En el Hospital “Tiburcio Borda”, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tres trabajadores fueron procesados por negarse a la internación forzada de una persona condenada penalmente. El fallo judicial tomó la decisión sin tener en cuenta el criterio psicológico/psiquiátrico ni la vigente ley de Salud Mental.
Actualmente, los trabajadores y trabajadoras, en forma autoconvocada, están dando a conocer la situación y solicitando apoyo y acompañamiento. Desde Primera Línea, entrevistamos a Liliana Murdocca, trabajadora social e integrante de uno de los equipos de guardia del establecimiento.
– ¿Cómo es el equipo que trabaja en el hospital y cuál es la situación con respecto al cumplimiento de la Ley de Salud Mental?
– La organización del equipo de trabajo se rige según los principios de una ley que fue pensada en un contexto mucho más progresista de la Ciudad de Buenos Aires. Es la Ley Básica de Salud (N°153) y habla de una perspectiva de salud integral, con la base de la integración de los tres subsistemas (público, de obras sociales y privado) de atención, con el Estado, como conductor de ese proceso. De ahí se desprende la Ley Nacional de Salud Mental (N°26.657), que también tiene una idea de abordaje progresivo y de tratamiento en la comunidad. Esto fue elaborado a lo largo de muchos años con debate de las organizaciones de la sociedad civil y de profesionales para llegar a esa ley y su reglamentación.
Pero había un punto que tenía que ver con la justicia, en el que siempre se amparó el Ministerio de Salud de la Ciudad, para no terminar de implementar la ley nacional, alegando la antigua ley del distrito (N°448/2000), vigente y vinculada a las internaciones, decía que era el juez el que, en un paradigma tutelar, autorizaba la internación y la externación. Ahí, el equipo de salud quedaba subsumido al dictamen del juez. Entonces, directamente para plantear un permiso de salida, había que pedir autorización al juez, hasta para que una persona internada fuera a cobrar. O sea que se determina una omnipresencia judicial que, en realidad, siempre termina obstaculizando las cosas.
¿Qué habilita eso? Que en algunos casos la indicación fuera “ustedes hagan lo que les parece” y, en otros, “pidanme permiso para todo”.
Lo que hace la ley 26.657 es establecer que la justicia no define si se interna o no a alguien. Eso lo va a decidir un equipo interdisciplinario porque se plantean criterios que presentan matices frente a la indicación de internación compulsiva, que hacen de esto último un delito. Le da soberanía al equipo de salud para decidir en base a criterio profesional y asume una responsabilidad en relación con esa decisión.
Como ejemplo, si llega una persona para una internación involuntaria breve por 30 días, interviene un dispositivo en el que participan abogados, que van a ser los defensores y van a cuidar a la persona que es internada, y van a velar por que la internación no se prolongue más allá de lo establecido. Van a observar cómo trabaja el equipo de salud y funcionar como el órgano de revisión.
Eso da pie a situaciones en las que se reciben internaciones con intervención de la justicia civil por algunas cuestiones y otras en la que tiene intervención la justicia penal. Para esto último, funcionó durante mucho tiempo adentro del hospital la Unidad Penal N°20, dependiente de la órbita nacional [NdE: esto se estableció mediante un convenio realizado por el gobierno de la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1968 y ampliado durante la dictadura de Jorge Rafael Videla en 1979]. Con la nueva Ley, fue reemplazado por el dispositivo Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), que funciona en el penal de Ezeiza.
– ¿Entonces algo de eso dejó de funcionar de esa manera? ¿Cómo se dispara el conflicto?
– Lo que nosotros venimos observando es que las personas que están detenidas en las comisarías, que tienen causas en procesos penales y civiles, terminan viniendo al hospital traídos por la policía para ser evaluados. Hasta ahí, lo esperable. Se los evalúa, se dispensa la medicación necesaria, se hace asistencia.
Pero recientemente empezó como una ola de los juzgados penales planteando que no tenían que pedir al equipo una evaluación, sino a decir que el equipo los tenía que internar. Se partía de una situación en la que un médico legista, en el momento de la comisión de un delito, había evaluado que una persona era inimputable. Por ejemplo, porque se encontraba en situación de consumo en el contexto de un robo. Es frecuente que pasados cinco días de detención y acompañando la abstinencia con medicación esa persona se compense, y sin el consumo tiene otra actitud. Y probablemente un hospital ya no es el mejor lugar para que continúe estando.
Pero las indicaciones de jueces para internar gente por tiempo indeterminado en esas condiciones continuaron, en paralelo a que la propia persona traía la indicación de soltura en cuanto a la evaluación de la parte sanitaria. Así, cuando nosotros decíamos que no tenía criterio para internarse, empezaron a llegar acusaciones de que si no internábamos, incurriríamos en desacato a la autoridad.
Y esto fue lo que le pasó al equipo de guardia que terminó con tres integrantes procesados penalmente: evaluaron que la persona no tenía riesgo cierto e inminente, que estaba bien clínicamente, que estaba consciente, que estaba orientada. En definitiva, que lo que había hecho no tenía que ver con un tema de salud, sino que era como un proceso legal pero el juez insistió.
– A partir de este conflicto ¿En qué situación laboral y legal están estos/as profesionales?
– Primero se plantea un dilema ético y legal. Porque si una persona no tiene criterio de internación, no debería internarse porque según la ley, la estás privando de la libertad. Pero si no la internás, incurrís en desacato. Entonces se produce una situación donde los profesionales quedamos decidiendo, con el criterio personal. “¿Me como un juicio o cumplo la ley?”.
Y le pasó a este equipo, que termina en una situación de proceso, pero no es la primera vez que pasa. Hubo otros equipos que también plantearon lo mismo y el juez y el secretario llamaron a la Guardia. Hablaron con el equipo, intercambiaron opiniones en un sentido y otro y de una u otra manera se resolvía.
Lo que nos extraña en este caso es que rápidamente se llegó al procesamiento. Primero fueron citados a indagatoria por otro juzgado y parecía que los absolvían, pero hay un fiscal [NdE: Eduardo Miguel Rocchi, que desempeñó funciones en la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri y se encuentra procesado en las causas por espionaje ilegal] que apela a esa decisión y lo manda directamente a un tribunal oral diciendo que ellos están procesados por desacato. Entonces se da como un abuso de poder, bajo el paraguas de que la Justicia decide por encima de cualquier otro actor y exige obediencia. Lo que dice el perito es sagrado.
– Ahí parece haber una intención disciplinadora sobre los/as trabajadores/as de salud, ¿no? Para que cumplan con órdenes sin protestar.
– Son cosas que hay que observar y habría que ver si se pueden construir estadísticas en base a datos de fiscalías pero la verdad que en este momento los compañeros no están bien, están asustados.
Por ejemplo, el psicólogo, ese día estaba haciendo su suplencia y ahora está en una condición delicadísima. No sólo está super precarizado sino que ahora tiene una causa penal.
– En ese marco, ¿qué acciones tienen previsto llevar adelante? ¿Cuentan con apoyo de los sindicatos y de la institución?
– Vamos poco a poco, primero, conteniéndonos y contactándonos con todos los medios y organizaciones que podemos. También ahora hay vacaciones, feria y no es fácil seguir avanzando.
Lo primero es que no nos dobleguen. Y apuntar a generar un dispositivo para las personas que vienen de los juzgados penales. Ya sea en un lugar externo al hospital o no. Pero por lo pronto tener un protocolo que no siga exponiendo a trabajadores e internos con padecimientos de salud mental a situaciones de violencia. La institución no tiene un criterio unificado, no hay una bajada. Una de las cosas que queremos pedir es eso, que se formalice una responsabilidad institucional para que, en todo caso, tampoco después terminemos siendo los profesionales la cara visible de la privación ilegítima de la libertad de las personas.
Con respecto a lo sindical, muchos formamos parte de algunos sindicatos o asociaciones profesionales, como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Médicos Municipales y otros espacios. Presentamos la nota en cada uno de los sindicatos pero no necesariamente hay uno que pueda terminar de representar el conflicto. Por eso empezamos en forma autoconvocada, con la idea de que el conflicto tiene que salir del hospital y hacerse visible.
Pero bueno, hay cosas que no se resuelven porque no tienen que ver estrictamente con el hospital. Hay discusiones que hay que darlas con el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Seguridad, y se tienen que poner de acuerdo para generar un dispositivo. Pero primero tienen que llegar a un acuerdo sobre la necesidad de refuncionalizar el hospital acorde a lo que exige la ley.
Porque no es solamente una cuestión personal, laboral de este equipo, hay un mal entendimiento de la ley o un mal accionar de la justicia penal. No hay lugar para ubicar a estas personas y terminan transformando un centro asistencial muy cuestionado y estigmatizado en una cárcel.
– En esto que mencionás hay de fondo una cuestión del abordaje desde un enfoque de Derechos Humanos y del lugar que se le da desde la agenda de gobierno, ¿te parece que va de la mano con la política hacia la salud pública en general y la salud mental en particular del gobierno de la CABA? Parece contrastar mucho con el reciente lanzamiento del Plan de Salud Mental de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
– Lo vemos todo el tiempo y no sólo en los establecimientos de salud mental. Hay muchas situaciones de violencia policial institucional donde la gente se brota. Por ejemplo, yo trabajo a la mañana en el Hospital Rivadavia y nos llega una situación en la que hubo un desalojo y una chica amenazó con matarse porque la sacaban de la casa. Por ahí habría que problematizar si algunas acciones que lleva adelante la policía son necesarias o se tienen que llevar de esa manera.
Otro caso: había un hombre en Las Cañitas, estaba caminando solo sin zapatillas y algún vecino llamó a la policía. La policía le dijo: “Ey, vení, ¿dónde vas?”. El tipo no le dio bolilla porque estaba en su mundo. Lo agarran, el señor se resiste, se enoja. Bueno, termina detenido y después termina en el hospital por resistirse a la autoridad y agresión. Y se trata de una persona en situación de calle.
Entonces hay una criminalización y patologización de la pobreza y una estigmatización. Como no hay políticas sociales que puedan sostener o que puedan dar respuesta o que puedan contener de otra manera, con algún abordaje comunitario y económico, lo que nos piden es que detengamos a estas personas y que las custodiemos.
La ausencia de políticas es también para los adultos mayores, que terminan en la guardia de los hospitales y tenés que ver a dónde pueden ir. Muchas veces están solos, abandonados. También los niños y niñas, que van a parar a los hospitales con consignas porque hay causas por violencia, por abuso, por lo que sea, y no hay dispositivos de niñeces donde puedan ingresar. Entonces van a las salas de pediatría y ahí pasan meses. Hay una situación irregular y que expone a los profesionales, que nos vemos forzados a intervenciones inadecuadas.
– La pandemia expuso muy fuertemente al sistema de salud en sus fortalezas y debilidades, ¿ves algún impacto en lo que te toca?
– A partir de la pandemia nos está pasando en el hospital que viene gente de OSDE, de Galeno, medicina privada y obras sociales, quejándose de la atención. Nadie controla las prestaciones que dan y el tiempo que tarda. Después de la pandemia todo lo que fue salud mental. O sea, no es un problema del hospital público, faltan políticas integrales y legalmente siempre es el subsistema público el que tiene la obligación de dar cobertura y respuestas.
- Contacto de prensa para comunicarse con los profesionales de la salud del Hospital Borda: profesionalesborda@gmail.com