El planteo de Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta y jefe de Asesores de la Presidencia, o al menos los lineamientos generales que dejó trascender, hizo foco en los “millones de argentinos que tienen un trabajo informal” y propuso una “modernización laboral” para los jóvenes y los mayores de 50, sin afectar los derechos del resto de los trabajadores y trabajadoras.
Si bien no se explayó sobre el contenido de esta iniciativa, las alternativas no son muchas: una flexibilización de las normas sobre contratación y despido para los grupos identificados, una reducción de aportes patronales para quienes los empleen o una combinación de ambas.
El diagnóstico del flamante funcionario parte de un problema real (la existencia de millones de trabajadores informales) pero la causa a la que lo atribuye es incorrecta (legislación laboral). Además, su propuesta no tiene nada de nuevo y nunca resolvió los problemas del mercado de fuerza de trabajo de nuestro país.
En los últimos años el mayor crecimiento de la ocupación se dio por el aumento de asalariados informales y de trabajadores por cuenta propia. Entre 2016 y 2022 se sumaron 1.734.000 puestos de trabajo (un aumento del 8,7%), de los cuales cuatro de cada cinco corresponden a alguna de estas dos categorías, las más precarias dentro de la estructura ocupacional. Por el contrario, el empleo en el sector público tuvo un crecimiento similar al del aumento poblacional (un 7,6%), mientras que el sector privado registrado se mantuvo estancado en niveles absolutos (tuvo una variación de apenas el 0,6%).
Por cierto, ello es esperable en una economía cuyo PBI per cápita cayó un 8% entre 2011 y 2022 y que tiene una macro totalmente desequilibrada. A tal punto que celebramos como una buena noticia que durante dos meses consecutivos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un incremento mensual cercano al 5%, un valor que es insostenible en el corto plazo, distorsiona cualquier análisis y dificulta inversiones productivas que impliquen la decisión de hundir capital en el mediano y largo plazo.
Para ponerlo en otras palabras, es cierto que como tendencia general el mercado de fuerza de trabajo de nuestro país no crea suficientes puestos formales. Sin embargo, ello está más vinculado a los problemas originados en los desequilibrios macroeconómicos que a la legislación laboral. Si miramos el pasado reciente, en períodos de crecimiento económico el empleo tendió a aumentar, lo que fue notable entre 2003 y 2011, y sin necesidad de modificar regresivamente la legislación laboral. Más aún, en los últimos dos años hemos asistido a una recuperación importante del empleo formal, aun a pesar de la acumulación de tensiones macroeconómicas, sin que se modifiquen los mecanismos de contratación, algo que no debería desconocer el jefe de Asesores de la Presidencia.
Sin embargo, no menos cierto es que en la post pandemia el mayor crecimiento de la ocupación se explica por el aumento del empleo informal. ¿A qué se debe esto? Incorporemos una segunda dimensión a nuestro análisis: los bajos salarios.
Entre 2018 y 2019 el salario real de los trabajadores registrados cayó un 17,1% en el sector privado y un 18,1% en el sector público, y el de los no registrados lo hizo un 27,5%%. Durante la gestión del Frente de Todos los retrocesos fueron del 0,7%, 4,3% y 16,8% respectivamente. En comparación con fines de 2017 el salario de los trabajadores registrados en el sector privado perdió un 17,8% de su poder de compra, en el sector público un 21,5% y el de los no registrados un 39,6%.
Este contexto, marcado no tanto por la falta de puestos de trabajo como por la insuficiencia de ingresos, provoca que haya que salir a trabajar más, de lo que sea. Además, explica que a pesar de una baja consistente en la tasa de desempleo, la pobreza y la indigencia sigan en aumento. La comparación con la situación existente en 2017 resulta más que ilustrativa.
La propuesta de Antonio Aracre no ataca estas causas y se parece bastante a las iniciativas que se promovieron en los años 90: becas, pasantías, contrato de aprendizaje y formación, fomento de empleo. Gran parte de estas formas promovidas de contratación, destinadas entre otros a jóvenes y a personas mayores, se plasmaron en numerosas leyes que fueron aprobadas con el objetivo de incorporar al mercado formal de fuerza de trabajo a los millones que por entonces no tenían empleo, o solo podían acceder a uno en condiciones precarias de contratación. Basta releer la ley 24.465, sancionada en 1995, que tiene grandes puntos de contacto con los lineamientos generales de una hipotética nueva reforma laboral. No hay nada nuevo bajo el sol, es una discusión que ya se viene dando en nuestro país desde hace más de 30 años y que cuando se tradujo en cambios legislativos no hizo más que profundizar la pérdida de derechos para los trabajadores y trabajadoras.
Por otra parte, llamar a estos mecanismos “modernización laboral” no solo es incorrecto, sino que posee una fuerte carga ideológica. Lo “viejo” es el contrato por tiempo indefinido previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, lo “nuevo” es la flexibilización laboral, por más que implique reiterar iniciativas que poseen más de 30 años.
El empleo informal es un problema serio, pero flexibilizar de manera general e indiscriminada las normas de contratación no implicará ninguna solución. En el mejor de los casos, se trata de consignas voluntaristas alejadas de cualquier análisis que parta de datos concretos; en el peor de los casos, de un nuevo intento de reducir los derechos de los trabajadores y trabajadoras que todavía están insertos en el mercado formal de fuerza de trabajo con la excusa de resolver la situación de quienes se desempeñan como asalariados no registrados o por cuenta propia.
Por el lado del empleo no registrado, no tiene mucho sentido avanzar con reformas generales cuando entre tres sectores -casas particulares, comercio y construcción-, explican casi el 50% de los asalariados no registrados. Las razones en cada uno de ellos son distintas, por lo que requieren abordajes diferenciales.
La tasa de informalidad en casas particulares es del 66,8% y el sector explica el 18,7% de los puestos de trabajo no registrados. En los últimos años se llevaron adelante iniciativas para revertir este proceso con resultado dispar. Incluso al interior de la actividad existen fuertes disparidades, incluyendo situaciones de no registro en sectores de alto poder adquisitivo y otras donde los empleadores también enfrentan problemas de empleo o de bajos salarios. Las normas de contratación no parecen ser aquí el principal problema que impida un avance de la registración.
En la construcción la tasa de informalidad es del 60,1% y el sector explica el 11,7% de los puestos de trabajo no registrados. La flexibilidad contractual aquí es absoluta. Se puede despedir libremente sin ningún costo y ello no ha ayudado necesariamente a reducir la informalidad.
Finalmente, en el comercio la informalidad es del 44,5% y el sector explica el 18% de los puestos de trabajo no registrados. El problema aquí es distinto y una parte importante de este fenómeno se explica por la existencia de micro empleadores que tienen muy baja rentabilidad y que ni siquiera están en condiciones de pagar los salarios de convenio. Se trata de un sector de la economía que sólo puede subsistir permaneciendo en la informalidad y dada su bajísima rentabilidad no habrá reforma legislativa que facilite un pasaje a la formalidad.
Ahora bien, ¿cuál sería el problema en generar un régimen de contratación diferencial para jóvenes y mayores de 50 años si se mantienen las condiciones para el resto? Por un lado, resultará difícil evitar el efecto sustitución, donde un empleador podrá reemplazar un trabajador caro por un nuevo potencialmente más barato. Por el otro, y más importante aún, reducir los derechos laborales para una parte importante de la fuerza de trabajo (jóvenes y mayores de 50 años según la propuesta de Aracre) implica aumentar la presión a la baja para todos y todas. Imaginemos una búsqueda laboral donde existen dos candidatos, uno de 49 años y el otro de 51: ¿a quién contrataría el empleador? ¿Qué ofrecimiento adicional estaría dispuesto a realizar el trabajador más joven con tal de igualar sus chances?
Volver una y otra vez sobre discusiones que tienen 30 años no va a ayudar a los millones de trabajadores y trabajadoras que hoy carecen de un empleo formal, en gran medida producto de los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante décadas y de una estructura productiva a la que le “sobran” muchas personas. Malos diagnósticos conducen a malas soluciones y pueden implicar un mayor retroceso, incluso en comparación con la ya deteriorada situación que presenta actualmente el mercado de fuerza de trabajo.