Luego de la contundente demostración de fuerza del 24 de marzo, el kirchnerismo parece haber dejado atrás la fase de los ataques frontales a sus colegas de coalición para intentar retomar la iniciativa política con el proyecto de ley que pretende recuperar una parte de los dólares fugados no declarados, para pagar la deuda con el FMI.
La inflación sigue imponiéndose como el problema más urgente para quienes vivimos de un ingreso fijo y como el más dañino para el Gobierno. En el Frente de Todos (FDT) también hay matices y diferencias en este plano, aunque por ahora solo se expresan mediante las declaraciones mediáticas del secretario de Comercio, Roberto Feletti.
En los dos primeros meses del año la inflación acumuló casi un 9%. La guerra en Ucrania potenció la suba de precios a nivel global y habilitó una escalada especulativa con los alimentos y otros productos de primera necesidad que, pase lo que pase, se hará sentir con dureza en marzo y abril. Por ahora la anunciada “guerra contra la inflación” se limitó a reimponer dos puntos más de retenciones a la harina de soja y sus derivados, establecer un fideicomiso privado para contener el precio interno del trigo y el maíz y acordar con productores y supermercadistas retrotraer los precios de 580 productos al 10 de marzo. A esto se le sumó la convocatoria a una mesa de trabajo entre la CGT, la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Gobierno, que por ahora sólo aportó una foto y una carta de buenas intenciones. El anuncio de un bono extraordinario para jubilades, es por ahora la única medida oficial para apuntalar los ingresos populares de manera directa.
El masivo acampe que organizaciones territoriales que no forman parte del FDT realizaron frente al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar más asistencia es el emergente más palpable de las profundas necesidades que atraviesa una buena parte de la población. También acá el Gobierno contiene visiones diferentes. La negativa a ampliar la cantidad de beneficiarios de los programas de inclusión socio-productiva, sostenida desde el Ejecutivo, debilita la capacidad estatal para responder a la emergencia social alimentando focos de descontento y no hace más que hacerse eco del discurso de las derechas que estigmatiza a quienes están incluidos en dichos planes sociales. Además cae en una visión ingenua acerca de la capacidad del Estado para convertir esa asistencia en trabajo registrado en el sector privado.
La medida de fuerza hizo visible una situación que puede parecer contradictoria con las tendencias macro que viene mostrando el proceso económico. La economía argentina creció más de 10% el año pasado, apalancada por actividades que están en niveles superiores a los de 2019, centralmente la industria manufacturera y la construcción. En marzo, los agroexportadores registraron el mayor nivel de ingreso mensual de los últimos 20 años. Según el INDEC, 2021 cerró con una baja en los niveles de pobreza (del 40,6% al 37,3%) e indigencia (del 10,7% al 8,2%). Y registró una baja en los niveles de desempleo (del 8,2% al 7%), que tuvo un correlato en el alza de la tasa de ocupación.
Para comprender lo que está pasando, esos datos tienen que interpretarse a la luz de dos factores. Por un lado, la magnitud del retroceso que implicó para las condiciones de vida de las mayorías la combinación entre macrismo y pandemia: para dar un dato, la pobreza e indigencia están todavía por encima del registro de fines de 2019 y más aún si se toma como referencia 2015. Por otro lado, hay que incluir el nivel de los ingresos. En 2021 el salario de les trabajadores formales le ganó por poco a la inflación. En el sector privado el salario real quedó apenas por encima del nivel de fines de 2019, mientras que el del sector público permanece por debajo. En el sector informal de la economía, la pérdida de poder adquisitivo se sumó a la que tuvo lugar desde 2018 en adelante. En otras palabras, el empresariado viene ganando la batalla: su tasa de ganancia permanece estable o crece a costa de la clase trabajadora. Con sueldos promedio que van entre los $80 mil (privado registrado) y los $73 mil (público), se evidencia que el salario está por el piso y el empleo generado es de baja calidad.
La crisis del FDT es mucho más que la crisis del FDT
La fractura expuesta de la coalición oficialista no es ajena a las disputas que atraviesan el escenario local ni puede leerse al margen de las situaciones excepcionales que ha tenido que atravesar el Gobierno; es un elemento que se ve condicionado y al mismo tiempo irradia sobre los otros frentes de conflicto.
Su importancia está fuera de discusión, las disputas que se dan dentro del peronismo repercuten más allá de sus límites y no pocas veces fueron decisivas para el rumbo del país. No obstante, para sacar conclusiones políticas productivas hay que evitar las lecturas superficiales.
Las disputas al interior de la coalición de gobierno no pueden leerse como problemas de personalidad. Tampoco aportan mucho las miradas que explican las diferencias por un choque entre un sector moderado y otro radicalizado. Una opción más interesante es concebir a la crisis interna del FDT como la crisis de un proyecto histórico y de una estrategia política.
Hace dos décadas, el kirchnerismo encarnó la salida exitosa de la crisis política y económica de 2001-2002. En su fase más virtuosa motorizó un proceso de ampliación de derechos en base a la tan mentada fórmula de crecimiento económico con inclusión social, a través de mecanismos de distribución más o menos audaces y en virtud de una lógica de acumulación basada progresivamente en la confrontación. La segunda presidencia de Cristina coincidió con el agotamiento de ese ciclo político y económico. El aislamiento, la inflación, la crisis energética y la restricción externa marcaron a fuego ese momento de la experiencia kirchnerista y abrieron paso a la derrota electoral de 2015 poniendo al descubierto una crisis de proyecto que se extiende hasta la actualidad. De hecho, el balance de la experiencia kirchnerista es materia de disputa en el conjunto del peronismo y en buena parte del campo popular.
La contracara de ese agotamiento es la ofensiva del gran empresariado y la derecha política y cultural, que en la última década no ha parado de avanzar en articulación y claridad sobre sus objetivos. Las fracciones de origen local pero cada vez más transnacionalizadas del capital industrial y del agronegocio, sumadas al principal grupo de las comunicaciones, el Grupo Clarín, actúan como vanguardia de un verdadero bloque social dispuesto a defender sus privilegios a como dé lugar. Con su pata judicial, política y mediática, ese bloque conservador es una fuerza fundamentalista de la liberalización económica, desea un disciplinamiento duradero de la clase trabajadora y ve como la peor pesadilla la reedición de una nueva oleada progresista en el país y la región.
El FDT surgió como una táctica electoral realista y al mismo tiempo como una estrategia política que venía a reconocer la situación de empate materializada luego del fracaso del gobierno de Macri. Quien habilitó su existencia fue la propia Cristina, cuando convocó a todo el peronismo y a sectores de la izquierda social y política a confluir para impedir un nuevo mandato de Cambiemos detrás de una propuesta que suponía la construcción de un “nuevo pacto social”. La candidatura de Alberto Fernández fue la vía para garantizar la unidad y también la manera más diáfana de proponerle a los sectores dominantes una especie de tregua.
Pero no pasó mucho tiempo para que ese camino resultara intransitable. Más allá de algunos puentes tendidos con sectores del agronegocio, desde un comienzo el gobierno del FDT tuvo que lidiar con un bloque opositor que se lanzó a condicionarlo y debilitarlo. Con o sin pandemia la estrategia se sostuvo. El centro de gravedad pasa por momentos por el ala política y por momentos la pata judicial hace lo suyo. Los medios sostienen un ataque sistemático.
Vale recordar que en estos dos años los principales grupos económicos impulsaron corridas, resistieron medidas distributivas (como el DNU que declara servicio público a internet o la suba de retenciones) y se dieron la tarea de maximizar sus ganancias aprovechando sus posiciones oligopólicas. Si ese panorama se evidenció desde el día uno, ni que hablar luego de la derrota del oficialismo en las elecciones de medio término.
Hace mucho tiempo que el FDT transita con el pesar de haber querido ser un instrumento para un período de mayor concertación y no haberlo logrado. De distintas maneras, en su origen sobrevoló la posibilidad de volver a una suerte de “nestorismo”. Sea como fuere, en realidad el revival añoraba la moderación de la elite económica, algo que no respondía a las habilidades del ex presidente, sino a las condiciones impuestas por el estallido de 2001 y la crisis de legitimidad del Estado. En suma, la Argentina de 2019 se parecía más a la de 2008 que a la de 2003.
Entre optimismos cuasi-tecnocráticos y pesimismos testimoniales
La doble crisis mencionada es la que está en la base de la derrota electoral de 2021, de los debates posteriores y del conflicto interno generado con el acuerdo con el FMI. La profundización de la fractura interna cristalizó posiciones y reconfiguró algunos alineamientos al interior del frente.
En ese marco, el sector que responde a Cristina, el más relevante de la coalición en términos de caudal electoral y estructura organizativa, por ahora sale debilitado y acusa más el impacto. En política quién pone más en juego siempre paga más los costos, pero acá hay que incorporar otros elementos.
Hasta aquí el “albertismo” había sido más un polo de afinidad caracterizado por compartir un estilo de construcción y por tener en común un distanciamiento más o menos explícito respecto de la figura de CFK. Hay que decir que en los últimos meses ese polo parece tener más claridad que el espacio que se mueve atrás de la vicepresidenta sobre cómo afrontar el difícil escenario que atraviesa el país: confrontar lo menos posible con el poder empresarial, apuntalar el crecimiento económico en base a las actividades con ventajas competitivas y apostar a mejorar la deplorable situación social que viven las mayorías trabajadoras a partir de un derrame progresivo de ese crecimiento, más que a medidas de fuerte efecto distributivo. Un aspecto no menor es que en estas filas se transmite un optimismo basado en las tendencias macroeconómicas.
El discurso que fundamentó el acuerdo pactado con el FMI, fue precisamente que éste suponía un alivio circunstancial compatible con la tendencia creciente de la economía, y que por ende hay una luz al final del camino. En los hechos la orientación principal del gobierno es esta y pasa centralmente por esos carriles. Podemos agregar que en este polo del FDT opera implícito un balance del kirchnerismo: el momento virtuoso se acabó en 2008 y no en 2012.
Por el otro lado, el espacio identificado con la vicepresidenta ha quedado preso de una política de hechos consumados. Ha optado por marcar las diferencias públicamente una vez que las cosas sucedieron y a recostarse sobre el legado y la identidad. Lo que lo ubicó en una posición crecientemente testimonial que además connota un pesimismo casi prescindente de cara a cuestiones fundamentales para el futuro inmediato. La actitud de la última semana da muestras de un cambio de actitud, el tiempo dirá si implicará un cambio de estrategia.
El tiempo lo es todo
Para 2023 falta demasiado y poco a la vez. Cómo se distribuye el crecimiento, el impacto que tendrá en los próximos meses la escalada inflacionaria producto de la combinación del escenario internacional y la inercia interna, y qué efectos tendrá el acuerdo con el FMI son los grandes interrogantes que marcan el presente y el futuro inmediato.
Qué pasará con el Frente de Todos es, obviamente, otro de los factores determinantes. En medio de tantas incertidumbres podemos plantear una certeza: el fracaso del FDT es condición –aunque no la única, claro está– para el avance de la ofensiva que encabezan los núcleos más duros del poder económico en su afán de imponer sus condiciones, sin concesiones y de forma duradera, al conjunto de la sociedad.
No obstante, la dinámica endogámica en la que aparece subsumido el frente de gobierno amenaza con llevarlo definitivamente a la impotencia política. El desenlace parece cantado a no ser que algo irrumpa por fuera de la dinámica que ha generado el empantanamiento. Los indicios de renovación en el mundo sindical, algunos gestos de articulación entre los sectores más activos del movimiento obrero y el acumulado histórico de un movimiento popular golpeado pero con una innegable capacidad de respuesta, son los factores que deberían llevar a hablar de un final abierto, aunque con hechos decisivos que tendrán lugar en los próximos meses.