Política Nov 12, 2022

Expo Seguridad BA: el espectáculo securitario

Organizado por el gobierno de la Ciudad en el predio de la Rural, el evento vuelve a traer al centro de la escena la gestión del larretismo en la materia.

¿Más armas y más policías, representan más seguridad? ¿Qué entiende la ciudadanía por seguridad? ¿Es posible el cuidado vecinal mediante el intento de disuasión del delito únicamente a través de la representación material de las fuerzas armadas? ¿Podrán desarmarse las ideas alrededor de lo que entiende una ciudadanía en estos términos? 

Expo Seguridad BA 

Esta historia parece muy sencilla y podría pasar desapercibida sin importarle más que a sus protagonistas. Sin embargo, en el fondo representa la visibilización de una forma específica de concebir la seguridad, que es necesario disputar y controvertir. 

Comienza así: hace poco tiempo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anuncia la Expo Seguridad BA. Se hace en el Predio Ferial de Palermo, que la sociedad Rural adquirió con métodos todavía no clarificados: por su venta fueron condenados penalmente el expresidente Carlos Menem y el exministro de Economía Domingo Cavallo. La organiza el Ministerio de Justicia y Seguridad, conducido por Marcelo D’alessandro desde la salida de Diego Santilli para competir en la Provincia de Buenos Aires.  

Los organizadores prometen que quienes participen van a “vivir la experiencia del Sistema Integral de Seguridad de la Ciudad; ver y entender cómo funciona de manera interactiva el método con el que trabajamos para el cuidado del vecino apoyados en datos, tecnología, métodos y personal capacitado”. Entre otras cosas se prometen demostraciones y simulaciones de tiro, conducción de motos policiales y escenas del crimen simuladas para comunicar los distintos métodos que utilizan para “cuidar” a la ciudadanía.

A priori pareciera un aprender y divertirse con la policía. ¿Qué esconde esta actividad?  

La concepción de seguridad del oficialismo porteño 

El oficialismo porteño (llámese PRO, Juntos por el Cambio, Cambiemos) identifica como principal y casi único abordaje sobre el problema de seguridad el contar con más y “mejor” policía.  

Este discurso se articula subjetivamente en dos niveles: primero se identifica un enemigo prioritario. Este enemigo tomó diferentes formas: el negro, el indigente, el narco, las mafias, les vendedores ambulantes o manteros. Es un peligro y debe ser derrotado; necesitamos entonces invertir tiempo y dinero, orientar nuestras prioridades a liquidar al objetivo. 

El segundo componente subjetivo del discurso de seguridad del oficialismo es el subgrupo de sujetos que debe ser cuidado y respetado: los ciudadanos-víctimas. Este conjunto de personas no está compuesto, como se creería, por todos quienes han sufrido algún delito, sino sólo por algunos que sirven como ejemplo para amplificar la voz del punitivismo. Las víctimas son cuidadosamente seleccionadas y ponderadas, atravesando el tamiz de la clase y la ideología. Y hasta hay victimarios-víctimas: ¿ya nos olvidamos de Chocobar?

El objetivo de esta operación importada desde las usinas de pensamiento securitario norteamericano es que la población identifique y legitime el accionar policial como mecanismo prioritario para el problema de seguridad. Descansan en una concepción que sostiene que la sociedad segura es aquella en la que no existe el delito. 

Espectacularizar los métodos de la policía va plenamente orientado a este propósito.  

Los métodos del Gobierno de la Ciudad

La política criminal del Gobierno se sustenta en este discurso pero supera lo retórico. Se plasma en políticas concretas: por ejemplo en la cantidad de policías. En un contexto de crisis en el que ser policía puede resultar mucho más estable y ofrecer mejores condiciones de trabajo que la mayoría de las opciones vigentes, el reclutamiento aumenta. La cantidad de agentes de la Policía de la Ciudad es de aproximadamente 26.500 (no hay datos oficiales claros) lo que triplicaria lo recomendado por la ONU. 

¿Cómo influye esto en los delitos? Si bien el discurso en la Ciudad apunta a la gestión en materia de seguridad como exitosa, debido al aumento de efectivos policiales y tecnología a disposición de la prevención del delito, los datos demuestran que, por el contrario, estos vienen en aumento. Ademas, respecto de las detenciones, las estadísticas oficiales muestran que el trabajo policial durante los años 2019 y 2020 se abocó principalmente a la persecución de delitos contra la propiedad en un 34,17% (robos y hurtos). 

Es decir, tenemos una policía hipertrofiada y mal usada. Difícilmente pueda justificarse en ese marco una actividad festiva en la Rural: no hay nada que festejar. 

La tecnología en el discurso de seguridad del pro 

En el predio ferial se exhiben también un conjunto de elementos tecnológicos con los que cuenta la policía para su labor. Desde su asunción, Macri defendió el uso de botones antipánico, en aquel entonces destinados principalmente a la ancianidad. Con el tiempo se fueron desarrollando otros sistemas con la idea de que más tecnología es más seguridad. 

Las empresas ligadas a la provisión de aparatos tecnológicos en esta área tienen estrechas conexiones con la clase política lo que explica que este tipo de acciones se hayan implementado, defendido y desarrollado en espacios gobernados por otras fuerzas políticas. 

La ciudad tiene un 75% de su territorio cubierto por cámaras de seguridad, afirma un cartel propagandístico del oficialismo. Esto se controla desde un enorme y costoso Centro de Monitoreo en manos de una policía poco transparente y controlada. El sistema de reconocimiento facial de prófugos es el software que opera sobre la videovigilancia. Este tipo de sistemas ha cosechado enormes críticas por sus tendencias a la discriminación y selectividad. 

Más allá de estos problemas “de diseño”, el Gobierno de la Ciudad ha sido atacado judicialmente en múltiples oportunidades, dada su incompatibilidad con el derecho a la privacidad. En la última causa impulsada por CELS y ODIA en los tribunales contencioso administrativo y tributario local, el juez Roberto Gallardo ordenó pesquisas de las que resultaron que el sistema es usado (o puede serlo) para la investigación ilegal y el espionaje. 

La pérdida de legitimidad de estos sistemas impulsa al Ejecutivo a retomar la carga sobre la necesidad. Es la única forma de justificar el gasto: que la gente crea que es necesario porque así es más “seguro”. 

Es necesario deconstruir la seguridad y la policía 

Lejos de la espectacularidad y el negocio securitario, hay que pensar nuevas policías: científicas, formadas, democráticas y comunitarias. A la orden y servicio de un poder civil y ciudadano, dedicadas a la persecución de delitos graves y no a la criminalización de los y las usuarios de drogas y a quienes se las rebuscan en la calle para subsistir.

Instituciones así concebidas están ancladas en un nuevo concepto de seguridad que parta de pensar que la inseguridad principal es la económica, social y cultural.

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