Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) arrojaron que el 8,2% de la población argentina se ubicó por debajo de la línea de indigencia durante el segundo semestre del 2021. Es decir, que tuvieron ingresos inferiores a los 20.633 pesos. Con el avance de la inflación y la informalidad laboral, en la actualidad se puede estimar que este índice es todavía más alto.
En las últimas semanas, la coalición de gobierno se disputó a cielo abierto cuál debería ser el programa económico por venir ante la compleja situación económica. El mismo día en el que el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó su renuncia en Twitter, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirhner dijo: “Creo que tenemos que empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico”.
Estas declaraciones remiten al proyecto impulsado por referentes del Frente Patria Grande de establecer un Salario Básico Universal (SBU), que también cuenta con el apoyo de diferentes actores políticos del Frente de Todos. La medida apunta a fortalecer los ingresos de quienes trabajen en la economía informal, desocupados, monotributistas categoría A y todas aquellas personas que generen ingresos coincidentes con ese rango.
Según las estimaciones de sus impulsores, el SBU alcanzaría, en principio, a 7,5 millones de personas, casi el mismo padrón correspondiente a quienes percibieron el refuerzo de ingresos en la primera mitad de este año (sin contra jubilados y jubiladas), y equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo fue de 14.400 pesos.
Itai Hagman, diputado nacional por el Frente de Todos y redactor del proyecto presentado en mayo ante el Congreso de la Nación, había dicho a Primera Línea que podría ser una herramienta que aporte, en primer lugar, “a eliminar la indigencia en Argentina”, a “bajar fuertemente la pobreza” y, además, a “contribuir a la reactivación de la economía a través del impulso al consumo y la demanda, y por tanto la actividad económica”.
A partir de las declaraciones de la vicepresidenta y la posibilidad de que el texto sea tratado en el Parlamento, se activó el debate sobre el SBU en la agenda mediática. “El kirchnerismo cree hoy que para enfrentar la pobreza hay que implementar un Salario Básico Universal que equivale a 2 puntos del PBI”, indicó la diputada nacional de Juntos por el Cambio y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
“Si hacemos eso la única manera de pagarlo es con emisión. Los más pobres, a los que queremos beneficiar, van a ser a los que más perjudiquemos, porque son los que más van a sufrir la inflación”, agregó.
No obstante, Hagman respondió a sus dichos aclarando que “esto no es así”, ya que “el SBU tiene un costo fiscal del 1% del PBI”, porque “el Estado ya realiza un costo social que podrían subsumirse en este”. Es decir que el costo fiscal bruto del proyecto disminuye al absorber otros programas, sumado al retorno que se generaría por el consumo a través del uso de ese dinero.
“Cuando se transfieren recursos a los sectores populares que van al consumo, finalmente el Estado los recupera a través de la recaudación, con lo cual el costo final neto de este programa es de apenas el 0,7% del PBI”, subrayó el diputado.
Además, remarcó que “no es cierto que la única manera de financiarlo es con emisión o deuda”, ya que se puede hacer “reorientando otros gastos públicos” como, por ejemplo, “el 20% de los subsidios a la energía o el transporte”.
Con la llegada al gabinete de Silvina Batakis, la flamante ministra de la cartera económica, se encendió la esperanza de que la norma entre en discusión dentro del Poder Ejecutivo. No obstante, la funcionaria sentenció que “se viene trabajando en el mundo y la revolución 4.0 lo pone más en evidencia” pero “no está resuelto en países más desarrollados” por lo que consideró que “es un tema a debatir”.
Finalmente, la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el proyecto del SBU deberá continuar su recorrido legislativo y que no se tomará la lapicera al respecto: “Batakis sostiene que el SBU es un plan que en el mundo se ha discutido durante mucho tiempo y en Argentina también siempre fue un planteo. Acá ya existen planes universales como la AUH, Progresar y otros. Todo es motivo de estudio, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con un proyecto”.
“El programa económico del Gobierno está ratificado y sigue su rumbo. La prioridad es la lucha contra la inflación y el cuidado de la mesa de los argentinos. Hay una batería de medidas que hay que tomar y se van a ir anunciando. La ministra está trabajando en los ajustes en el plan económico. El gobierno está conforme con el grado de crecimiento que se está logrando”, concluyó Cerruti durante una de sus ruedas de prensa.