El 4 de octubre el “Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi” -creado por resolución y publicado en el Boletín Oficial dos días después de que Patricia Bullrich y “vecinos” de Bariloche se movilizaran- desalojó a la comunidad Lafken Winkul Mapu de tierras que reivindican como ancestrales en la zona de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.
Todo esto sucede unas semanas después de que algunas comunidades del Parque Nacional Nahuel Huapi comenzaron a ser relevadas como indica la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, que cada vez que se aplica despierta fuertes oposiciones por parte de los terratenientes y el poder político que los sostiene.
En esta oportunidad el operativo incluyó la detención de siete mujeres y cinco niñes por orden de la jueza federal Silvina Domínguez. Las mujeres están incomunicadas hace más de 48 horas. Además, la jueza dispuso el traslado de cuatro de las mujeres a la cárcel de Ezeiza, a 1500 kilómetros de dónde viven, con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona. Todo esto sin haber tenido contacto con un abogado y sin saber qué se les imputa. Además detuvieron a la machi (autoridad espiritual/filosófica), Betiana Colhuan Nahuel.
Una de estas mujeres está atravesando un embarazo, por lo que fue trasladada a un hospital tras haber iniciado lo que creía que era el trabajo de parto y violando las normativas nacionales se negó el acceso de una partera de confianza y un parto respetado. Tuvo que intervenir una trabajadora del Ministerio de Mujeres para que cumplieran las leyes.
Ante toda esta situación desde esa misma cartera se denunció que se violaron los Derechos Humanos en el operativo y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta explicó en los medios que “las excarcelaciones fueron descartadas porque no tiene designados abogados particulares, pero está vinculada a la incomunicación. Es un círculo perverso”. Es decir, les niegan la posibilidad de tener une abogade cuando existe el derecho a la defensa y por esa misma negación les niegan la excarcelación.
Unas horas después de las declaraciones y las denuncias, la ministra presentó su renuncia sosteniendo que los hechos sucedidos en Mascardi marcaban un límite y resultaban incompatibles con sus valores y con la defensa de los derechos humanos.
Es que el caso de las mujeres mapuche detenidas sin el derecho a la legítima defensa, trasladadas a Buenos Aires como se hizo con muchos prisioneros una vez culminada la llamada “Conquista del Desierto”, y obligadas a parir sin respetar la ley, no tiene nada que envidiarle a los peores momentos de la gestión macrista en estos territorios comunitarios.
El camino a la represión
“Nosotros venimos denunciando que tanto los incendios como los panfletos de la RAM [NdeE: Resistencia Ancestral Mapuche] son obra de grupos de tarea de la derecha que vienen generando ese complejo entramado entre los incendios y la falta de resolución de esos atentados”, sostuvo días atrás para Canal Abierto, Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro con respecto a los ataques atribuidos a los mapuches en Villa Mascardi, provincia de Río Negro.
Días después de esta denuncia, Patricia Bullrich viajó hasta Bariloche para participar de la marcha convocada contra los “extremistas” mapuches. Se trata de movilizaciones que son organizadas por los mismos sectores de “vecinos” que promueven eslóganes racistas como “Roca volvé, no terminaste tu trabajo”.
Luego de esta movilización, por orden de la jueza federal Domínguez, tuvo lugar el violento desalojo del territorio que desde hace varios años la comunidad viene reclamando y que se encuentra en litigio con Parques Nacionales y algunos privados. El operativo contó con el despliegue de más de 200 efectivos.
Prácticamente a pedido de Bullrich y los propietarios de la zona, este comando creado por el Gobierno Nacional está integrado por la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este nivel de militarización hizo recordar a los movimientos previos al asesinato de Rafael Nahuel en 2017 por estas mismas fuerzas represivas y en estos mismos territorios. “No ha habido ninguna clase de represión, ni siquiera un rasguño”, festejó el ministro de Seguridad nacional, Anibal Fernández, luego del megaoperativo.
No es la primera vez que la violencia institucional de este tipo va acompañada de discursos de odio hacia los mapuches a los que se acusa, sin prueba alguna, de ataques a propiedades y puestos de gendarmería. La diferencia radica en que esta vez la ejerció un gobierno que se supone que vino a hacer lo contrario a lo que hizo en la Patagonia la ex ministra de Seguridad bajo cuya gestión fue asesinado también Santiago Maldonado.
Este accionar violento sin costos políticos hace años forma parte de una estrategia llevada adelante por un bloque de poder antimapuche (y de los pueblos originarios en general) conformado por empresarios, grandes terratenientes y sectores de la política, más la complicidad del poder mediático y los Estados provinciales y nacionales. La particularidad de este bloque es que posee responsables y patrocinadores a ambos lados de la grieta.
¿Cómo trabaja este entramado que hace uso de la violencia estatal y paraestatal para liberar territorios de resistencias y obstáculos para negocios ligados a actividades extractivas? ¿Qué hay detrás de este eterno retorno al mapuche como enemigo, un proceso que lejos de los grandes centros urbanos opera como un laboratorio represivo y autoritario de la derecha política y empresarial con aval de gobiernos progresistas a ambos lados de la cordillera?
Mapuches: se presumen culpables (para reprimir, sin costos políticos)
La historia demuestra que en la defensa de la propiedad, para el capital el fin justifica los medios, y más aún cuando los crímenes se cometen a conciencia de la impunidad y el blindaje que otorga el poder político y mediático.
Ya sea para desarrollar actividades extractivas ligadas a la industria maderera o para llevar a cabo emprendimientos inmobiliarios y turísticos, hace tiempo que este bloque de poder empresarial utiliza la violencia estatal y paraestatal para defender sus negocios e intereses de clase. No hay marchas de estos vecines indignades cuando Joe Lewis no abre el acceso a Lago Escondido, y tampoco hay megaoperativos ni armados de comités especiales para ordenar esa irregularidad, porque la extranjería del empresario británico y su control sobre territorios estratégicos no molesta al poder y los sectores que lo avalan.
Este bloque de poder conformó la Mesa de Consenso Bariloche, para poder concretar sus fines. Un espacio que se presenta como multisectorial, de trabajo y diálogo para abordar el tema del otorgamiento de tierras públicas. Un eufemismo para evitar hacer referencia al tema central que les preocupa: que el Estado haga efectivo el derecho constitucional de acceso a la tierra que les corresponde a las comunidades indígenas. Es decir, que los territorios sean liberados de todo tipo de resistencias y modelos alternativos de relacionarse con la naturaleza.
Porque lo que se pone en juego en la construcción de los mapuches como terroristas es también la disputa por un proyecto de sociedad más democrático que respete el medioambiente y la diversidad étnica y cultural.
La construcción (histórica) de un enemigo
Es claro que el objetivo principal de este frente propietario es la defensa de los intereses empresariales en todos los planos para imponer el tema en el debate público sobre la base de propagar discursos racistas y estigmatizadores del pueblo mapuche. En este sentido, además de la figura de “nuevos terroristas” para justificar la violencia hacia las comunidades originarias, se buscan y construyen nuevos argumentos para justificar sus posiciones, construir “un enemigo” y dar la disputa ideológica.
Pero en realidad los argumentos no son nuevos. En la Patagonia el sentido común hace tiempo que argumenta que “son chilenos” y que “exterminaron a los verdaderos indígenas argentinos, los tehuelches”. Para esta historia los mapuches son los violentos incivilizados que como además son extranjeros no tienen derecho a reclamar territorios, mientras los tehuelches eran buenos, pero supuestamente ya no existen, entonces tampoco tienen derechos a reclamar territorios.
Todas estas argumentaciones y afirmaciones fueron fuertemente refutadas por investigaciones históricas, antropológicas, arqueológicas, y por la existencia y organización misma de estos pueblos. Sin embargo se repiten cada tanto en campañas mediáticas de Clarín, La Nación o Infobae. Y crecen cada vez que es necesario justificar el avance represivo sobre los territorios indígenas o negar algún proceso de reclamo territorial.
No importa que algunas investigaciones muestran procesos de interacción social a uno y otro lado de la cordillera desde mediados del siglo XIII, o que den cuenta de cómo el gran cordón montañoso no era un límite sino un espacio de interacción social por el que los diferentes grupos indígenas iban y venían. Un circuito que se extendió por largo tiempo, aún una vez consolidados los Estados de Chile y Argentina.
A pesar de estos intentos de clarificar y complejizar la mirada, la teoría de la “araucanización de las pampas”, la extranjerización de los mapuches y el exterminio tehuelche se sigue repitiendo. Y estas investigaciones científicas son disminuidas a meras opiniones, como puede tener cualquier periodista no especializado o cualquier ciudadano.
La dicotomía entre civilización y barbarie sigue siendo la forma en la que opera la relación con los mapuches en Patagonia. El carácter delictivo que históricamente les fue asignado se fue resignificando, y los distintos calificativos sirvieron en cada contexto para criminalizar su existencia, poniendo en cuestión sus derechos. Y también para habilitar y justificar el castigo.
Cabe recordar que en 2017, mientras Bullrich era ministra de Seguridad, cuando debía discutirse la extensión de los relevamientos por otros cuatro años de la Ley 26.160, se comenzó a escuchar sobre la RAM, el supuesto “terrorismo mapuche” y una supuesta “guerrilla terrorista” que aterrorizaba los parajes patagónicos. Curiosamente, sobre todo atacaban los parajes que están rodeados por millones de hectáreas en manos de los magnates Benetton y Lewis.
Ese mismo año, mientras Santiago Maldonado se encontraba desaparecido, Bullrich sostuvo: “No vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina; esa es la lógica que están planteando, el desconocimiento del Estado argentino, la lógica anarquista”. Una afirmación que escapa a la realidad, a la historia y al reclamo del pueblo mapuche, pero que resultó útil para seguir construyendo al enemigo peligroso que hay que exterminar.
La guerra “legal” contra los mapuches
El filósofo Giorgio Agamben plantea la categoría de “estado de excepción” como una norma que permite pensar cómo históricamente distintas violencias se entrelazan justificando que ciertos sectores estén exceptuados de derechos. Es decir, algunas poblaciones o minorías son incluidas en la legalidad a través de su exclusión de la misma. Para este autor, los momentos en los que se suspende el orden jurídico y se vuelve provisorio pasaron a ser la norma constituyendo una “guerra civil legal” a través de un permanente estado de excepción. Esto es lo que sucede en la Patagonia con el pueblo mapuche.
Pensar en el estado de excepción en relación con la noción foucaultiana de biopolítica, permite mostrar cómo esta excepcionalidad (permanente) es una forma normada de gobernar sobre sus vidas. La politóloga Pilar Calveiro llama “prescindibles-peligrosos” a quienes pueden ser despojados de sus vidas sin que esto constituya un delito o sin que sea un escándalo para la gran mayoría de la población.
Lo que permite en la actualidad el estado de excepción que habilita la represión y legitima las desapariciones y hasta la muerte es la matriz sobre la cual se construyó el Estado argentino: la homogeneización cultural de la población mediante la imposición de una única nacionalidad, fuertemente vinculada a una idea de progreso y civilización, representado por la cultura occidental, europea y de raza blanca. En este proceso, lo mapuche quedó invisibilizado, excepto como el “enemigo interno”, el bárbaro a conquistar y/o exterminar por peligroso, por violento, por delincuente.
Una política sin grietas
Esta representación del pueblo mapuche no tiene grieta, esa que aparece frente a otros problemas sociales se cierra para enfrentar a los “enemigos de la soberanía”.
Lo que también se cierra es el intento de un diálogo que parta de entender y de reconocer este proceso histórico de violencia, discriminación, exclusión y marginación, que entienda que no hubo una reparación histórica por lo que estos pueblos vivieron históricamente en el proceso de constitución del Estado nacional.
Un proceso que avanzó y se consolidó sobre los territorios que habitaban y les pertenecían. Para el Estado, sin importar quien gobierne, la única respuesta posible ante reclamos territoriales indígenas en la Patagonia es la represión. Porque en donde tampoco parece haber grieta para muchos es en el hecho que no sea un problema que cientos y cientos de hectáreas de nuestro territorio estén en manos de terratenientes y empresas extranjeras que explotan nuestros recursos naturales.
Lejos de una visión idealizada o estigmatizada de estos pueblos, es necesario entender que en la actualidad son lo que pudieron ser después de siglos de avasallamiento. No hablar en su idioma o no practicar ceremonias es resultado de este atropello, pero también lo es el haberse constituido como sujetos políticos que disputan, luchan y resisten en condiciones sumamente desiguales. Ser indígena más allá del manual escolar implica entender el doble juego de exclusión/inclusión que marcó las historias y las experiencias de estos pueblos en un país que no para de repetir que nació bajando de barcos.