Un poco de historia sobre el conflicto
En el barrio de Parque Patricios funcionaba una empresa fabricante de toallas, SELSA, pero como muchas otras compañías quebró en los ‘90 y el edificio quedó abandonado. “El toallero” -como se lo solía conocer- es un gigante de cemento que ocupa una manzana, frente al Parque Florentino Ameghino. Tiene cinco pisos y una terraza conectados por una escalera central.
En 2004, gente que no tenía donde vivir, ocupó el inmueble abandonado y destruido y de a poco fue edificando lo que hoy es un conjunto habitacional que aloja a más de 100 familias. Cada una de éstas construyó un hogar individual y también uno colectivo. Hicieron las cocinas y los baños, se ocuparon de la instalación eléctrica y de las cañerías. Y armaron en ese edificio y en ese barrio su vida.
Cuando SELSA quebró, el edificio entró a remate para liquidar una deuda millonaria con Aguas Argentinas y en 2010 fue adquirido por Leonardo Ratuschny -un empresario del rubro de los hoteles familiares- a un precio irrisorio. Desde ese momento los vecinos y vecinas de Santa Cruz vivieron en alerta permanente por las continuas amenazas de desalojo.
Esta situación los obligó a organizarse de forma comunitaria. Conformaron una Cooperativa de vivienda “Papa Francisco” con el objetivo de tratar de acceder a un crédito blando y poder comprar la propiedad. La Ley 341, sancionada en el 2000, les otorga este derecho a los hogares en situación de emergencia habitacional, pero los trámites que la cooperativa realizó en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) no prosperaron. Así, Santa Cruz se convirtió en el conflicto habitacional más grande de la capital del país.
Mientras tanto, los vecinos y vecinas fortalecieron su organización. Hoy tienen una comisión vecinal que funciona con delegadas por piso y realizan asambleas comunitarias para tomar decisiones sobre su accionar. Durante todos estos años, realizaron diversas y varias reuniones con distintos organismos como el IVC, el propio Gobierno de la Ciudad (GCBA), el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (MDHyH), la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI), la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), entre otros.
Pero no existe un compromiso de resolver un derecho tan imprescindible como el de la vivienda digna. Esta nula vocación es una política de Estado que ha caracterizado a los Gobiernos de Juntos por el Cambio/PRO en la ciudad más rica y desigual del país, en particular teniendo en cuenta los procesos de gentrificación que se dan en CABA, como es el caso del barrio de Parque Patricios. A su vez, el poder judicial sigue acorralando a las vecinas y vecinos para que la única respuesta posible sea el desalojo, sin ninguna solución para el día después.
Durante todos estos años, los y las habitantes del edificio tuvieron una actitud proactiva de propuestas en todos los ámbitos institucionales, buscaron que se aprobaran los distintos proyectos de ley presentados desde la casa y se conformaron en cooperativa de vivienda para tratar de acceder de manera colectiva a la construcción de una solución definitiva en la ciudad. También fueron receptivos a la posibilidad de armar mesas de trabajo para destrabar el conflicto, pero una y otra vez no hubo respuestas por parte del GCBA.
Como vos, en tu casa, las familias pagan los servicios, la luz, el cable, los impuestos y las expensas. Pero hay algo que probablemente no te pase: vivieron todos estos años con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo iban a poder permanecer ahí. Ahora lo saben. En las últimas semanas el Juez Cesari (Juzgado Civil 60) agregó al expediente una nueva sentencia donde se fija una nueva fecha de desalojo para el inmueble: 31 de octubre de 2023. Ese día más de 300 personas van a quedar en la calle, sin ninguna solución por parte del Gobierno porteño. En el edificio vive gente discapacitada y además en casi todas las viviendas hay niñes y personas mayores.
Así, mientras todos los convenios internacionales manifiestan en abstracto el derecho a la vivienda, mientras que ningún gobierno da respuestas a una problemática cada vez más grande, mientras la propiedad privada sigue rigiendo nuestras vidas, aun al costo de desalojar cientos de familias a la calle, los vecinos y vecinas de Santa Cruz 140 se organizan y su única certeza es que van a resistir. En un comunicado público sostuvieron: “A días de un nuevo desalojo, es que reforzamos nuestro compromiso con la lucha por el acceso a la vivienda digna y hacemos un llamamiento a todas las individualidades, organismos de DDHH, espacios de militancia políticos y sociales, del barrio, de la comuna, de la ciudad toda. Porque creemos fervientemente que la salida siempre es colectiva”.
“Nos negamos a que nos expulsen de nuestro centro de vida, a un subsidio habitacional insuficiente, a que nuestros hijxs no puedan ir más al colegio del barrio y más aún, que nos desalojen con la fuerza pública dejándonos en la calle. Sin soluciones, nos vemos obligados nuevamente a resistir, por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros adultos mayores”, añadieron.
Así este lunes 30 de octubre, por la tarde, realizarán un festival y una posterior vigilia para evitar, de manera colectiva, y como ya hicieron en 2019, que los echen del hogar que construyeron desde hace casi 20 años.
Un modelo de exclusión y crueldad
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. Sin embargo, la violación del derecho humano a la vivienda digna pierde siempre frente al derecho capitalista de la propiedad privada. Entonces, como sucede en el caso del inmueble ubicado en la calle Santa Cruz, cientos de personas van a quedarse sin hogar para que un señor que compró el edificio de forma poco clara pueda hacerse de su derecho a la propiedad. Como sociedad nos indigna más que alguien que compró algo no pueda tenerlo, a que familias enteras se queden sin un lugar donde vivir. Tampoco nos indigna que hayan rematado y vendido un inmueble con más de 100 familias viviendo en su interior.
Nuestro Estado se fundó sobre la lógica del capital, naturalizamos que hubiera gente propietaria y no propietaria, después de todo eso indica que quien tiene se lo merece y quien no es porque no hizo lo suficiente para obtenerlo. La famosa meritocracia, que reza que quien se esfuerza llega: si trabajas vas a poder tener tu casa.
Pero el mundo no funciona así, hay gente que trabaja muchas horas, hace muchos años, y nunca va poder acceder a una vivienda. Entonces esa gente se las ingenia, resuelve un problema que el Estado y el mercado no solucionan, se gana su derecho a tener un techo, no siempre adecuado, pero si digno. Este es el caso de los vecinos y vecinas de la Casa Santa Cruz 140.
En la Ciudad de Buenos Aires, mediante el modelo del PRO/Juntos por el Cambio, que acaba de volver a ganar las elecciones, se construyó un modelo de torres de lujo deshabitadas, mientras miles y miles de personas sufren el déficit habitacional que hoy lleva a la mayoría a tener que vivir en situación de calle porque no tienen forma de acceder a un techo. Así, la contracara de la especulación inmobiliaria consolidada por el macrismo es la emergencia habitacional. Para este modelo la vivienda es una mercancía destinada a valorizar el metro cuadrado y llenar los bolsillos de los especuladores.
Los datos del último censo de 2022 muestran que la Ciudad de Buenos Aires tenía más de tres millones de habitantes (3.120.612), con un aumento intercensal del 8% (230.461 habitantes más). En lo referido a viviendas, el crecimiento se aproximó al doble (15%) en el mismo período (214.193 viviendas nuevas). La relación es de 0,92 viviendas construidas por cada nuevo habitante que suma CABA.
Sin embargo, existen otros mundos posibles donde la vivienda sea un derecho y la intervención estatal no se concentre solo en la construcción, sino que también tenga en cuenta externalidades ligadas a la localización, el hábitat, el ambiente, la infraestructura, los servicios y los cuidados. Modelos que pongan en el centro la vida y no el capital. Santa Cruz muestra, de hecho, como de las ruinas de un neoliberalismo que cerró fábricas y espacios productivos, fue posible crear una forma colectiva de habitar y reproducir la vida. Una forma que sin duda con el apoyo estatal y de políticas públicas adecuadas garantizaría mayor dignidad a quienes hicieron de esa fábrica abandonada su hogar.