En la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada cinco trabajadores pertenece a la economía popular, es decir que no se encuentra en relación de dependencia ni bajo contrato. Este sector es uno de los más golpeados por la crisis económica y el avance de la pobreza multidimensional, que alcanzó al 21,6% de la población porteña en el último trimestre del 2021. En la ciudad más rica del país, 300 mil vecinos y vecinas de los barrios populares viven bajo una profunda crisis social y económica sin respuesta.
En ese marco, los movimientos sociales y populares se movilizaron el último jueves 19 de mayo hacia la Jefatura del Gobierno, en el barrio de Parque Patricios, para exigirle a Horacio Rodríguez Larreta que atienda sus problemáticas.
La convocatoria, firmada por el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD); Somos Barrios de Pie; Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); la Federación Nacional Territorial (FeNaT) de la CTA Autónoma; la Corriente Clasista y Combativa (CCC); la Federación de Organizaciones de Base (FOB) Autónoma; Paritaria Social y Popular; el Movimiento Liberación Popular; el MTD Aníbal Verón, y Soberana, abarcó un amplio espectro de demandas. Allí se incluyó la creación de un Distrito de la Economía Popular y de un Sistema de Cuidados, la apertura de una Paritaria Social y la declaración de la emergencia alimentaria en el distrito. La movilización reunió a más de 15 mil personas.
“Le decimos a Larreta basta del aumento de la precarización y la pobreza, y reclamamos una urgente reunión con el Jefe de Gobierno para presentarle una batería de reclamos en favor de los más humildes. Lamentablemente, no atiende ni tiene en vistas resolver los problemas económicos y sociales de la Ciudad de Buenos Aires”, indicaron las organizaciones en el texto leído durante la protesta.
Marina Joski, secretaria nacional del área de Mujeres y Diversidad de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Coordinadora Nacional del MPLD, señaló en diálogo con Primera Línea que en la Ciudad “no hay ningún espacio de fortalecimiento de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular” y que, muy por el contrario, “en las ferias populares autogestionadas, los trabajadores y trabajadoras de la vía pública son fuertemente reprimidos”.
“Es necesario que se generen políticas de fomento para la economía popular, para la generación de trabajo, y que los espacios de organización laboral que han creado nuestros compañeros y compañeras en los movimientos sean fortalecidos. Tienen que tener una real perspectiva en el tiempo, porque es el ingreso de muchas familias”, apuntó por su parte Charly Fernández, referente del FOL.
Además de la generación de nuevas fuentes de empleo, las organizaciones piden por la creación de un Distrito específico para su actividad. “En los polos audiovisuales, por ejemplo, la ciudad establece algunas líneas de desarrollo productivo, de fomento a la actividad. Esto también tiene que ser para la economía popular, ya que son muchísimas las familias de la Ciudad de Buenos Aires que subsisten desde hace muchos años dentro de estas actividades”, explicó Fernández.
En la misma línea, Joski añadió: “Así como el Gobierno de la Ciudad permanentemente intenta bajar las cargas impositivas y especular con los negocios inmobiliarios y con las grandes empresas, consideramos que la economía popular tiene que tener un lugar específico en la Ciudad”.
Otro de los ejes fue el pedido de un Sistema Integral de Cuidados que acompañe a las trabajadoras y trabajadores que realizan tareas sociocomunitarias en comedores, centros de primera infancia, espacios de abordaje de consumos problemáticos y de situaciones de violencia por motivos de género, y el acompañamiento de adultos mayores y personas con discapacidad.
Esta medida apunta al fortalecimiento de todas aquellas redes de cuidados que, en palabras del referente del FOL, “fueron la primera línea en la pandemia para soportar los efectos de la enfermedad en los barrios”, y que actualmente están “prácticamente sin derechos”.
Además de exigir la declaración de la emergencia alimentaria en la capital del país para que se reconozca el trabajo de quienes sostienen las ollas populares en los barrios a diario, el movimiento pide por la apertura de una Paritaria Social para las cooperativas que están conveniadas con el Gobierno de la Ciudad, cuyos trabajadores perciben salarios muy por debajo de la línea de indigencia: menos de 20 mil pesos mensuales.
Esta mesa estaría dedicada a la discusión sobre las condiciones salariales y laborales de los cooperativistas que trabajan junto a distintos ministerios y organismos, muchas veces en condiciones precarias y con tareas tercerizadas. Si bien ya ha existido esta articulación entre las organizaciones sociales con el Gobierno porteño, “hace varios años que se ha desestimado”, recordó Charly, que completó: “Los compañeros y compañeras cooperativistas no tienen ese espacio para para discutir y pasar los planteos, entonces terminan canalizándose a través de distintas mesas”.
La pobreza y la desigualdad en la Ciudad
Según la Dirección General de Estadística y Censos (Dgeyc) porteña, la pobreza alcanzó al 21,6% de la población y al 17,5% de los hogares en el último trimestre del 2021, con una diferencia de 1,3 y 2,2 puntos porcentuales en comparación con el mismo período en el año 2019.
El informe oficial también marca la brecha de desigualdad entre la zona norte y el sur. Mientras que en el norte el 7,4% de los hogares están atravesados por la pobreza multidimensional, en el sur este índice llega al 32,1%: más del cuádruple.
“Cuando decimos que la crisis social y económica no existe para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hablamos específicamente de que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sistemáticamente nos da la espalda. Lanza campañas donde dice que ‘la transformación no para’, y acá lo único que no para es el crecimiento de la pobreza, de la exclusión, de la falta de respeto a los que menos tienen”, denunció la referenta del MPLD.
A pesar del extenso pliego de demandas que presentaron las organizaciones durante la marcha, no fueron recibidas y no se les dio respuesta ante el pedido de reunión. “Ni siquiera nos dejaron pasar hacia la mesa de entrada”, indicó Joski.
“El Gobierno de la Ciudad no termina de comprender que la situación es muy crítica, y que no alcanza con decir que le han reducido la coparticipación en el presupuesto nacional para no para no invertir en los sectores populares”, concluyó Fernández.