En cadena nacional y en tan solo 15 minutos grabados, el presidente Javier Milei anunció un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que quita derechos, desregula la economía y pone en manos privadas bienes del Estado y clubes de fútbol con la eliminación y modificación de más de 300 leyes. Entre estas se encuentran la de Alquileres, Tierras, Manejo del fuego, Abastecimiento, Góndolas y Compre Nacional, entre otras. Finalmente, como muchos ya venían alertando, para el gobierno la casta es el pueblo, la democracia y la república tal como la conocemos.
Con un texto donde se plantea, de manera cínica y mentirosa, un escenario catastrófico con calificativos como “crisis terminal”, “situación de inédita gravedad”, “emergencia nunca vista en la historia”, y donde se responsabiliza exclusivamente al Ejecutivo saliente de “la peor herencia” jamás recibida por una nueva gestión, este gobierno de ultraderecha pretende poner fin de manera autoritaria y delirante al empate hegemónico que hace años caracteriza al país. Pero con la torpeza atróz de creer que los votos son un cheque en blanco para hacer volar por los aires derechos fundamentales. La “campaña del miedo” no fue exagerada, por el contrario, se quedó corta.
No solo transferimos nuestros ingresos a las grandes corporaciones con el ajuste salvaje del ministro de Economía, Luis Caputo, sino que ahora se pretende que les demos para su usufructo lo que es de todes en pos de maximizar sus ganancias. Entre otras cosas, el DNU plantea que los alquileres pueden cobrarse en dólares, que las prepagas pueden aumentar sin límite y que les trabajadores pueden ser despedidos por los empresarios sin consecuencias.
La verdadera crónica de una estafa electoral anunciada que pretende dar poder absoluto a la minoría de propietarios y empleadores en desmedro de la mayoría, y que convierte al Poder Legislativo en la escenografía de un despojo sin precedentes que resetea al país a más de un siglo atrás cuando escaseaban los derechos, no había democracia y éramos una nación administrada por una casta oligárquica. Este hecho anticonstitucional nunca visto en Argentina en tiempos democráticos puede marcar un antes y un después, con desenlace incierto, para este experimento de extrema derecha y para el pueblo argentino que vive de un salario.
No obstante, este gobierno, a 10 días de asumir, ya tuvo cacerolazos de rechazo al DNU en diferentes puntos del país. Iniciados justamente un 20 de diciembre, como hace 22 años, cuando ocurrió una de las mayores crisis sociales de la historia argentina generada por estas mismas políticas. Con la diferencia que este gobierno de autopercibidos libertarios, macristas y menemistas reciclados junto a defensores de genocidas -un rejunte de los peor de las últimas décadas-, le agregá un plus de crueldad e inoperancia inéditos.
Ante este panorama brutal, elegimos centrarnos en lo que sucedería con las derogaciones de la ley de tierras y de la ley de manejo de fuego, en caso de que entre en vigencia el decreto. Si bien no son perfectas, estas normativas han buscado defender la soberanía nacional y nuestros bienes comunes de manos extranjeras y de especuladores inmobiliarios. Por lo tanto, su intento de derogación no tiene otro objetivo que terminar de vender lo que es de todes y servirle en bandeja a los intereses extranjeros nuestros territorios y nuestros recursos. Esto presentará sin dudas altos costos en términos sociales, económicos y ambientales para todo el pueblo argentino.
Un mega cercamiento de nuestros bienes comunes
El texto de más de 80 páginas del DNU sostiene que “es menester derogar la Ley N° 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector”. Cabe recordar que esta legislación de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, también llamada Ley de Tierras, establece que sólo el 15% de las tierras rurales totales de la Argentina pueden estar en manos de extranjeros. Si la normativa se derogara ya no habría límites a la concentración y extranjerización con todas las implicancias que esto conlleva.
La historia nos cuenta que la Argentina como Estado Nación se consolidó sobre la lógica del modelo agroexportador, para el que poblar significó otorgar enormes extensiones a muy pocas personas, después de cometer un genocidio contra los pueblos indígenas que ocupaban esos territorios. El resto, aquellos que no lograron título de propiedad, se convirtieron en fuerza de trabajo, engordando ese ejército de reserva necesario para el desarrollo del capital. Si hubo algo que todavía persiste a lo largo del tiempo -salvo excepciones históricas-, es la orientación a privilegiar las ganancias de los empresarios.
Sin una ley que regule la propiedad de la tierras, nuestros bienes comunes quedarán como zona liberada al extractivismo. Ya sea para desarrollar actividades ligadas a la industria maderera o para llevar a cabo emprendimientos inmobiliarios y turísticos, las grandes corporaciones extractivas pasarían a tener a su disposición, como coto de caza, todas nuestras tierras. Una nueva acumulación por desposesión, despojo y cercamiento de bienes comunes que constituye ni más ni menos que un robo al pueblo argentino.
La derogación de esta ley tendrá consecuencias directas sobre las comunidades indígenas y campesinas que habitan zonas rurales. Durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Patricia Bullrich era también ministra de Seguridad, mostró hasta donde estaba dispuesta a llegar en la criminalización de estas comunidades, en particular del pueblo mapuche. Sus políticas de “seguridad” terminaron con las vidas de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en conflictos cuyo trasfondo era claramente territorial.
La lucha por el acceso a los territorios y recursos es ampliamente desigual ya que los indígenas se oponen a los grandes terratenientes amigos del poder, como Benetton o Lewis, a la megaminería, a la explotación de hidrocarburos no convencionales, a grandes proyectos turísticos. Y como la legalidad es más una cuestión de poder que de justicia, con este DNU vemos cómo es posible borrar los derechos reconocidos (hasta constitucionalmente) en un abrir y cerrar de ojos.
Zona libre a las quemas del agronegocio y la especulación inmobiliaria
Por su parte, la Ley 26.815 de Manejo de Fuego establece “los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional”. Fue sancionada en 2012 y modificada en 2020 para establecer que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales” se prohíbe “la realización de emprendimientos inmobiliarios; cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera previo al momento del incendio; y la modificación de uso de una superficie con el fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas, excepto en los casos que dichas prácticas y modalidades hubiese antecedido al evento”.
Derogar esta normativa implica poner en riesgo la protección y preservación del medio ambiente del daño generado por los incendios; el cuidado y la seguridad de la población en general y de las personas que combaten los incendios; y la posibilidad de establecer mecanismos para que el Estado intervenga con eficiencia para coordinar y asistir a los organismos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de organizar a nivel federal todo lo relacionado con el manejo del fuego.
Cómo se sabe, la problemática socioambiental de la quema de pastizales y destrucción de humedales no es una novedad en Argentina. Durante 2020, en plena pandemia, cobró visibilidad cuando hubo más de 36.500 focos de incendio en el Delta del Paraná, mientras que en 2019 y años anteriores hubo menos de 5 mil. Ese año se quemaron más de 400 mil hectáreas, el equivalente a 22 veces la superficie de la ciudad de Rosario.
Diversos relevamientos mostraron que en general el fuego es provocado intencionalmente por productores agropecuarios para expandir la actividad y maximizar sus ganancias. Sin ningún tipo de control estatal que prevenga y frene estás prácticas depredatorias, sin ningún tipo de regulación, el humo y olor a quemado invadiendo las ciudades serán más recurrentes, como la destrucción de humedales y otros ecosistemas para el lucro empresarial.
Mientras tanto, en la región patagónica entre 2020 y 2022 se vieron afectadas áreas naturales protegidas. Tan solo entre enero y febrero de 2022 el informe del Sistema Nacional de Manejo del Fuego indicaba que la Administración de Parques Nacionales había reportado 80.902 hectáreas afectadas por incendios. Asimismo, según la información disponible de los Ordenamientos Territoriales de Bosque Nativo (OTBN) se vieron afectadas por estos incendios un total de aproximadamente 19.161 hectáreas de bosque nativo (7.023 en la provincia de Río Negro y 12.138 en la provincia del Chubut). Del total identificado, 6.298 hectáreas pertenecen a la categoría I (roja), 8.781 hectáreas a la categoría II (amarilla) y 4.082 a categoría III (verde).
Los incendios que destruyen el medioambiente y afectan nuestra salud se enmarcan en un problema más estructural: el modelo de desarrollo actual, hegemónico y antropocéntrico que desde una visión productivista toma a la naturaleza como un objeto que se puede dominar y controlar bajo la lógica de un crecimiento infinito basado en la sobreexplotación de los recursos naturales. La situación tiene tal gravedad que expertos exigen incorporar la figura de “ecocidio” en el Código Penal.
Ante la crisis climática que atravesamos es más que necesario poner en discusión este paradigma de desarrollo vigente que pone a la propiedad y la ganancia por sobre la vida humana y no humana. Con este DNU estaremos aún más lejos, pero después de todo no sorprende, porque nos gobierna un grupo de personas que sistemáticamente niega el cambio climático, sosteniendo que es un invento del kirchnerismo y la izquierda.
Argentina for sale
¿De quién es la tierra y los recursos naturales? Es una pregunta más que importante, porque después de todo, las distintas respuestas se cristalizan en conflictos territoriales, en violentas represiones, en campañas estigmatizantes y hasta en desapariciones seguidas de muerte, como las de Santiago Maldonado.
Emiliano Zapata supo decir que la tierra es de quien la trabaja, pero si en nuestro país siempre estuvimos lejos de esto, desde la presentación del DNU estamos aún más atrás. Sabemos que en el marco del capitalismo, la tierra es de quien la puede comprar, y con las desregulaciones y derogaciones de cientos de leyes esa posibilidad será cada vez más de las minorías propietarias y en su mayoría extranjeras.
Mediante un decreto que nada tiene de necesario y de urgente para quienes sufren la inflación y les cuesta llegar a fin de mes, el gobierno de Javier Milei terminó de demostrar que el ajuste no lo va a pagar la casta sino la clase trabajadora, y también nuestros bienes comunes. Pero además evidencia que cada uno de los grandes poderes concentrados tendrá la derogación de la ley que les impedía, hasta ahora, terminar de saquearnos.