Este 28 de marzo se lleva a cabo la décima huelga general en Francia contra el proyecto de reforma jubilatoria del presidente Emmanuel Macron. Será la segunda luego de que la legislación fuera aprobada por decreto, sin discusión parlamentaria, el día 16.
Imágenes de piquetes, movilizaciones masivas (3,5 millones en la del 23 de marzo), la basura inundando las calles de París, las barricadas y la represión, han marcado los últimos meses del país europeo. Un gobierno de derecha que tambalea y un pueblo que parece radicalizarse ante la intransigencia de los poderosos.
1. ¿Qué quiere hacer el gobierno?
Durante el mes de enero, en plena crisis energética y la inflación provocada por la guerra en Ucrania, el presidente Macron anunció formalmente el proyecto de reforma del sistema jubilatorio que ya había anticipado en su última campaña electoral.
El objetivo es subir la edad mínima para jubilarse de los 62 a los 64 años (en 2008 una reforma del entonces presidente conservador Nicolas Sarkozy ya había dado un salto de 60 a 62). Y además, adelanta a 2027 -antes iba a ser en 2035- que sean necesarios 43 años de aportes. Finalmente estipula que, quienes no cumplan este requisito, deberán esperar a los 67 años para dejar de trabajar o hacerlo con una pensión reducida.
2. El rechazo masivo al proyecto
El 19 de enero de 2023, antes de que fuera presentado ante la Asamblea Nacional, los sindicatos franceses lanzaron la primera de las -hasta este martes- nueve huelgas generales contra la reforma. Las ocho centrales sindicales acordaron un plan de acción conjunto. Philippe Martínez, secretario general de la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT) aseguró que “es raro que los sindicatos en Francia estén de acuerdo” y que “es un indicador de que la situación es grave”.
Desde entonces las huelgas, algunas sin previo aviso, se han masificado. El transporte y la industria petrolera (con la mayoría de las refinerías del país paradas) han sido claves para sostener y dar densidad al movimiento. El paro indefinido de los recolectores de basura de París desde el 7 de marzo ha generado algunas de las imágenes más impactantes de esta lucha.
3. La negación de la democracia representativa
Aunque poseen la primera minoría parlamentaria, los diputados y diputadas que responden a Macron no tienen los votos necesarios para aprobar leyes en solitario. Es por eso que, cualquier proyecto, necesita del acuerdo con otros partidos.
En ese contexto, a pesar de haber logrado media sanción en la Cámara Alta, el presidente decidió aprobar la nueva normativa por decreto el jueves 16 de marzo. Ante la impopularidad de una medida que venía siendo rechazada masivamente en las calles, el mandatario que siempre intentó presentarse como un demócrata racional y moderno, negó el debate parlamentario por temor a una votación negativa. Seguramente porque muchos diputados y diputadas se vieron influenciados por la movilización callejera y las encuestas que -según distintos sondeos– establecen un rechazo popular de entre el 60% y el 70% a la reforma.
Pocos días después, Macron dio una entrevista en la que empeoró las cosas. Acusó a los sindicatos de intransigentes y de “vivir alejados de la realidad” y comparó a los manifestantes con los trumpistas y los bolsonaristas que intentaron asaltar los poderes públicos en EE.UU. y Brasil respectivamente.
4. Moción de censura: una votación ganada que fue derrota política
Frente a la decisión de ignorar al Poder Legislativo, el 20 de marzo se votó una “moción de censura”. Este mecanismo, previsto en el sistema parlamentario, permite a una mayoría calificada de legisladores marcarle al gobierno la necesidad de un cambio de rumbo, que puede ir desde remover al primer ministro hasta convocar a nuevas elecciones.
La moción recogió 278 votos y se quedó a sólo nueve de los 287 necesarios para prosperar. Si bien no alcanzó, estuvo más cerca de lo previsto. Esto fue posible ya que una parte del partido derechista Los Republicanos acompañó la iniciativa haciendo tambalear los cimientos de la endeble alianza del oficialismo en la Asamblea Nacional.
“Esta decisión [la aprobación por decreto de la reforma jubilatoria] es el apogeo de una negación de democracia inaceptable en su constancia y su desprecio por nuestras instituciones y nuestros cuerpos sociales”, sostenía el texto que casi triunfa.
Macron salió airoso, pero debe continuar su mandato hasta 2027 con una hegemonía cada vez más frágil, en la calle y en las instituciones. En palabras del politólogo Luc Rouban, hasta el decreto del 16 de marzo “había una contestación social”, pero ahora se ha pasado “a una contestación política”.
5. Intentando dividir al movimiento
El último domingo la primera ministra, Elisabeth Borne, declaró que está dispuesta a negociar con los sindicatos algunos aspectos de la ley, aunque afirmó que esta “debe ser promulgada”. Sin embargo, desde el Ejecutivo atacaron a las organizaciones de izquierda -cuya figura más visible es el diputado Jean Luc-Melenchón que salió tercero en las últimas elecciones presidenciales- acusándola de los desmanes callejeros.
Según datos oficiales, desde la sanción por decreto de la reforma jubilatoria 128 edificios públicos fueron atacados, 114 oficinas parlamentarias vandalizadas y se registraron 2.200 incendios voluntarios. No obstante, de los 442 detenidos entre el 15 y el 18 de marzo, solo 52 de ellos (un 12%) recibió cargos y tuvo que comparecer ante un juez.
La visión acotada de la democracia del jefe de Estado francés quedó fielmente reflejada cuando sentenció que “la multitud que se manifiesta no tiene legitimidad frente al pueblo que se expresa a través de sus cargos electos”. Es decir que, desde su particular concepción, habría un “pueblo” que, mediante el voto, brinda un cheque en blanco para que representantes políticos hagan lo que quieran entre elección y elección. Mientras que, quienes protestan en las calles, son una “multitud” que merece ser reprimida.
Y esta parece ser también la posición del ministro del Interior, Gérald Darmanin, que informó que fueron desplegados 13 mil agentes de policía este martes. “Hemos detectado riesgos muy importantes contra el orden público”, sostuvo en una conferencia de prensa y añadió que identificaron dos mil personas “radicales de ultraizquierda”, algunas de las cuales son “extranjeras”.
Se trata de un intento bastante burdo de parte del gobierno para intentar deslegitimar el reclamo, apelando incluso a la xenofobia menos sutil.
6. Algo se rompió
Aunque en sus declaraciones el gobierno llama a un diálogo, sus acciones siguen indicando lo contrario. El despliegue policial y la decisión de no dar marcha atrás con la reforma dan cuenta que no tiene intenciones de modificar el rumbo.
Frédéric Lordon, economista y filósofo francés apunta que “este poder, legitimidad colapsada, no es más que un bloque de coerción. Por haber destruido él mismo todas las mediaciones, el autócrata ya no está separado del pueblo más que por una línea de policías”.
En un artículo publicado en Le Monde resalta que, en contraposición, “la política, en su auge, se apoderó del país”. Los agricultores llevan cestas de verduras a los trabajadores ferroviarios en huelga; un inmigrante libanés distribuye falafels a manifestantes cansados; los estudiantes se unen a los piquetes; “pronto veremos a personas que abren sus puertas para ocultar a los manifestantes de la policía”.
“En un Estado de derecho, no podemos decretar el final de un movimiento social a través del uso de la fuerza”, advirtió en un comunicado la Liga de los Derechos del Hombre.
7. ¿Y ahora?
El movimiento en contra de la reforma jubilatoria y el autoritarismo de Macron logró una masividad como no se veía en el país europeo hace muchos años. El antecedente de los ‘Chalecos Amarillos’ tenía otras características, menos transversales. Incluso la popularidad del presidente ha caído más bajo que en aquel conflicto y se desploma con solo un 28% de imagen positiva.
La reforma debe pasar la revisión final del Consejo Constitucional para ser aprobada y, en última instancia, se podría forzar la realización de un referéndum. Sea por decisión presidencial (aunque ya se descartó esta posibilidad) o por la recolección de firmas. Pero una instancia así podría adoptar un carácter de plebiscito para la gestión de Macron y terminar de resquebrajar su gobierno.
Sin dudas, la apuesta del jefe de Estado es al desgaste y a que la violencia de las manifestaciones les juegue en contra. Hasta ahora no ha dado resultado. Por el contrario, la movilización callejera ha llevado al Ejecutivo a tropezar una y otra vez, transformando progresivamente un escenario que lo pone en un callejón sin salida.
Las correlaciones de fuerza sociales están cambiando. Su consolidación política será el gran desafío.