Esta semana fue detenido Jonathan Morel, principal referente de la organización Revolución Federal, junto a otros tres dirigentes del espacio: Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile. La medida fue ordenada por el juez Marcelo Martínez Di Giorgi a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, ya que, según su dictamen, los mismos se constituyeron “en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta”.
Se trata de una causa diferente a la que lleva adelante la jueza María Eugenia Capuchetti (quien investiga el intento de magnicidio en sí) pero que está relacionada con ella: en las semanas previas al ataque, los miembros de Revolución Federal fueron protagonistas de reiterados llamados públicos a atentar contra la vida de funcionarios y militantes oficialistas y exhibieron símbolos violentos.
Además de lo anterior, Brenda Uliarte, una de las principales imputadas en la causa del atentado, había participado en escraches protagonizados por dicha agrupación, lo que sugiere un vínculo aún más directo. Por esa misma razón la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó ser querellante en la causa que la investiga.
Revolución Federal es el grupo de ultraderecha que saltó a la fama por exhibir en Plaza de Mayo una guillotina con el mensaje “TOD☀S PRESOS, MUERTOS O EXILIADOS”, en una actividad realizada el 9 de julio de este año. Impulsó también otros eventos similares, incluyendo escraches donde fueron agredidos y amenazados funcionarios del Gobierno Nacional.
Pero las alusiones más frontales fueron realizadas por Morel en los “spaces” de Twitter que organizaba la agrupación: en uno realizado siete días antes del intento de magnicidio sugirió la posibilidad de infiltrar la vigilia frente a la casa de CFK para atentar contra su vida: “Si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora, yo voy y te canto ahí la marcha peronista 7 días seguidos y en cuanto puedo pasa a la historia, después me linchan, pero paso a la historia”. Allí consultó también a otro integrante sobre la posibilidad de asesinar a Máximo Kirchner aprovechando la cercanía de su vivienda.
El financiamiento de Caputo Hermanos a Revolución Federal
El otro dato de gran relevancia política es el allanamiento realizado esta semana a la empresa “Caputo Hermanos”, también ordenado por el juez Martínez Di Giorgi. Se trata de la empresa de los hermanos de Luis Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri.
El motivo del allanamiento: la justicia había podido comprobar hasta el momento que la empresa realizó pagos a la carpintería de Jonathan Morel -la misma donde se fabricó la guillotina de Plaza de Mayo- por al menos 8 millones de pesos entre diciembre de 2021 y agosto de este año. Se trataba de un supuesto encargo de muebles para dos obras, una de ellas a realizarse en la provincia de Neuquén.
Estos pagos constituyen sin duda una enorme irregularidad: la carpintería de Morel se encuentra en Boulogne, en la zona norte del conurbano bonaerense, a más de mil kilómetros del lugar donde se realizaría la obra. La propia carpintería se encontraba recién abierta y no contaba con la escala para un trabajo semejante.
El propio Morel confirmó y amplió estos datos en sus declaraciones ante la justicia: reconoció allí que recibió 13 millones de pesos por parte del grupo Caputo y que su carpintería no fabricó los muebles encargados, sino que tercerizó el encargo. Según su versión, el contacto inicial con Caputo Hermanos se habría producido por pura casualidad: supuestamente Rossana Pia Caputo pasó por el lugar y vio muebles que le gustaron, por lo que terminó decidiendo la megacontratación.
Otro dato que despierta fuertes sospechas es que en el mismo predio donde hoy se encuentra la carpintería, existía previamente un centro de jubilados que el propio Mauricio Macri visitó en 2016. Se trató de una actividad realizada junto al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y destinada a la imagen pública.
La radicalización de la derecha
Dado lo inverosímil de todas estas “casualidades”, lo más probable (y la hipótesis que investiga la justicia) es que Caputo Hermanos financiara a conciencia al grupo político de ultraderecha. Una posibilidad que va en sintonía con la decisión de amplios sectores de la oposición de radicalizarse hacia la derecha y de llevar la “grieta” a una confrontación mucho más directa, como evidencian, entre otras cosas, las causas judiciales contra CFK, mediante las que se busca su proscripción política y encarcelamiento.
Pero esta radicalización derechista no se trata de un fenómeno solamente nacional, sino que es el exponente local de un proceso que se extiende por todo el globo y abarca a figuras como Bolsonaro en Brasil, Trump en EEUU (incluyendo el intento por parte de sus seguidores de tomar el Capitolio en enero de 2021) y el resurgir de la ultraderecha europea -Vox en España y la elección como primera ministra de Giorgia Meloni en Italia-. Sectores que inclusive comienzan a forjar una identidad internacional en común, con foros y actividades públicas donde levantan posiciones y discursos abiertamente fascistas.La formación y financiamiento de Revolución Federal y el atentado contra CFK difícilmente pueden ser leídos por fuera de estos procesos: quedó ya demostrado que no se trata de “locos sueltos”, sino de tendencias y organizaciones que juegan en el terreno político y que tienen vínculos directos con actores de primer orden del establishment.