Este fin de semana se cumple el vigésimo aniversario de uno de los crímenes de Estado que marcó la historia argentina: la Masacre de Avellaneda. Desde ese entonces, las luchas de los movimientos populares llevan los rostros de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, asesinados por la policía, como símbolo de la ética militante y de la batalla contra las injusticias.
El 26 de junio de 2002, organizaciones del movimiento desocupado, víctimas directas de la crisis social, política y económica del neoliberalismo, se movilizaron a los accesos a la Ciudad de Buenos Aires para exigir “trabajo digno, alimentos y planes de trabajo”. Una de ellas sucedió en Avellaneda, pen el Puente Pueyrredón, donde efectivos de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal y Bonaerense desataron una brutal represión.
La jornada finalizó con 33 heridos por balas de plomo, centenas de detenidos y dos víctimas fatales: Kosteki y Santillán, militantes populares del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD). “La crisis causó dos nuevas muertes”, “Argentina violenta: piqueteros desataron otro día de terror”, “Dos muertos al enfrentarse piqueteros con la policía”, titularon los medios Clarín, Infobae y La Nación al día siguiente, cuando hasta los propios funcionarios declaraban que los jóvenes asesinados “se mataron entre ellos”.
A pesar de que durante el juicio contra los autores materiales de los crímenes, el oficial Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, se demostró que la represión fue planificada y ordenada por el mismo gobierno, ningún miembro del poder político tuvo que responder ante la Justicia. Los testigos que presenciaron el operativo aseguran que se trató de una cacería.
En ese entonces, el Poder Ejecutivo estaba bajo el mando de Eduardo Duhalde, acompañado por Felipe Solá como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Luis Genoud como ministro de Seguridad bonaerense y Aníbal Fernández como secretario de presidencia.
“A 20 años de la Masacre, me gustaría rescatar algún aspecto positivo y decir que cambiaron muchas cosas, pero la realidad es que esas banderas de lucha que se levantaron ese 26 de junio hoy siguen tan vivas como ese día”, reflexiona Vanina Kosteki, hermana del militante del MTD asesinado, en diálogo con Primera Línea.
Días atrás, el Juzgado de Ejecución Penal N° 3 de Lomas de Zamora rechazó el pedido de libertad condicional presentado por la defensa del ex oficial Fanchiotti y del ex cabo Acosta, condenados a cadena perpetua por doble homicidio y siete tentativas en el año 2006.
No obstante, a pesar de la permanencia carcelaria de los efectivos, Vanina asegura que “se puede denegar una libertad a quienes mataron a Maxi y Darío, pero nada es suficiente. Nos falta que todos sean juzgados y encarcelados. Esa es la cuenta más grande que tiene la Justicia con nosotros”.
Hace algunas semanas, familiares de las víctimas presentaron una carta abierta en rechazo a la solicitud de los ex policías, donde denunciaron que “ellos no son simples asesinos, como tampoco forman parte de la población carcelaria común. Fueron un eslabón necesario en la formación del operativo represivo del 26 de junio del año 2002 en la ciudad de Avellaneda, orquestado y organizado desde las más altas esferas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires”.
La investigación de las responsabilidades políticas de la Masacre se encuentra repartida, una parte en el fuero federal, en Comodoro Py, y otra en la Justicia bonaerense desde el año 2004, a partir de una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Los imputados en la causa nacional desarchivada en 2014, el ex canciller Carlos Ruckauf, el ex presidente Eduardo Duhalde y el ex secretario de seguridad de la Nación, Juan José Álvarez, jamás fueron llamados a prestar declaración indagatoria.
“El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, no investigó el caso, y cajoneó la causa al punto de haberla llevado casi hasta el cierre definitivo, sin interesarse en ni una sola línea de investigación. Fue el garante para que hoy los responsables intelectuales se encuentren sin atravesar los tribunales”, sentencia el escrito de las familias.
En los tribunales de Lomas de Zamora, por otra parte, también continúa archivado el expediente que apunta contra las autoridades gubernamentales de la provincia de ese entonces: Felipe Solá y Luis Genoud, quien actualmente es vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense.
“Los responsables políticos están dentro del gobierno hace más de 20 años. No importa quien es el presidente, ellos se reciclan y están atornillados. Son como ese clavo que querés sacar y no podes”, continúa la hermana de Kosteki.
20 años de lucha
Como cada 26 de junio desde el año 2002, organizaciones sociales realizan diferentes actividades en el Puente Pueyrredón para homenajear a Darío y Maxi bajo la consigna “Justicia completa”, incluyendo una vigilia, asambleas, conversatorios e intervenciones artísticas. El cierre irá de la mano de una masiva concentración en la estación de trenes y la lectura de un documento.
Para Vanina “la gran batalla” que tienen es “lograr una Justicia verdadera, es dignidad, es subsanar todos los delitos que se cometieron, las vidas que perdimos desde la dictadura hasta la fecha”.
“Darío y Maxi dejaron un legado de lucha, una bandera que seguimos levantando. Hoy como ayer se sigue reclamando por vivienda, educación, trabajo y salud. La lucha que llevaron ellos adelante, hoy sigue presente”, concluye.