Días atrás se aprobó en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) una ley que, según su letra, tiene por objetivo promover el desarrollo económico de los barrios populares. Concretamente esta nueva normativa implica la creación de distritos económicos específicos y delimitados geográficamente sobre ciertos barrios en proceso de integración. Ahora bien, el desarrollo de los barrios populares tiene significados diferentes según quien lo enuncie. Y para comprender los significados y objetivos de esta ley es necesario volver un poco para atrás y repasar algunas de las políticas que viene desarrollando el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.
Desde hace años hay un consenso en que la ciudad es desigual y una mirada desde el oficialismo de que para revertir esa desigualdad es necesario equiparar el precio del suelo del sur al del norte. Con esa mirada se han desarrollado diversas políticas.
Por un lado, la de Distritos, que se sostiene en la CABA desde que el macrismo es gobierno, y consiste en la creación de áreas especiales donde se promueve la radicación de empresas a partir de beneficios impositivos. Así se crearon el Distrito Tecnológico en Parque Patricios (2008), el Audiovisual en Chacarita (2011), el de las Artes en La Boca (2013) y el del Deporte en Villa Riachuelo y Villa Lugano (2014). Actualmente se está desarrollando el Distrito Vino en Villa Devoto, Villa del Parque y Paternal.
Bajo la óptica del larretismo, la localización de los mismos responde a la búsqueda de iniciar procesos de renovación en zonas con menor desarrollo de la Ciudad. En un contexto de fortalecimiento del neoliberalismo urbano y un aumento del precio del suelo, el mercado presionó sobre estos territorios -muchos poco valorados por el mercado hasta el momento- y logró que el Estado desarrolle una serie de intervenciones. La estratégia es recortar una zona de incidencia donde, a través de la inversión pública y la utilización de beneficios fiscales, se busca dinamizar el mercado de suelo y vivienda, se incentiva la radicación de nuevos rubros y el embellecimiento de la zona a partir de intervención en el espacio público.
Este proceso busca, a su vez, una transformación simbólica de dichos territorios, dejando atrás su imagen negativa asociada, en general, a zonas de residencia de sectores populares, poco desarrolladas, etc. Distintos movimientos y habitantes de los barrios afectados sostuvieron que estos proyectos no implican una mejora de la calidad de vida sino un proceso de valorización del suelo, que podría desplazar a la población original.
Por otro lado, las políticas de intervención social y urbana que se han desarrollado en algunas villas de la Ciudad. Particularmente las mejor localizadas, donde el mercado inmobiliario viene avanzando (Villa 31, Playón de Chacarita y Rodrigo Bueno) o donde hay un interés de dinamizar por parte del Gobierno (como es el caso de Villa 20). Estas intervenciones han tenido pocos beneficios para los habitantes y han abierto muchas dudas en relación a la posibilidad de la mercantilización de las tierras.
Hasta ahora no se ha intervenido con profundidad e integralidad en los barrios consolidados, se priorizo la construcción de vivienda nueva y no ha habido un avance significativo en la dotación de servicios. La gran cuestión reside en la inexistencia de mecanismos que garanticen la función social -hoy territorios donde residen los sectores populares- de dichas tierras.
Asimismo, las políticas de integración social y urbana estuvieron acompañados de intervenciones en las zonas aledañas con una clara búsqueda de transformación y revalorización de la zona: apertura de la calle Triunvirato o el Distrito Audiovisual en la zona de Chacarita; Paseo del Bajo, proyectos urbanos sobre la costanera (Costa Urbana, Distrito Joven, Catalinas II, etc.), extensión de línea E, metrobus, etc. en la zona de Retiro-Puerto Madero.
El caso de Villa 20, en Lugano, puede ser considerada una zona con expectativas de desarrollo, al observar las diversas inversiones estatales que existieron y particularmente el complejo Villa Olimpìca. En este sentido, se alertan procesos de transformación de los barrios y alrededores que podrían devenir en un proceso de desplazamiento de les vecines originales.
La Ley de Integración Productiva
El jueves 2 de junio se aprobó en la Legislatura porteña una normativa que afecta a los barrios populares, con el apoyo de Vamos Juntos, UCR-Evolución, Republicanos Unidos y el Partido Socialista. Fue rechazada por los bloques opositores del Frente de Todos y el Frente de Izquierda (FIT). La misma se llama Ley de integración productiva e impulso al trabajo en los barrios populares y propone otorgar beneficios impositivos a las empresas o personas que desarrollen ciertas actividades comerciales en algunos barrios populares de la ciudad, en particular Villa 20, el Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno y la Villa 31. Con este beneficio las empresas pueden recuperar hasta el 80% de la carga impositiva en Ingresos Brutos al proyectar la inversión inicial, que consiste en alquiler/compra de locales, arreglos y construcción de nuevos espacios, que de alguna manera quedaría a cuenta de futuros ingresos.
Puntualmente esta iniciativa se inserta en una supuesta estrategia de integración de los barrios populares al resto de la ciudad. Se argumenta, una vez más, que el mercado es la mejor guía de este proceso: “En un sistema de mercado, la localización de las inversiones productivas del capital, aparecen como el proceso que está detrás de la distribución de oportunidades de empleo (…) generando así la misma oferta que en otros puntos de la Ciudad, atrayendo a vecinos de otros sitios, convirtiéndolos en potenciales consumidores no sólo de las nuevas empresas radicadas, sino también de los productos ofrecidos por la economía popular”. ¿Sería posible pensar esta integración desde otras lógicas, valorizando lo existente en estos barrios y potenciando dichas capacidades?
En primer lugar, retomando la experiencia de la política de Distritos -que no cuenta con evaluaciones de impacto referida a la cantidad efectiva de puestos de trabajo generados ni proyectos presentados-, propone la creación de uno nuevo, denominado “de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares”. El orden de llegada de inscripción al registro va a determinar el porcentaje de ingresos brutos que se podrán descontar de la inversión inicial que va entre un 80% y un 50%.
Con este sistema se abren interrogantes y problemas. Según el despacho de minoría realizado por el Frente de Todos, el 23 de mayo el gobierno porteño publicó la preadjudicación de algunos locales nuevos ubicadas en Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita a las empresas Farmacity S.A., GIRE S.A (empresa de cobranzas, pagos y créditos) y NOBS S.A. (carnicerías RES). De alguna manera este sistema de beneficios por orden de llegada favorece a quienes poseen la capacidad de lobby, la información y el dinero disponible para participar. Por lo tanto, beneficia directamente a las grandes empresas por sobre otro tipo de comercios, incluso los barriales. Según este mismo documento el porcentaje de beneficios podría otorgarse mediante las mesas de gestión barriales en función de las necesidades de cada territorio y tener prioridad los comercios locales.
Surge entonces la pregunta de qué tipo de comercios se priorizan y cuál es el vínculo con las economías barriales existentes. Actualmente en los barrios populares hay una red de comercios, construidas por sus propios vecinos, que han levantado todo tipo de emprendimientos cuando al mercado -y al Estado- no le importaban estos territorios. Hay panaderías, almacenes, locales gastronómicos, kioscos, carnicerías, pequeños supermercados, peluquerías, cerrajerías, ferreterías, etc.
Todo lo que necesitan para vivir lo han construido con sus propias manos. Posiblemente lo único que no haya sea farmacias y bancos, cuestiones que no pueden emerger de la informalidad. Entonces, ¿no habría que haber empezado preguntando qué necesitan los barrios populares? Se podría haber desarrollado una encuesta/relevamiento en cada territorio y trabajado con las mesas de gestión participativa, pero nada de eso sucedió. Y luego si, podría haberse trabajado la mejor forma de que los comercios faltantes se inserten en estos barrios.
En este marco, el principal miedo que tienen hoy les vecines es que estas mega cadenas arruinen a los comercios barriales, dejando sin trabajo e ingresos a miles de familias, presionen por aumentar los precios y tiendan a aumentar por ende el costo de vida.
En este sentido, una de las críticas que retoma el despacho de minoría, hace referencia a que en este nuevo proyecto no se tiene en cuenta la Ley 6.376 de Promoción de la Economía Social y Popular, que ya rige en los barrios populares. Se menciona que «No incentiva polos productivos con experiencias existentes, ni planifica ferias ni posibilidades de comercialización para los emprendimientos de la economía popular que hoy se encuentran en esos barrios». Entonces, esta nueva ley prioriza la subvención y promoción de las grandes empresas, por sobre los comercios y economías ya existentes. Sin embargo, esta orientación es planificada, y se vincula con la política que han desarrolla de Distritos a escala ciudad, que busca (y ha logrado) mediante privados impulsar el “desarrollo de la zona” elevando el precio del suelo. Subyace una mirada donde el mercado es el dinamizador del desarrollo y la integración está garantizada por el libre funcionamiento del mismo.
En paralelo se da la discusión en torno a las fuentes de trabajo. El proyecto en su argumentación menciona que esta ley podría colaborar en revertir las condiciones de informalidad que existen en los barrios populares. Menciona, haciendo referencia a los jóvenes, que “el 41,4% no trabajan ni estudian, mientras que en la clase media casi la mitad (47,5%) continúa sus estudios y sólo el 13,7% no trabajan ni estudian”. En este sentido, la ley propone que el 30% de los trabajadores de cada emprendimiento comercial debe residir en el barrio. Pero acto seguido dice que “la obligatoriedad del cumplimiento de este requisito estará supeditada a la disponibilidad de perfiles con experiencia en los rubros solicitados por el beneficiario”, lo cual habilita la posibilidad de no contratar residentes del barrio.
Sabemos que el acceso al mercado de trabajo es un problema en los barrios populares. Según la Encuesta Anual de Hogares (EAH) 2021, el 65% de les trabajadores de estos territorios accede a un trabajo de manera informal, mientras que este número en el resto de la ciudad es del 24%. A su vez, la tasa de desempleo supera por diez puntos (16%) la del resto de la ciudad (6%). Y estos números empeoran cuando se trata de mujeres, jóvenes o personas travestis o trans. La diferencia de ingreso por géneros en las villas es de un 34% menos para las mujeres, cuando esa diferencia en el resto de la ciudad está en 19%. Entonces, sin duda una política que busque revertir esta situación es fundamental. El problema es que esta nueva ley más que atacar el problema, puede empeorarlo, a partir de destruir las economías barriales.
En síntesis, esta ley viene a discutir con problemas que efectivamente necesitan una respuesta: la integración de los barrios informales a la trama de la ciudad formal, el problema del empleo y los comercios en los barrios populares. ¿Por qué no se potencia lo existente? ¿Por qué no se apoya a los comercios locales o se fomentan las ferias barriales? ¿Por qué no se abren espacios comerciales nuevos donde primen los productos, la cultura y los comercios existentes en los barrios populares? ¿Por qué no se escuchan las necesidades de les vecines antes de avanzar en una intervención de estas características? ¿Qué mecanismos se generan para que esto beneficie al barrio, los comercios existentes y sus trabajadores?
Una vez más las respuestas aparecen ligadas a lógica del mercado por sobre la de la necesidad, el negocio por sobre la mejora de los territorios. Recetas que como hemos visto no resuelven los problemas, sino por el contrario intensifican la desigualdad y la exclusión de los sectores populares.