Tras la salida del ministro Martín Guzman las últimas semanas estuvieron marcadas por un deterioro de la situación económica del país: se aceleró la tendencia inflacionaria y se produjo un aumento significativo del dólar paralelo. A esto se sumó la escasez de reservas de dólares en el Banco Central, las expectativas devaluatorias de “los mercados” y los altos costos de importación de energía para atravesar el invierno, generando un clima de creciente incertidumbre.
En el plano político, contribuye también a esta sensación el desgaste de la imagen del gobierno nacional y la escasa confianza en su capacidad para encontrarle solución a estos problemas. La designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, aunque cerró por el momento la etapa de las discusiones públicas en la cúpula del Frente de Todes, no logró revertir esta falta de confianza. Es que las medidas anunciadas parecen enmarcarse en una línea de continuidad con las políticas económicas implementadas previamente.
En ese contexto se viene desarrollando una intensificación de las formas de protesta social, como respuesta a la pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares. Hasta el momento su principal protagonista fueron los movimientos de la economía popular y de trabajadores desocupados, que ya hace meses vienen haciéndose presentes en las calles del Gran Buenos Aires con columnas cada vez más nutridas.
El miércoles 20 de julio la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la CTA Autónoma se movilizaron al Puente Pueyrredón exigiendo la implementación de un Salario Básico Universal (SBU), a lo que en esta ocasión agregaron la demanda de aumento salarial para empleados públicos y privados. Se trata de organizaciones que forman parte de la coalición oficialista aunque de manera cada vez más crítica hacia la figura del presidente Alberto Fernández.
Por su parte, la “Unidad Piquetera” (organizaciones sociales alineadas con la izquierda opositora, principalmente el Polo Obrero) participó de la jornada pero realizando su propia movilización en el Obelisco. Con las consignas “no al ajuste del Gobierno, no al pago de la deuda externa y no al Fondo Monetario Internacional”, también marcaron distancia y realizaron críticas a la propuesta del SBU.
Se trató de dos concentraciones con consignas y orientaciones diferentes pero que tienden a confluir alrededor de las demandas de los sectores más postergados y del rechazo a la criminalización de la protesta social, luego de los más de 40 allanamientos que sufrieron diversas organizaciones en Jujuy, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires por causas ligadas a la administración de planes sociales. Entre ambos sectores de los movimientos se vienen desarrollando conversaciones para considerar la realización de acciones conjuntas, además de los gestos de apoyo mutuo que vienen desplegando en sus actividades.
Por su parte, algunos sectores del movimiento obrero ocupado también vienen protagonizando sus propios procesos de lucha. El caso más destacado es el del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático: sus trabajadores llevan ya dos meses de conflicto con las patronales, con más de una decena de jornadas de paro total en sus tres principales plantas industriales, movilizaciones y cortes de vías y accesos. El reclamo tiene como ejes la recomposición salarial y el pago extra de las horas trabajadas los fines de semana. La dureza del conflicto responde a una posición intransigente por parte de la patronal, cuya estrategia parece orientada a intentar debilitar la organización gremial más que a cualquier consideración económica.
El reclamo de reapertura de paritarias para recuperar el poder adquisitivo perdido viene escuchándose cada vez más entre los gremios. La poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realizó actividades de agitación en la planta de Acindar, mientras que el gremio petrolero logró cerrar la paritaria por un aumento anual del 80%.
La marcha de la CGT
Con este escenario de fondo se va a desarrollar la movilización convocada por la CGT. El día 22 de julio se reunió el Consejo Directivo de la central y ratificó la convocatoria para el 17 de agosto.
El enfoque estará puesto contra los “formadores de precios” y se reclamarán “soluciones claras a la clase política”, una formulación que busca interpelar tanto al gobierno nacional como a la oposición desde un lugar de defensa del Frente de Todos. Este posicionamiento fue remarcado en conferencia de prensa por los cosecretarios generales Héctor Daer y Pablo Moyano, quienes también señalaron la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri en el endeudamiento que condujo a la actual coyuntura de crisis. Moyano agregó también expresiones críticas hacia el presidente por su falta de firmeza hacia los empresarios.
La marcha será desde el Obelisco hasta la plaza del Congreso de la Nación y están convocadas a participar las distintas organizaciones sindicales y movimientos sociales. No habrá acto con oradores pero sí se leerá un documento elaborado por la cúpula de la central. Con respecto a las demandas planteadas se privilegiará el reclamo de paritarias para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
El consenso finalmente alcanzado permitió saldar, por el momento, las diferencias de enfoque entre las diversas corrientes internas de la CGT, algunas de las cuales se encuentran más cercanas al “albertismo” y otras a Cristina Fernández. Mientras las primeras tienden a buscar un tono más moderado, las segundas vienen llamando a una confrontación más explícita con las entidades patronales.
Por su parte, la CTA de los Trabajadores liderada por Hugo Yasky ya anunció su adhesión a la movilización “para que se convierta en el inicio de la recuperación de la calle de los sectores populares», y señaló en un comunicado la necesidad de “renegociar los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”. La participación de otros agrupamientos sindicales, sociales y políticos había sido precisamente uno de los temas debatidos por los dirigentes de la CGT, ante la preocupación de no poder controlar el tono general de la jornada.
La movilización de la central obrera puede tener importancia en la situación política, en la medida en que implicaría la entrada en escena de un amplio espectro de trabajadores ocupados imprimiendo tanto sus propias demandas como su fuerza social y contribuyendo a buscar una salida de la crisis favorable a los sectores populares.