Hace rato asistimos a una sobreexposición mediática de Javier Milei, figura central del experimento vernáculo copiado de la derecha alternativa norteamericana y emergente local del ascenso neofascista global. Pero mientras esté fenómeno tiene espacio de sobra en los grandes medios, con menos visibilidad, gobiernos de distintas provincias argentinas llevan a cabo una avanzada autoritaria que busca sancionar legislaciones y realizar reformas contravencionales que coartan la libertad de expresión al intentar prohibir, multar o “regular” la protesta social.
Este tipo de políticas se intenta imponer en Salta, provincia gobernada por Gustavo Sáenz, hombre cercano a Sergio Massa; en Córdoba donde el gobernador peronista Juan Schiaretti busca hacer un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta; y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la derecha del PRO viene insistiendo con una ley antipiquete. “Si me eligen presidente, el día uno termino con las organizaciones sociales que lucran con la necesidad de los que menos tienen”, declaró días atrás el jefe de gobierno porteño.
Es decir, en todos estos casos nombrados se tratan de fuerzas tradicionales ligadas al radicalismo o al peronismo y que integran las dos grandes coaliciones del sistema político argentino actual.
Pero el caso más paradigmático tal vez sea el de Jujuy, provincia gobernada por el radical de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. Desde la cárcel a Milagro Sala, caso testigo del lawfare en Latinoamérica, Morales convirtió a la provincia en un laboratorio a cielo abierto para experimentos autoritarios. Mientras Milei sigue en alta rotación mediática y pésimas performances electorales, la provincia norteña vive días de convulsión social con una sociedad movilizada contra la reforma constitucional autoritaria que busca imponer el gobernador.
El viernes último, Morales emitió el decreto 8464 que buscaba modificar el código contravencional jujeño para actualizar el régimen de penas con el objetivo de multar, inhabilitar y despedir a las trabajadoras y trabajadores estatales y organizaciones sociales que participen de protestas callejeras. En su artículo 1º, el decreto planteaba: “Serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
Este intento de modificar la normativa llegó mientras educadores de todos los niveles de la provincia buscan una recomposición salarial. Una lucha que, ante esta embestida, involucró a la sociedad jujeña que en las calles, y con movilizaciones históricas, logró que Morales ponga marcha atrás con el decreto.
En paralelo, el proyecto de reforma constitucional que se conoció el 1 de junio, busca imponer “vías rápidas y expeditivas” para terciar a favor de titulares registrales en la disputa de tierras con comunidades originarias. Y tiene, además, un capítulo titulado “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, que busca “la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales”.
Queda expuesto que con esta reforma, el gobernador radical quiere una provincia con trabajadores y trabajadoras pobres que no protesten y sin comunidades originarias que ejerzan resistencia en los territorios extractivos. Zonas liberadas y entregadas a empresas extranjeras que se llevan el litio de los salares jujeños casi sin pagar regalías para financiar la transición energética corporativa del norte global. Se llevan nuestros minerales, nos dejan pasivos socioambientales y el Estado provincial profundiza la criminalización de la protesta.
En este sentido, es necesario discutir la nacionalización del litio -algo a lo que Morales se niega constantemente, para seguir haciendo uso de los recursos en beneficio de sus propios negociados- y generar espacios participativos en los que sean escuchadas las voces de las comunidades afectadas por el extractivismo y así poner un freno a gobernadores “con vocación de colonia”. El mismo que intentó recientemente usar al director de cine James Cameron, en una clara maniobra de greenwashing mintiendo acerca de un supuesto consentimiento de las comunidades que nunca existió para los trabajos de exploración en la cuenca de las Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc.
Lo que se busca en el fondo es acabar con cualquier pretensión de una distribución equitativa de los ingresos y la riqueza, de alcanzar mayores márgenes de soberanía política, económica y de integración regional autónoma. Es el eterno retorno de la utopía regresiva, violenta e histórica, de una clase dominante y minoritaria que detesta la democracia y nunca toleró el sentido igualitarista que persiste en una sociedad como la argentina que tuvo décadas y décadas de movilidad social ascendente, ampliación de derechos y altos niveles de sindicalización.
***
Los elevados índices de pobreza e indigencia, la precarización laboral que afecta a la mayor parte de la clase trabajadora formal e informal, la desigualdad social endémica con ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, la violencia institucional y la deuda histórica con los pueblos originarios, son algunos de los grandes problemas que las democracias liberales representativas no pudieron resolver en esta parte del mundo y que también pueden ser un terreno de adhesiones a salidas violentas y autoritarias.
Durante estos 40 años de democracia ininterrumpida se logró consolidar un pacto democrático para no volver a las épocas más oscuras del país. Un acuerdo que hoy se revela imperioso profundizar con una democracia popular que logre mayores niveles de democratización en la toma de decisiones, en el control popular de nuestros bienes comunes, de las fuerzas de seguridad, de los poderes del Estado y particularmente la comunicación.
Una democracia que también priorice la defensa de las mínimas condiciones de reproducción de la vida (como el acceso al agua y a los alimentos sanos) ante las salidas neofascistas y frente a la captura mercantilizadora de la totalidad de los ámbitos, incluidos el goce o el futuro. Para ello son necesarias también otras medidas estructurales que afecten intereses concentrados, como una reforma judicial con perspectiva de género y una reforma impositiva en un sentido progresivo.
La experiencia histórica demuestra que los gobiernos y procesos que mejor resistieron los embates del capital fueron los que se apoyaron en las organizaciones populares, en una sociedad movilizada y fomentaron el empoderamiento del pueblo. Como volvimos a ver esta semana en Jujuy, ese pueblo movilizado y consciente de que los derechos son conquistas colectivas ya demostró ser el mejor anticuerpo contra las derechas y los proyectos de hambre y muerte.