En el último tiempo, al calor del conflicto educativo en la Ciudad de Buenos Aires que tuvo como banderas principales la alimentación saludable, mayor presupuesto educativo y rechazar la vinculación con el mundo laboral planteada por el gobierno porteño, mucho se habló y cuestionó a los centros de estudiantes. Sin ir más lejos, el propio jefe de gabinete de Horacio Rodriguez Larreta, Felipe Miguel, se ocupó de deslegitimar su accionar en su exposición en la Legislatura. Sin embargo, estos espacios son reconocidos como órganos democráticos de representación estudiantil por la Ley Nacional 26.877 sancionada en 2013, y la ley 137 de la CABA.
Esta normativa se propone, además, acompañar la creación y funcionamiento de estos espacios, plantea los principios generales y se establecen criterios de conformación y representación. La ley plantea que todes les estudiantes de la institución son parte, que debe cada estudiantado definir su estatuto y forma de organización (que puede ser vertical u horizontal), y que se regirán por principios como fomentar la formación en las prácticas democráticas, el conocimiento de las garantías vinculadas al reconocimiento de la educación como derecho social, entre otros. Es decir, se prevén para los centros de estudiantes principios defensivos pero también propositivos y estratégicos en la construcción de una sociedad democrática. Entonces, ¿por qué día a día se intenta deslegitimar su accionar?
“Claramente es un intento de sacarnos del debate público. Les pibis tenemos voz, y nos organizamos. Nos plantamos en defensa de la educación pública, y también en defensa de los derechos humanos, de una sociedad democrática e inclusiva”, declaró a este medio Vicky Paz, que tiene 16 años y fue elegida días atrás con más del 56% de los votos como secretaria General del Centro de Estudiantes de la Escuela Julio Cortázar. “Cumplimos un rol fundamental en la construcción de lo que muchos llaman ciudadanos del mañana. A nosotres nos gusta siempre recalcar que somos les ciudadanos de hoy. Si hoy nos logran desarticular, no podemos ni pensar en un futuro distinto. Por eso, y sobre todo en un marco de avanzada de los discursos más conservadores, les sirve intentar callarnos. Se discutió con el voto joven, pero les pibis demostramos que tenemos mucho para aportar”, completó. En la misma línea, Ambar, flamante secretaria general del centro de estudiantes del Lorca, dijo “buscar despolitizar a les estudiantes, es una vulneración de derechos”.
Al igual que en la escuela de Flores, en la histórica escuela Lenguas Vivas del barrio de Retiro también han optado hace algunos años por un estatuto con secretarías, a diferencia de otros centros de estudiantes que poseen presidencias. Sobre la elección de la forma de organización, Juli Aurtechlonie, actual coordinadora del CESLV y secretaria general electa, planteó: “Todos los años votamos la mesa directiva de nuestro centro, a través de voto secreto y después de días de campaña. Es un ejercicio democrático ejemplar para nuestra sociedad, en el que incluso mediante un debate plasmamos nuestros balances y propuestas para cada espacio del centro y para ser cada vez más les pibis que se sientan interpelades desde cada uno de ellos. Con esa misma lógica participativa y democrática transitamos nuestro día a día”.
En la mayoría de los centros, además de los espacios abiertos a la participación y de los cargos de mayor jerarquía, se prevén cargos para cada “área de gobierno”. Es el caso de la administración de fondos (tesorería), y otras áreas claves como cultura, a través de la cual se organizan festivales o actividades de encuentro; o los espacios de género, desde donde se acompaña, promueve y garantiza lo vinculado con la construcción de una sociedad igualitaria para todas las personas sin importar su identidad, en articulación como espacios de consejerías institucionales en los casos que existen.
Tanto la ley nacional, como la de la Ciudad de Buenos Aires, prevén distintas acciones tendientes a promover y garantizar el ejercicio del derecho a la organización estudiantil. Sin embargo, les estudiantes plantean serias dificultades en su día a día. Sobre el derecho a obtener un lugar físico, Cony Prado, secretaria general de la Escuela de Teatro Nini Marshall, recordó que “producto de años de organización” lograron “el edificio que tanto busco la comunidad y aún así el espacio no alcanza”. “No tenemos la posibilidad de tener un lugar físico previsto para nuestro funcionamiento. Esto le pasa a muchas escuelas, lo que además de evidenciar los problemas de infraestructura, habla del desinterés y deuda para con la institucionalización de nuestros órganos de representación”, subrayó.
Otro elemento interesante en el promover el ejercicio del derecho a la organización estudiantil es dar a conocerla y acompañar la consolidación de la misma en nuevas escuelas. La ley de CABA plantea que el gobierno porteño debe distribuir un ejemplar de la ley a cada une de les estudiantes que cursen el primer año de todos los establecimientos educativos. Sin embargo, nunca, en su trayectoria, han visto que eso se cumpla. “Estoy terminando mi 4° año y jamás vi que eso ocurra. Saber que nos podemos organizar hoy en día depende de nosotres, lo cual supone un desafío para el movimiento, pero constituye una clara muestra de la política de desarticulación de la actual gestión del Ministerio [de Educación]”, dice Brisa, consejera de géneros del Mariano Acosta.
No obstante y por más adversidades que se interpongan en el camino, la representación estudiantil es un hecho en la Ciudad y un derecho para todes les estudiantes de la misma, incluso en las escuelas en las que las autoridades se muestren reacias a ello. Es importante, en este sentido, seguir difundiendo el derecho y articular redes con los centros ya existentes, organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil en virtud de seguir fortaleciéndolos.