario, los gastos de funcionamiento, los vitales para mantener abiertos los edificios, representan alrededor del 5% del presupuesto. Sobre estas partidas es que el Ministerio de Capital Humano dejó trascender que dispondría un aumento del 70%. Es decir, todavía un 200% por debajo de lo necesario para equiparar la inflación del período.
Mientras tanto, las universidades comenzaron a recibir las primeras facturas de servicios públicos con aumentos desmesurados. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), que deberá afrontar el pago de 14 millones de pesos a EDENOR, diez millones más que el año pasado. Y el de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que recibió la factura de EDELAP con un 400% de aumento. Y el de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que destina la mitad de sus partidas de funcionamiento al pago de la luz. Y el de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa), cuyo consejo de administración analiza qué servicio dejar de pagar para mantener las puertas abiertas: el agua o la limpieza.
Otras casas de estudios, como las Universidades Nacionales de La Matanza (UNLaM) y Tres de Febrero (UNTREF), ya avanzaron en la migración hacia la virtualidad como opción de ajuste de gastos fijos. Una alternativa que la Universidad Nacional de la Patagonia (UNP) mantiene también en su agenda de opciones, en la víspera del incremento de la factura de gas.
La crisis presupuestaria se extiende así por toda la geografía. Algunas universidades, como la de San Luis (UNSL), la de Misiones (UNaM), la de las Artes (UNA) o la de Río Negro (UNRN), entre tantas, se declararon ya en emergencia presupuestaria. Otras, además, se vieron forzadas a iniciar un fuerte ajuste puertas adentro. Como la Universidad Nacional del Oeste (UNO), que debió mudar su Facultad de Humanidades por no poder pagar el alquiler; o como la de Córdoba (UNC), que parece dispuesta a desguazar su sistema de radio y televisión; o como la del Litoral (UNL), cuyo rector analiza apelar a la venta de activos universitarios para financiarse; o como las de Quilmes (UNQ) y Hurlingham (UNAHUR), que decidieron recortar su propia oferta académica.
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En ese marco, la sucesión de medidas de fuerza y movilizaciones no parece tener todavía eco en el gobierno. “Por una factura de luz no van a cerrar las universidades”, chicaneó días atrás el vocero presidencial Manuel Adorni.
Y en rigor es cierto. Las universidades se están autoajustando para mantener a flote el dictado de clases presenciales. Aún transitan la etapa en la que recortan el servicio de limpieza, la compra de insumos no urgentes o suspenden las tareas de mantenimiento de equipos y edificios. Pero no cierran. No quieren cerrar.
Esa etapa, calculan en el sector, puede durar seis u ochos meses. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por caso, asegura que una parte de la institución tendrá que cerrar sus puertas en el segundo cuatrimestre si no media un refuerzo presupuestario. El rector de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), en el otro extremo, es más escéptico y confía que sorteará la crisis. Pero ambos coinciden en que el actual presupuesto es insuficiente.
En cualquier caso, si alguien está esperando ver un candado sobre una universidad nacional, es probable que eso nunca ocurra. El problema será el deterioro silencioso, paulatino, los predios deshechos, la virtualidad forzosa, la oferta escasa y, como remate, la instalación del debate público sobre el arancelamiento, que sin dudas es el objetivo de fondo del gobierno: poner a los rectores y rectoras ante la disyuntiva de arancelar o perecer.