Política Jul 2, 2022

Una ley que saca del clóset al VIH

El Senado aprobó la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS, una norma que supera a la sancionada en 1991 y amplía derechos.

En Argentina se estima que 140 mil personas viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Hasta el jueves 30 de junio, esta población estaba amparada por una ley sancionada en 1991, que había habilitado el acceso a los tratamientos gratuitos. La Cámara de Senadores, con 60 votos a favor y 1 en contra, modificó la normativa y aprobó la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 

¿Por qué esta nueva legislación implica un avance en términos de derechos para las personas VIH positivo? En palabras de Matías Ostropolsky, activista de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y trabajador de la Coordinación de Políticas Inclusivas dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, “es una ley que de alguna forma saca del closet a las temáticas vinculadas al VIH”.

“Cuando se sancionó la ley de los ‘90, que estaba a punto de cumplir 32 años, no teníamos un Ministerio específico de Salud. Había una Subsecretaría de Salud dentro del Ministerio de Salud y Acción Social”, dice Ostropolsky a Primera Línea. 

Y añade: “Hasta el 2020 incluso las publicaciones del Ministerio de Salud seguían hablando de categorías como ‘varones y mujeres’. Recién en el Boletín sobre el VIH, sida e ITS en la Argentina N° 37 empezó a modificarse esa categoría y a considerar, por ejemplo, a las personas trans”, que, según la última información oficial, representa el 34% de la población total con prevalencia del virus. 

La nueva norma tiene varios puntos fuertes: la inclusión de una perspectiva despatologizante y un abordaje interdisciplinario e integral; la propuesta de nuevas políticas de visibilización y concientización a través de la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, y la garantía del acceso y la producción nacional de insumos y tratamientos para la prevención y asistencia. 

Además, establece la prohibición de las pruebas de VIH y otras infecciones de transmisión viral en los exámenes preocupacionales; la democratización de la información científica disponible al respecto y el impulso de su desarrollo; y un nuevo sistema de jubilaciones anticipadas para las personas que vivan con el virus y pensiones vitalicias no contributivas en casos de vulnerabilidad social.

Tal como relata Matías, en muchas ocasiones “el testeo VIH no se ofrecía a todas las personas”, sino solamente aquellas consideradas “cercanas a la población LGBTI+” y, por ende “los datos también estaban bastante sesgados”. En cambio, “la presente ley invita a que en toda consulta médica se proponga el estudio”.

El impulso y aprobación de este proyecto fue posible gracias a la elaboración conjunta de más de 200 organizaciones nucleadas en el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, que contó con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y diferentes espacios científicos. A pesar de que perdió el estado parlamentario en cuatro oportunidades, el movimiento insistió hasta su sanción definitiva.

Las redes de apoyo, contención y lucha que surgieron a partir de la epidemia del VIH en la década de 1980 se mantienen hasta hoy en día. Como menciona Ostropolsky, tanto Carlos Jáuregui como César Cigliutti, militantes históricos y fundadores de la CHA, la primera organización en hacer una campaña de concientización en 1984, fueron tomados como referencia en distintas intervenciones del debate parlamentario.

Oscar Fernández, César Cigliutti, Teresa de Rito y, arriba, Juan Pablo Guidice, activistas de la CHA en la Fiesta Stop SIDA en 1987 | Crédito: Marcelo Ernesto Ferreyra y Revista Haroldo

“Es muy importante reivindicar, por un lado, a las personas jóvenes que vienen meditando la ley y al Frente, que tiene mucha presencia de organizaciones nuevas, pero también, por otro lado, la importancia de las agrupaciones que tienen más años y de las personas que ya son incluso adultas mayores”, subraya Matías, destacando que “es una ley muy interesante por este entrecruzamiento etario y de experiencias”.

“Es indispensable, por supuesto, que las luchas sean en conjunto”, apuntó. Y concluyó: “Hay que tener en cuenta la importancia de los activismos solidarios, que venimos conquistando diversos derechos. Es un mundo enorme el del movimiento LGBT+, así que también es fundamental que la sociedad civil participe, se encuentre y se hermane en estas luchas, militancias y discusiones”.

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