Tras dos años de guerra, el pueblo ucraniano padece las consecuencias de una crisis económica que no encuentra freno. De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), en 2024 unas 14,6 millones de personas en Ucrania, el 40% de la población, necesitarán asistencia humanitaria.
En ese contexto, lejos de brindar una ayuda acorde, las autoridades políticas acompañaron una ofensiva patronal que, aprovechando el conflicto bélico y la ley marcial, avanzó a toda velocidad sobre los derechos de las y los trabajadores.
De acuerdo a un informe presentado en febrero de 2024 por las propias organizaciones sindicales, el número de afiliados se ha reducido a la mitad. A esto se suma la persecusión a dirigentes, la ilegalización de partidos políticos y la expropiación forzada de inmuebles y dinero de organizaciones opositoras.
Ucrania está perdiendo la guerra, pero algunos están perdiendo más que otros.