Las encuestas coinciden en un dato: el gobierno recoge más rechazos que apoyos, y no hay sondeo que diga lo contrario. Un rechazo del 76% según Management & Fit, del 69% según IPD, del 81% según la Universidad de San Andrés.
Y con razones de sobra, pero una en lo fundamental: la incapacidad estatal para frenar la inflación, incluso con despliegue de controles, sanciones, acuerdos y etcétera. Una situación que seguro no se soluciona dando golpes sobre la mesa, pero que igual proyecta en el gobierno una imagen de impotencia persistente.
Tal vez todo ello esté sintetizado en la metáfora de Cristina Kirchner sobre el uso de la lapicera y los señalamientos sobre la debilidad presidencial en el ejercicio del poder. Lo cual, más que un estilo de conducción, es apuntado ahora por la oposición interna como el germen de los problemas económicos. Se dirá, por ejemplo, que no hubo un mejor acuerdo con el FMI porque el gobierno no se puso firme. Y que por lo mismo los empresarios aumentan los precios, los exportadores evaden, los importadores sobrefacturan, los productores no liquidan, los salarios no crecen, etcétera.
El politólogo Javier Cachés encuadra el escenario dentro de la crisis del “modelo de acumulación Estado-céntrico”. Una suerte de cuestionamiento sobre la capacidad estatal para resolver problemas centrales de la sociedad, con la economía en primer orden y del cual esta administración es un ejemplo cristalino.
En ese esquema se cimienta además la propuesta de la derecha extrema local, en cabeza de Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milei, una tríada que acumula al menos el 29% de las simpatías de los electores, según la encuestadora de Raúl Aragón, el 34,2% según Federico González y hasta un inaudito 43% según Synopsis.
Esa entente es la que propone, con mayor o menor énfasis, “dinamitar todo”, según dijera días atrás el expresidente Macri. Lo cual no implica necesariamente regar de sangre las calles como sugirió Aníbal Fernández, pero sí demoler la estructura estatal actual, sus regulaciones, sus intervenciones, sus potestades, sus empresas. Dado que el Estado no es eficaz, destruirlo es la propuesta.
Los discursos emergentes por derecha cuestionan, por tanto, la propiedad estatal de las empresas estratégicas pero también la existencia misma de leyes reguladoras de los mercados de trabajo, de granos, de divisas y todo lo demás también. Milei lo denomina -entusiasta- “plan motosierra”.
Buscar candidateables
En ese esquema, el proceso de definición de candidaturas es central para quienes quieran mantener vigente el modelo Estado-céntrico. Y no porque en otras oportunidades no hubiese sido importante, sino porque en esta elección está claro que las propuestas por derecha no son lo que fueron en 2015. Por lo pronto son más drásticas, más ortodoxas y más explícitas.
Por caso: la aceptación generalizada de que Aerolíneas Argentinas y las jubilaciones debían ser de administración estatal era tal en 2015 que hasta Mauricio Macri debió hacer campaña en contra de sus convicciones. Hoy ya no. Hoy, ya desenvueltos, afloran las propuestas de privatización y desregulación porque -suponen sus enunciantes- hay un espacio propicio para ello.
Se verá. Lo seguro es que la imagen del Estado se halla en un estado de crisis que al parecer no existía años atrás. Y por tanto suena razonable que los candidatos y candidatas que pretendan representar propuestas del modelo Estado-céntrico expresen, de alguna u otra forma, el vigor y la fortaleza que por diversas razones no se le atribuyen al presidente.
Para decirlo de otro modo: hoy pocos cuestionan la honestidad de Alberto Fernández, o sus buenas intenciones, o su contracción al trabajo, o el logro genuino de haber bajado la desocupación al 6,3%, gestionado una pandemia y reactivado la economía en un contexto histórico desolador.
Lo que se cuestiona es su carácter en el manejo del poder estatal. Si la sociedad hoy estuviese ávida de honestidad, tendría más chances. Pero lo que reclama es solidez y autoridad, dos cualidades que tal vez tenga pero que no transmite, en particular en tiempos de descontrol de precios y dispersión de su propia estructura política.
Misma suerte arrastra por ejemplo Sergio Massa. Su gran apuesta era controlar la inflación, sacar pecho y obtener credenciales de presidenciable, para dar el gesto de autoridad y presencia estatal que la hora demanda. Pero no. El 7,7% de inflación de marzo devora cualquier aspiración semejante.
Así, desde que la característica destacada de estos tiempos es la imposibilidad presidencial de imponer su voluntad -ora por errores propios, ora por deslealtades ajenas, ora por fuerza mayor-, importan poco sus causas y bastante más su posible reversión. La pregunta entonces: ¿es posible, en este contexto de avance neoliberal, construir una candidatura competitiva que promueva el fortalecimiento -y no la destrucción- de la autoridad estatal?
Hora de definir perfiles
Dado el cuadro de debilidad presidencial, pareciera previsible que la sociedad se incline hacia candidatos reactivos, que apoye discursos y perfiles que demuestren o simulen fortaleza, que se autoproclamen como la garantía del orden económico. El sillón presidencial “parece vacío”, decía un spot de Carlos Menem en 1989, en alusión al descontrol inflacionario.
Milei-Bullrich-Macri, en listado no taxativo, juegan por tanto a demostrar ese vigor que la sociedad reclama y que hoy Alberto Fernández no proyecta. Aunque resta ver si es eso lo que la mayoría quiere, está claro que una forma de demostrar autoridad y poder de fuego es romper el modelo Estado-céntrico, desguazarlo, desmontarlo y buscar adhesiones entre la porción hastiada de la sociedad.
Esa destrucción planificada fue, por caso, el modelo deliberado de Menem con la sanción de la Ley 23.696 de Reforma del Estado, tras los años alfonsinistas de intentar controlar sin dinamita la crisis económica de un Estado de Bienestar en declive.
Sin embargo, una estrategia alternativa era posible entonces y es posible ahora. Léase: demostrar eficiencia y autoridad desde dentro del modelo Estado-céntrico, impulsando el fortalecimiento del poder de coacción estatal y no su desmembramiento. Controlar la dinámica de precios con mayor autoridad estatal y no con menos, asegurar el aumento del poder adquisitivo con mayor presencia ministerial y no con menos, garantizar una mayor equidad en la distribución del ingreso con más intervención y no con menos.
Porque en definitiva el rechazo generalizado que reflejan las encuestas no es necesariamente con el Estado, sino con su incapacidad actual para intervenir y controlar las variables y a los actores económicos. Algo similar a lo que estuvo sobre la mesa en 1989, cuando la UCR, por entonces gobierno y rendida ante el discurso neoliberal en ciernes, acudió a las elecciones con un candidato que, lejos de erigirse como defensor del Estado, proponía un plan de privatizaciones y recortes similar al que finalmente aplicó Menem.
Hoy, en un presente en el que suenan otra vez las amenazas de privatización y desregulación, lo alternativo, lo emergente sería ofrecer otro Estado, un mejor Estado, y no menos Estado. La pregunta, claro, es si -a diferencia de 1989- existe hoy alguien competitivo que pueda encarnar esa candidatura y ese discurso en torno a la defensa de la autoridad estatal.