Días atrás el partido judicial y el aparato mediático de la derecha difundieron una fake news sobre supuestas irregularidades en el cobro del programa Potenciar Trabajo. A partir de un informe de la AFIP que se filtró desde el Poder Judicial, se indicaba que 285 mil beneficiarios no deberían cobrarlo por declarar bienes personales incompatibles, haber comprado dólares, tener propiedades y hasta medicina prepaga. La información engañosa ocupó las primeras planas de las principales corporaciones mediáticas del país en otro nuevo eslabón en la carrera por demonizar a la pobreza y sembrar sospechas de corrupción en la gestión estatal de la ayuda social.
No obstante, cuando el Ministerio de Desarrollo Social pidió el informe resultó que sólo 2 mil de 1 millón 300 mil beneficiarios, es decir el 0,3% del total del padrón, presentaba irregularidades. Además, una nota de la periodista Laura Vales en Página/12 dio a conocer que las 10.477 personas que figuraban en el Registro Automotor con automotores de menos de un año tenían en realidad motos 0km cuya posesión no es incompatible con el programa. Como tampoco lo es poseer un auto con más de una década de antigüedad.
El Potenciar Trabajo se trata de un programa que el Estado brinda a los sectores sociales más vulnerables como son los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular. A cambio de 4 horas laborales el beneficiario percibe un monto equivalente a la mitad del salario mínimo, lo que a la vez permite engordar los ingresos de esta población carente de muchos de los derechos de la economía formal. Es un complemento a los trabajos productivos y reproductivos que llevan adelante en cooperativas, ollas, merenderos, venta ambulante, etc. Es la continuación del Salario Social Complementario conquistado en 2016 por el movimiento de la economía popular gremialmente organizada que consiguió la sanción de la Ley de Emergencia Social.
Lo que se pone en cuestión son menos de 30 mil pesos por 4 horas de trabajo para los más pobres, aquellos denominados “planeros”, una construcción discursiva muy cara al sentido común de los sectores medios con necesidades básicas satisfechas que eligen el prejuicio por sobre la empatía y la solidaridad con los que menos tienen. Una operación que a la vez resulta funcional al 1% de la población cuya riqueza nunca es puesta en cuestión, lo que les permite oponerse a realizar un aporte extraordinario o pagar un impuesto que ayude a una salida inclusiva de la crisis sin recibir ningún tipo de repudio social que se pueda comparar con el que sufren los más vulnerables por acceder a un programa social.
Pero como en estos tiempos de lawfare y fake news ya no importa la verdad basada en datos concretos de la realidad, se avanzó en la judicialización. El juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del programa tras el pedido de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que exigió “contar con la información que permita liquidar correctamente el programa Potenciar Trabajo a sus titulares”.
Sin embargo, el servilismo no le alcanzó a la ministra ya que recibió una denuncia penal del fiscal Guillermo Marijuán por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A su vez, la funcionaria dejó entrever que se evalúa “desenganchar” al Potenciar Trabajo del salario mínimo vital y móvil (actualmente muy rezagado con respecto a la inflación) y poner un tope a las transferencias del Estado en ayuda social que no sea mayor al 30% del salario formal lo que implicaría que ningún beneficiario podría recibir más de 50 mil pesos.
Esto despertó duras críticas de los movimientos sociales oficialistas y opositores, incluso del Movimiento Evita cuyo principal dirigente, Emilio Pérsico, administra el programa desde la Secretaría de Economía Social. Desde la organización aseguraron en declaraciones públicas que de aplicarse esta medida “significaría un retroceso, un ajuste y la voluntad del Gobierno de enfrentarse a los movimientos populares que han sostenido hasta acá la gobernabilidad y la paz social”. El viernes pasado, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada mayoritariamente por movimientos que forman parte de la coalición de gobierno, realizaron un corte en el Puente Pueyrredón en señal de repudio y protesta por el recorte al programa.
Según la titular de la cartera de Desarrollo Social el monto del Potencia Trabajo debe discutirse en el marco del Consejo de la Economía Popular y el Salario Complementario creado recientemente por el decreto presidencial 728 . Esta medida, que no fue apoyada por el resto de las organizaciones de la UTEP, además dejó estipulado que no habrá nuevas altas al programa. Desde el Evita aseguran que esta medida divide a la clase trabajadora ya que el ámbito de discusión del monto tiene que seguir siendo el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y que en el Consejo de la Economía Popular debe discutirse “la producción”.
Esta reacción ocurre en el marco de un acercamiento entre el Movimiento Evita y el kirchnerismo. En esta semana trascendió una reunión que mantuvo Cristina Kirchner con Pérsico en el Senado en vistas al armado electoral de 2023. Una movida que aísla aún más a Alberto Fernández y su séquito (que integra entre otres Tolosa Paz) dentro del Frente de Todes (FdT), ya que pierde a una de las principales fuerzas dentro de la coalición gobernante que lo apoyó todo este tiempo. Y a la vez sepulta cualquier tipo de aspiración del albertismo a disputar algo significativo el año que viene.
También parece haber quedado enterrado el duro cruce que tuvo lugar luego de las palabras que la vicepresidenta tuvo meses atrás en el acto de la CTA por el Día de la Bandera, en la localidad de Avellaneda, cuando expresó que “el peronismo no es depender de un dirigente para que me dé el alta o la baja de un plan, el peronismo es laburo”, apuntando directo al movimiento que dirige Pérsico.
Así, la amenaza de un triunfo electoral de la derecha vuelve a ordenar el tablero del peronismo en torno a la centralidad política de Cristina, la única figura que condensa los anhelos de cambio de las mayorías populares del país. Por eso intentaron asesinarla y hoy la quieren presa.
Otra vez débiles con los fuertes y fuertes con los débiles
Mientras se audita el principal programa social del país destinado a quienes más sufren la crisis y se pone al descubierto sus bienes personales y patrimoniales, el Gobierno nacional volvió a realizar una transferencia millonaria de recursos a los grandes exportadores, grupos de siembra y cerealeras con una nueva edición del dólar soja.
La presión y lobby del sector más concentrado del campo logró un nuevo tipo de cambio equivalente a 230 pesos para liquidar sus dólares. Con este beneficio a quienes especulan haciendo acopio de millones de toneladas de su producción y que aprovechan la debilidad del gobierno, se espera recaudar 3 mil millones de dólares para engrosar las reservas y cumplir con las metas pactadas con el FMI. En septiembre último, esta misma medida implicó una transferencia de 200 mil millones de pesos del Estado.
La reedición de este tipo de cambio preferencial implicaría otro monto similar para beneficio del agropower. En paralelo se posterga cualquier discusión o medida que tienda a recuperar el poder adquisitivo de los salarios en caída desde el 2015. Al mes de octubre, en términos interanuales, los aumentos fueron: 88% de inflación general, 100% de la canasta básica alimentaria y 93% de la canasta básica total (que no incluye alquileres).
En definitiva, se ajusta para abajo para darle a los de arriba. Como señaló el dirigente social, Juan Grabois, nunca se levantó el secreto fiscal para conocer el destino de los dólares fugados en el marco del préstamo del FMI solicitado por el gobierno de Mauricio Macri.
El ajuste lo pagan los más humildes
No es una novedad en Argentina que a los grupos económicos no solo se les facilita su poder de presión sino que además se les invisibiliza sus márgenes de ganancias. En esta operación, las empresas mediáticas ponen más el foco en la transferencias de recursos que el Estado realiza a los sectores más empobrecidos.
Se cuentan las costillas de programas sociales mientras los balances de las grandes empresas permanecen en la oscuridad, o como recalcó Cristina en el marco del juicio de la Causa Vialidad, seguimos sin saber el destino de los 45 mil millones de dólares de la deuda contraída con el FMI durante la gestión macrista.
Desde los medios de comunicación se consolida la idea de que la crisis económica que vive la Argentina es culpa del dinero destinado a los más humildes. Mientras tanto las fugas de divisas, la especulación y los aprietes de los poderosos son disfrazados de trabajo y esfuerzo, volviendo a este sector en víctimas de un supuesto populismo que busca tocar los bolsillos de la gente honesta que se gana su dinero trabajando. Todo un dispositivo que viene funcionando al servicio de los grandes capitales.
“El ajuste no lo van a pagar los más humildes sino los que especularon”, declaró Alberto Fernández en 2020. Palabras que parecen dichas hace siglos luego de todo lo que pasó en el FdT y ante la realidad de un frente de gobierno en el cual uno de sus socios principales decidió ceder sistemáticamente a los intereses del capital concentrado y destruir así el contrato electoral con la base social que lo votó en 2019.
Ante este escenario la duda es si existe margen para reinventar las mejores tradiciones del peronismo y del nacionalismo popular y empezar a priorizar los intereses del 30% de argentinos y argentinas que hace años se encuentran caídos del mapa y excluidos de muchos derechos, para así poner límites en serio a los poderes fácticos que nunca pierden ni ceden sus privilegios para salir de la crisis.
Esto último resulta fundamental porque una ideología o movimiento se reinventa (sin perder su esencia) o se convierte en pieza de museo o en mera ritualización de ceremonias litúrgicas que no incomodan a nadie si no van acompañadas -en el caso de movimientos que defienden intereses populares- de medidas que toquen los privilegios de los grandes propietarios del país. Seguimos discutiendo y culpando a la pobreza, en lugar de discutir realmente la riqueza de unos pocos y su redistribución.
Es evidente que al capitalismo le sobra gente hace rato: cada vez se necesita menos tiempo y menos trabajadores y trabajadoras para producir más cosas. Y para completar el escenario cada vez más personas con empleo formal no llegan a fin de mes.
Por eso, estas situaciones demandan la necesidad de encontrar una salida con más democracia, con más derechos, con más justicia social. Pero también con firmeza y sin concesiones posibilistas en nombre de la correlación de fuerzas ante una derecha cada vez más radicalizada y que corre cada vez más los límites de lo decible y lo posible.